Los legisladores conservadores han logrado plasmar en leyes e instituciones las principales propuestas programáticas de su partido. Han cumplido con el enunciado “Concretar lo Social”, lanzado por la Academia del Pensamiento ocho años atrás, en un llamado a superar la retórica populista y encontrar soluciones puntuales a los problemas acuciantes de la ciudadanía. En ese sentido el Partido Conservador ha insistido en combinación de enfoques que constituyen un formidable planteamiento para superar la pobreza.

En primer lugar, se destaca el crecimiento del Programa Familias en Acción, que hoy atiende a casi 2.5 millones de familias y que en su cuarta etapa se ha extendido a los jóvenes bachilleres, brindándoles oportunidades de educación y empleo. “Ese programa de subsidios condicionados merece replicarse en otros continentes”, dijo la Asamblea del BID el año pasado.

En segundo lugar, La Banca de las Oportunidades ha impulsado en Colombia la revolución del microcrédito con más de 5 billones  de pesos colocados.

Hoy, los Corresponsales no Bancarios cubren la totalidad de los municipios colombianos. Asímismo, en lo que podríamos llamar una segunda etapa, este programa se dedicará específicamente a combatir la pobreza extrema con planes que respondan a las necesidades de las personas vulnerables.

Además, el Senador Cepeda ha presentado un Proyecto de Ley que obliga a los establecimientos bancarios a “destinar un porcentaje de su presupuesto de colocación para microcréditos”. El Proyecto, que fue incluido en la agenda legislativa de la Unidad Nacional, asegura que el crédito llegue a los estratos 1,2,3, y es un decisivo empuje a la Banca de Oportunidades. Concreta, el dinámico Presidente del Conservatismo, el postulado de nuestro programa, según el cual “el microcrédito es un nuevo derecho humano”.

Finalmente, en la estrategia contra la pobreza del Partido Conservador, uno de los ejes esenciales ha sido el de “Establecer sistemas legales y administrativos que agilicen el reconocimiento de la propiedad inmobiliaria de pequeñas propiedades de compatriotas injustamente afectadas por problemas de ausencia y falsa titulación y por tanto colocadas por fuera del comercio”.

Estos planteamientos dieron lugar a la Ley 1561 de 2012, cuyo autor, el Senador Enríquez Maya, la sintetiza así:

1. “…. propone una solución adecuada para reconocer los derechos del poseedor material de bienes inmuebles, urbanos y rurales, y de esta forma sanear los títulos que conllevan la llamada falsa tradición…”

2. Se articula en el programa de formalización de la propiedad rural que lidera el ministro Juan Camilo Restrepo.

3. Desarrolla los principios que rigen el proceso público, oral, ágil, garantista, con respeto de los derechos de terceras personas.

4. Hace efectivo el propósito de democratizar la propiedad en el estado colombiano.

Realmente, Enríquez Maya ha dotado al Estado colombiano de un instrumento eficaz que facilita el reconocimiento de la pequeña propiedad. Fue obtenido con inteligencia, luego de varios años de perseverancia en el Congreso colombiano.