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Tras seis meses de negociaciones ocultas en La Habana, el Gobierno colombiano y la organización narco-terrorista Farc anunciaron el 26 de mayo de 2013 haber firmado un acuerdo sobre “el primer punto de una agenda de negociaciones”.
El supuesto “acuerdo” sobre la “transformación radical del campo”, según la fórmula empleada por un diplomático cubano, quien leyó el comunicado conjunto, debe ser tan lamentable para la economía colombiana que el Gobierno de Santos y las Farc hacen todo lo necesario para seguir ocultándole a los colombianos su contenido exacto. (Lea: "El acuerdo alcanzado con las Farc es desafortunado": Lafaurie)
Para aumentar aún más la opacidad del supuesto “acuerdo agrario”, el jefe fariano Iván Márquez anunció, según la agencia AFP, que todavía “faltan por resolver los detalles de la cuestión agraria”. Márquez agregó que subsistían, además, algunas “reservas eventuales” entre las partes y que estas deben ser negociadas más tarde. ¿Si hay puntos sin resolver, si hay varias “reservas” y si faltan otros detalles por negociar por qué dicen que hubo un acuerdo? ¿Sin esos elementos se puede decir que hubo un acuerdo? No. Desde luego que no.
Da la impresión de que el Gobierno de Juan Manuel Santos se ha comprometido a firmar apresuradamente cualquier cosa o, lo que es peor, ha aceptado lo que exigen las Farc, aunque subsisten diferencias entre las partes sobre “detalles” cruciales. Santos habría pues empujado tal decisión para poder hacer un anuncio temprano, y sacar del sopor unas negociaciones que estaban estancadas.
Eso se desprende del hecho de que tal anuncio haya sido hecho en condiciones acrobáticas: en La Habana y por la boca de un funcionario de la dictadura castrista, y no por el jefe de Estado colombiano, como debería ser y, sobre todo, que sea un anuncio en blanco, es decir, sin dar noticia alguna del contenido real del llamado acuerdo. (Lea: "El corazón de las negociaciones no debe ser la tierra y desarrollo rural": Lafaurie)
El acuerdo ofrece frases generales y escamotea los detalles del acuerdo. Indica que las partes pretenden hacer “trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia”. ¿Pero qué democracia puede haber cuando tal acuerdo se niega a revelar el contenido mismo del concreto y opta por quedarse al nivel de los enunciados abstractos hechos hace ocho meses?
¿Con semejante actitud espera el presidente Santos darle confianza a los colombianos sobre el misterioso “proceso de paz” con las Farc? ¿Pretende con esa noticia, bastante artificial por cierto, frenar la caída de su popularidad? Dudo mucho que logre nada al respecto.
Vistas así las cosas, no queda sino una conclusión lógica: Juan Manuel Santos no vacila al jugar con los intereses estratégicos de la economía del país (la cuestión de la tierra es tema central para la macroeconomía colombiana) pues sus intereses personales y su eventual candidatura a la reelección presidencial, pesan más, según él, que los intereses de Colombia. (Columna: ¿Por el continuismo…?)
Lo que decíamos en septiembre de 2012 es cada día y más más evidente: lo que se tramita en La Habana no es un proceso de paz sino un pacto de colaboración en el peor sentido de la palabra entre el presidente Santos y las Farc, la mayor transnacional del crimen de América Latina, como dijera un excelente diario colombiano. Un pacto que se hace con el patrocinio de los cubanos, de Caracas y de los gobiernos de la alianza Alba.
Hay que recordar que horas después de iniciado el “proceso de paz”, Iván Márquez, el ahora jefe de los negociadores de las Farc, declaró en Oslo que lo que ellos buscan, en materia rural, es realizar el programa agrario de las Farc, y nada menos: eliminar la propiedad privada de la tierra, demoler la agroindustria, la ganadería y la minería y crear zonas para subyugar a los campesinos. Esa tirada amenazante de Márquez escandalizó al país pero inmediatamente fue respaldada, el 14 de octubre de 2012, por 250 jefes y activistas del Partido Comunista de Colombia y sus consuetas, el Polo Democrático y el Partido Progresista.
