La semana pasada la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – sancionó a diferentes empresas del sector lechero por incumplir la normatividad correspondiente al sistema de pago del litro de leche al productor que estipula la Resolución 017 de 2012. Dentro de las empresas sancionadas se encuentran de las más representativas del país, la cuales deberán asumir, por ahora, una multa superior a los 1.117 millones de pesos en conjunto.

Si bien es un fallo de primera instancia y las diferentes empresas manifestarán las pruebas que correspondan para controvertir y rebatir esta decisión, sí resulta muy importante destacar la labor investigativa de la SIC que además adelanta otros procesos en el mismo sector lechero.

Sin embargo, aquí la pregunta que se abre es si los productores de leche del país están siendo sujetos de un comercio justo por su actividad de venta de leche cruda a otro eslabón dentro de un asimétrico encadenamiento.

El comercio justo tiene como objetivo mejorar las condiciones para quienes producen, en un entorno de mejoramiento laboral y socioeconómico, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones otros actores del encadenamiento presionan a los productores para vender su producción a un bajo precio y en condiciones en donde la situación económica del eslabón primario jamás mejora.

Y es que ante la situación de deterioro en el nivel de ingreso por la que han debido pasar los productores de leche del país en el último año y medio, se ven amplios desequilibrios que evidentemente no están permitiendo el progreso económico de los ganaderos, y sobre todo de los más pequeños.

Entre estos factores están las altas importaciones de leche provenientes de EEUU (aumentó en 862 % entre 2012 y 2023) con un gran componente de subsidios a los productores estadounidenses, US$1209,8 millones para 2023, es decir unos cinco billones de pesos en un año, de acuerdo con el Ministerio de Comercio. ¿De cuánto habrán sido los subsidios desde 2012?

Sumémosle la mezcla de lactosueros a la leche, en donde el INVIMA ya sancionó a diferentes empresas, pero no se ha revelado aun el nombre de estas. Sin duda, esto se enmarca como un comercio injusto y desleal para el productor y engañoso para el consumidor. Ahora, agreguemos a este escenario las presuntas infracciones al sistema de pago por parte de la industria, en donde hay omisión en los descuentos por transporte y otros elementos que pueden distorsionar un justo pago.

Pero adicionalmente a estos hallazgos desde FEDEGAN siempre hemos insistido que el descuento por el costo de transporte no debe asumirlo 100% el ganadero, como hoy ocurre, sino que debe ser una relación de 50% eslabón primario, 50% eslabón industrial. Así mismo, las llamadas bonificaciones voluntarias perdieron su esencia de ser un estímulo adicional de pago por la calidad de la leche, y se convirtieron en un “comodín” de competencia entre la industria ante la abundancia o escasez de leche. Si hay poca leche en el mercado la bonificación sube y si hay mucha leche la bonificación baja. Tal situación no es precisamente coherente con lo establecido en la Resolución 017 de 2012 y además genera distorsiones en el mercado.

En mercados cada vez más exigentes sin duda el consumidor está más atento a que el producto que adquiere sea sostenible, tenga menor huella de carbono o hídrica, cumpla los estándares sanitarios y pueda hacerle la trazabilidad en la cadena de producción. Pero además el consumidor está atento a que el producto que adquiere provenga de un comercio justo, en donde no se maltrate al eslabón primario, más si es un producto agropecuario en donde las comunidades que lo producen son rurales.

En el sector lechero colombiano y dadas sus distorsiones, desequilibrios y en muchos casos injusticias en el pago, y, sin desconocer las labor de responsabilidad social que muchas empresas lecheras realizan; pero además pensando en mayor exportación, es necesario avanzar a la certificación de sellos FAIRTRADE. El Sello FAIRTRADE original siempre ha sido símbolo de productos elaborados y comercializados de manera justa.

El país, la cadena de valor debe hacer más por cuidar a sus productores, en este caso a sus ganaderos lecheros, para que la red de proveeduría perdure en el tiempo.