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Las placas tectónicas de la agricultura nacional se mueven actualmente al vaivén de amenazas de paro, manifestaciones agrarias y vías de hecho que atentan pesadamente contra el orden y la convivencia nacionales.
El trasfondo de la problemática actual tiene relación con la progresiva desinstitucionalización agropecuaria. Durante décadas, y en el caso de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Fedegán y sus agremiados, desde hace más de 50 años, la comunicación y concertación con el Gobierno, han sido, por distantes que fueran las posiciones que uno y otro defendían, la esencia de la gobernabilidad rural.
En los últimos años, de manera gradual e incomprensible, se ha diluido la interlocución entre el Gobierno y los gremios cúpula del sector agropecuario. Incluso se promueven proyectos de ley que pretenden, supuestamente, ‘democratizar’ la representación gremial. En el fondo, estas propuestas se han traducido en un desconocimiento inoportuno de la legitimidad de estos actores sociales que le han servido honradamente al país, al agro nacional y a sus representados. (Lea: SAC insiste en que el país no está listo para los TLC)
El desinterés por la concertación de la cosa pública con los representantes legítimos del agro colombiano se ha traducido en un movimiento telúrico inesperado que ha sacudido al alto Gobierno. En lo político, se pregona –y no siempre se aplica– la máxima según la cual “la concertación entre el sector público y el privado es fundamental para mejorar la competitividad” y “si a los empresarios les va bien, al Gobierno, también”. Lo contrario, por supuesto, también aplica.
El presidente de la SAC, Rafael Mejía, manifestó públicamente hace un par de semanas, que “rechazaba categóricamente las vías de hecho y le pidió al Gobierno Nacional hacer respetar la institucionalidad y la gremialidad del país”; declaró, asimismo, que para poder solucionar los verdaderos problemas agropecuarios, era fundamental establecer un diálogo con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para identificar las causas reales del descontento agrícola “y buscar una solución definitiva con la autoridad competente”.
Otros gremios agrícolas realizaron declaraciones del mismo tenor, de rechazo a las vías de hecho como mecanismo para hacer valer las reivindicaciones, por legítimas que sean. (Lea: ¿Soplan nuevos vientos para los gremios agropecuarios?)
En los últimos días, en respuesta al clamor gremial y a la gravedad de los acontecimientos de orden público rural, el Gobierno intenta acoger la filosofía del diálogo y la concertación con las instituciones agrícolas y las bases campesinas.
Llegó así la hora de hacer causa común contra oportunistas y revoltosos, para lo cual se impone el apoyo oficial, y de la base rural a la representatividad gremial y el diálogo constructivo, que permita aportar soluciones concertadas, coyunturales y estructurales, acordes con las apremiantes necesidades de empresarios y campesinos.