¿De qué manera el programa agrario de las Farc fue recogido en el “acuerdo” que anunciaron ayer? Si ese “acuerdo” no es el programa rural de las Farc por qué es ocultado tan celosamente a la opinión colombiana e internacional? ¿Por qué considera Santos que es legítimo negociar la situación del campo colombiano con una banda terrorista que nunca representó a los campesinos ni al sector rural colombiano?
Son muchas las preguntas que genera ese anuncio. ¿Tras lo afirmado en La Habana qué pueden pensar los legítimos propietarios de tierras en Colombia? ¿Qué pueden pensar los campesinos y las demás categorías y clases sociales que viven en el campo? ¿La propiedad privada será respetada para todos ellos? ¿Cuáles serán las tierras que serán entregadas a los campesinos sin tierra? (Lea: “La paz con impunidad no es sostenible”: Procurador Ordoñez)
¿Con que criterios? ¿Serán expropiadas las tierras que sean clasificadas como “inadecuadamente explotadas”? ¿Quién hará esas clasificaciones? ¿Qué poblaciones campesinas, indígenas y afro-descendientes quedarán encerradas dentro de las llamadas “zonas agrarias” que tanto exigen las Farc?
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, intentó tranquilizar a los empresarios del agro diciendo que “no deben temer nada frente al primer acuerdo logrado con las Farc”. Sin embargo, agregó algo que desató nuevas dudas. Dijo que sus servicios han calculado “que el 45% de los predios que se trabajan en Colombia tienen títulos precarios de propiedad”. ¿Qué ha previsto hacer el acuerdo con esas tierras de “propiedad precaria”? ¿Serán transferidas a las Farc a través de testaferros? ¿Estos serán los beneficiados del proceso que anuncia Restrepo de “formalización” de los títulos de propiedad? (Columna: La paz, un galimatías)
Por otra parte, Santos comete un error gravísimo al tragarse la impostura fariana de que la tierra dio origen a “la violencia en el campo”. Ello es falso. La violencia actual fue originada exclusivamente por la decisión de la guerrilla comunista de agredir al país. Este acabada de ratificar, en diciembre de 1957, la paz entre liberales y conservadores. Tras esa fecha, Colombia modificó sus instituciones y quedó en paz. Nunca más una banda liberal atacó un caserío conservador, y viceversa. Quienes criticaron ese pacto transcendental de reconciliación nacional y se encargaron de continuar las atrocidades fueron las Farc y solo ellas, aunque en esa época se llamaran de otra manera. La agresión de las Farc contra Colombia continuó hasta hoy y se agravó con la llegada del narcotráfico y de la conformación de las Farc como organización narco-terrorista. No hay explicación sociológica alguna a la ofensiva criminal de las Farc.
Mantener el ocultamiento de esos acuerdos contribuye a incrementar la tensión que existe entre los colombianos desde que comenzaron los contactos en La Habana. Ese ocultamiento puede ser el resultado de dos cosas: 1. No hay un acuerdo preciso en cuestiones agrarias, solo frases generales; 2. Hay acuerdos muy precisos pero son tan impopulares y autoritarios que la consigna es mantener todo eso bajo el secreto más absoluto. (Entrevista: “Política exterior del país es rehén del proceso de paz”: Rafael Guarín)
En esas condiciones de desprecio a los colombianos, el gobierno de Santos se dispone a abordar el punto dos de la negociación. Paralelamente, el circo de propaganda continúa: los mamertos tienen carta blanca para traer “expertos” extranjeros al país y para erigir falsas deliberaciones en la Universidad Nacional y en el extranjero (utilizando los consulados de Colombia en varios países), para ambientar la línea y los valores que las Farc quieren imponerle a la ciudadanía. Por fortuna, la resistencia popular contra esos planes inicuos seguirá creciendo en todo el país.