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El plan para salvar del derrumbe final al gobierno de Gustavo Petro, esbozado este 23 de mayo por el exministro Álvaro Leyva Durán, en corto discurso en una red social, llega tarde y es inaceptable.
El propone, en síntesis, la conformación de un bloque de gobierno, donde estarían las fuerzas susceptibles de apoyar los horrendos cambios colectivistas —el tinglado petrista más las Farc (con sus tres falanges armadas y su grupo parlamentario), el ELN y el Cartel del Golfo, y los restos de Pacto Histórico, por una parte—, para entrar en guerra contra el otro bloque: el resto del país.
Es un plan antidemocrático, sectario y basado en el terror de masas que no resolverá nada y, por el contrario, confirmará el caos en que vive el grupo petrista y agravará los sufrimientos de la sociedad colombiana.
El primer punto del plan de Petro, remendado ahora por Álvaro Leyva, consiste en exigirle al consejo de seguridad de la ONU (presidido por Mozambique) que envíe a sus agentes a amenazar y a imponer a rajatabla al país el llamado “acuerdo de La Habana”. Leyva estima que “el acuerdo de paz de La Habana no ha concluido” y que el gobierno de Petro debe cumplir con eso al precio que sea. Leyva y Petro olvidan un detalle: que ese “acuerdo” fue rechazado por la nación colombiana en el referendo del 2 de octubre de 2016, derrota que el mismo presidente JM Santos reconoció en ese momento.
El segundo punto del plan de Petro es, según Leyva, “refrendar” el pacto Santos/Farc de La Habana y convocar enseguida a “todos los partidos y movimientos políticos y sociales” para “concertar un gran acuerdo político nacional” sobre esa base para “consolidar la paz” y “definir las reformas” y bla, bla, bla.
Lo que propone el presidente Petro es absurdo. ¿A quién le interesa hacer parte de una Asamblea Constituyente de bolsillo, sin legitimidad? ¿A quién le interesa concertar un “acuerdo nacional” que ha sido previamente concertado en todos sus detalles —tal es el significado de la palabra “refrendar”— con la parte más violenta, detestada y minoritaria del país: las FARC y el ELN? Leyva y Petro, en realidad, no proponen concertar nada. Le proponen a los partidos someterse a los dictados de La Habana en un simulacro de Asamblea Constituyente donde los partidos y las “fuerzas vivas” serán únicamente convidados de piedra. Leyva propone que Colombia olvide el referendo de 2016 y acepte las aberraciones del ELN como esa de “limitar la frontera agrícola”. ¿Para crear hambrunas devastadoras como en la URSS y China?
El esquema de Leyva/Petro descansa sobre otra propuesta no menos ilegal: las reglas para convocar una asamblea constituyente serán barridas. Basta que el bloque gobierno-narcoguerrillas-paramilitares lo decida y Petro convocará esa asamblea sin respetar el artículo 376 de la Constitución Nacional. De esa manera el Congreso y la Corte Constitucional quedarán anulados.
Esa “concertación” es, pues, una burla grotesca, una artimaña. Nadie discute, ni negocia ni pacta si todo ya ha sido previamente “refrendado”. El plan del dúo Petro/Leyva es, pues, imponer sin discusión un bodrio salido de un pacto minoritario y secreto con las FARC y el petrismo agonizante, luego de hacer saltar por los aires el Congreso y la Corte Constitucional.
Lo de Leyva es, además, un refrito. Tras su derrota en 2016, JM Santos anunció exactamente lo mismo: que él convocaría “a todas las fuerzas políticas del país para abrir espacios de diálogo tras el triunfo del no”. Ya sabemos que ni las FARC ni Santos cedieron un milímetro y que ese fue el tal “diálogo” con las “fuerzas políticas del país”. Enseguida, las FARC y Santos trataron de convertir el horrible pacto de La Habana en la nueva Constitución de Colombia, lo que no han podido realizar hasta hoy.
En su alocución, Leyva Durán dice que el presidente se encuentra en medio de “grandes retos”. La situación real es mil veces peor. Petro está en el peor momento de su gobierno: el general Luis Ospina, jefe del Ejército, fue destituido por no haber frenado el auge de la criminalidad narco-terrorista y por escándalos de su vida privada. Las negociaciones del plan “Paz total” están en un impasse. Son ya 15 los grandes escándalos de corrupción que afectan al gobierno. No hay un ministerio que escape a eso y a otros saqueos. Una clique se está llenando los bolsillos con el presupuesto y la producción privada nacional.
Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral abrirá una investigación adicional contra Petro por uso de propaganda electoral anticipada, fuera de la sanción que viene por no haber reportado importantes sumas de dinero a su campaña de 2021-22, además de los líos de su hijo Nicolás por dineros escamoteados en esa misma campaña.
El Consejo de Estado confirmó, por otra parte, que el CNE sí puede investigar la financiación de la campaña de Petro en 2021-22 y que quien puede retirar del cargo al presidente es el Congreso. Confirmó igualmente que “la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos” en la campaña electoral.
Colombia ha llegado, pues, a una fase de tal anarquía gubernamental que Petro se convirtió en una amenaza para la vida del país y de sus habitantes.
Hasta el sector de la educación, que había apoyado la elección de Petro, ahora se ve castigado por el colapso del sistema de salud, sin hablar del furor del resto del país por ese mismo derrumbe y por las otras falsas reformas.
De ahí que Gustavo Petro esté decidido a salir como sea del cerco que él mismo creó. El 18 de marzo, le hizo saber a El Tiempo que su idea de “empezar el proceso de constituyente” reposa sobre vías de hecho. Él se imagina cabalgando sobre montoneras y arrasando como un Atila tropical las malas hierbas, es decir la Constitución Nacional.
Petro piensa salir del caos, aumentando el caos: llamando a sus seguidores a salir a la calle, a “ejercer el poder constituyente” mediante el “cabildo abierto”. Ese “poder”, dice él, es permitido por la constitución. Mentira. Son 7 los “mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía”, según la CN. Petro desinforma al decir que solo hay el cabildo abierto. Para Petro el cabildo abierto es la incandescencia de la revuelta violenta de turbas manipulables.
Pero lo del “cabildo abierto” puede ser otro despiste. Petro espera arrinconar al país con “mingas” y guardias campesinas y con organismos paramilitares y hasta con gente cubana y venezolana que está llegando discretamente, como lo denuncian las redes sociales. Es una vieja estrategia de los cubanos. Recordemos que el 8 de septiembre de 1973, tres días antes del golpe militar de Pinochet, fue descubierto por las fuerzas navales chilenas un barco cubano con un enorme cargamento de armas destinadas al levantamiento que iba a realizar el MIR, un organismo enfeudado a La Habana, con milicias populares combatientes para mantener a Allende en el poder (1).
Salir de la crisis según Petro implica crear condiciones para abolir la prensa libre, las redes sociales opositoras y sobre todo la revista Semana y su valerosa directora Vicky Dávila, violentamente criticada por Petro. Este pretende poner en manos de la Fiscalía de bolsillo y de la JEP a cuatro de los seis expresidentes vivos y los jefes y activistas de los partidos políticos de la franja democrática. Esa monstruosa jugada debe aparecer, ante la ONU y los gobiernos extranjeros, como una gesta “del pueblo” para sacar adelante las “reformas” de un presidente progresista incomprendido.
Claro, el mandatario hará eso si los colombianos se lo permitimos. Y si las instituciones y las Fuerzas Armadas de la República y las reservas activas se lo permiten. Petro es impotente sin los soportes institucionales que el mismo, desde el 7 de agosto de 2022, está demoliendo. Esos sectores y la ciudadanía se volverán contra el déspota pues el país en su abrumadora mayoría sabe que sus intereses vitales y espirituales están en peligro y habrá que luchar con todo contra tal catástrofe.
(1).- Juan Vives cuenta los detalles de eso en su libro El Magnífico, 20 ans au service secret de Castro, (Hugo Doc, Paris, 2005, page 237). Otro agente cubano de alto vuelo, Daniel Alarcón, alias Benigno, reveló en sus memorias que Salvador Allende, el día del golpe militar del general Pinochet, intentó rendirse a los militares antes de ser asesinado en su despacho por los guardias cubanos. Estos habrían recibido órdenes de Fidel Castro de eliminar a Allende y presentar eso como un “suicidio”, pues Allende sabía mucho sobre la actividad de Castro en Chile.
24 de mayo de 2024