A finales del año pasado, el Gobierno le entregó al país un regalo envenenado, originado en el Ministerio de Justicia y del Derecho. El decreto de marras –número 1983– establece que las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional como el Congreso, los ministerios, el DNP, el Dane, las Fuerzas Armadas, el Banco de la República y las superintendencias, serán del resorte jurisdiccional de los jueces de circuito.   Anteriormente, el reparto de las mencionadas tutelas era del conocimiento exclusivo de los tribunales departamentales, por definición, de jerarquía superior. 

El exministro Luis Felipe Henao fue el primero en prender las alarmas en una columna de opinión publicada por el diario El Tiempo, el 21 de diciembre, intitulada ‘El decreto bomba que puede crear una crisis institucional’. Henao advierte, con todas las letras, que esta providencia gubernamental “generará que ahora casi todos los jueces de la República puedan modificar las políticas públicas nacionales desde sus despachos”.   Henao afirma, con sobradas razones, que “en adelante, las actuaciones que realice el Congreso podrán ser tumbadas por casi cualquier juez, afectándose la seguridad jurídica y la propia democracia, pues una sola persona podrá cambiar lo decidido por los representantes de todos los colombianos. El mayor riesgo de todos es que esta situación sea utilizada para el litigio estratégico político que podrá emplear esta nueva norma para fortalecer maniobras como la ‘tutelatón’ para generar caos y anarquía institucional”.   El origen de este galimatías legal se explica por el afán y la desmedida ansiedad oficial para lograr la aprobación –a cualquier precio– de las 16 curules arropadas políticamente como “circunscripciones de paz” en las zonas geográficas de influencia de las Farc, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Estos escaños parlamentarios se hundieron en el Congreso en la pasada legislatura, sin que el Ministro del Interior, que estaba en el recinto, ni las bancadas de gobierno apelaran lo decidido en la plenaria de la Corporación, como lo exige su reglamento.    Jaime Castro sostiene, con fundamento, en su columna del 7 de enero en El Tiempo, ‘Gobierno politiza la justicia’, que el Ejecutivo decidió “pedirle al Poder Judicial que solucionara el problema político creado por la pérdida de las mayorías oficialistas en la Cámara alta y que lo hiciera ejerciendo atribuciones que no le competen, porque quien determina si un proyecto fue aprobado es el Congreso, no el Ejecutivo”. Castro añade que “la posición del Gobierno es equivocada política y jurídicamente, porque ninguna autoridad judicial puede declarar que el proyecto archivado tiene el carácter de acto legislativo”.    Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, en respuesta al señalado asedio judicial, anunció que solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para preservar el sistema de frenos y contrapesos y la separación de poderes que soportan la democracia colombiana desde la Constitución de 1886 hasta nuestros días.    ¡Peor imposible!   Portafolio, Bogotá, 16 de enero de 2018.