Detrás de la restitución

El debate, que atañe a todo el sector rural y por supuesto a los productores ganaderos porque muchos de ellos han manifestado que han sido víctimas de la aplicación de la Ley en forma controversial, fue abierto por la Repre sentante a la Cámara, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Explica la Representante, que hoy se están tomando decisiones en la Unidad de Restitución de tierras, cuyo origen viene hasta de 30 años atrás, que afectan a miles de propietarios del campo, porque vulnera derechos y desconoce realidades de contexto, donde las víctimas quedaron desamparadas por omisión o por acción del Estado.

Con un buen arsenal estadístico de cifras oficiales y testimoniales impresionantes, señala que en los años de 1968 y 1988, por ejemplo, el Estado adquirió alrededor de 250 mil hectá reas y 600 mil hectáreas, que le fueron vendidas al Incora como salida a la presión violenta que recibieron en ese momento de victimarios e invasores (invasiones promovidas por las Farc, el ELN, EPL), y a su vez esta Entidad en tregó a los invasores quienes posteriormente vendieron a campesinos que si sabían trabajar la tierra, y que hoy están siendo recusados y expropiados. Lo aberrante es que los que hoy fueron sus victimarios y se beneficiaron de ese despojo, hoy, en calidad de reclamantes, son los beneficiarios de la ley 1448; y en ese proce so, el Estado coadyuvó.

Advierte que ese proceso se dio en el marco de una estrategia político-militar de estas guerrillas, el cual hoy continúa vigente, por lo que el debate se constituyó en una interesante pieza para develar los intereses que se mueven detrás de la restitución. La conclusión, es que es necesaria una nueva Ley de Víctimas.

Para el país es sano y altamente constructivo este tipo de debates. Pero fundamentalmente, lo que hay que celebrar es que se esté dando en el escenario que los colombianos hemos acordado en la carta constitucional para debatir las grandes políticas: en el Congreso de la República, y con quienes fueron elegidos democráticamente, y no en un oscuro y lejano escenario con personajes siniestros. Un debate, como el que se dio, es una invitación a recuperar el Estado de Derecho que se ha venido diluyendo entre una maraña jurídica, de un sistema que ha sido capturado. El debate demostró que los instrumentos que le entregaron a la Unidad de Tierras es efectivamente “una aplanadora”, porque esa institucionalidad, con las sentencias que ha emitido, está violando la presunción de inocencia y el principio de buena fe. Por eso es necesario un debate claro. Finalmente, lo que está en juego es el desarrollo rural.