El presidente ha defendido un “enfoque humano” al problema de las drogas, como lo acaba de hacer en la ONU.   Sin embargo, ese enfoque basado en salud y derechos humanos no debe abandonar el esfuerzo represivo contra el narcotráfico, que socavó el entramado moral de la sociedad y financia a los actores armados ilegales, entre ellos las Farc, que sin esos recursos no existirían, como sucedió en el resto del continente, y no estaríamos negociando con ellas, ni legitimando sus fortunas al declarar al narcotráfico como conexo al delito político. Colombia se dedicó a perseguir a las bacrim, como debe ser, pero se tornó permisiva con el narcotráfico fariano al abrigo de las negociaciones.   Duele ver al presidente tratando de reaccionar frente a lo evidente con tono entre ingenuo y bravero -“si encontramos que tienen plata, y yo creo que sí tienen plata (...), se la incautamos”-. Claro que la tienen. El país y el mundo no lo creen, lo saben, con The Economist a la cabeza, y también saben que la siguen acumulando mientras negocian, como lo denunció el departamento de Estado de Estados Unidos. Por qué, más bien, no se les exigió como condición poner sobre la mesa su fortuna -y las tierras despojadas también-, sobre todo si el tema de las drogas y la tierra eran puntos obligados de la agenda.   El drogadicto es un enfermo y así debe ser tratado, pero no es menos cierto que detrás de la compra de la dosis mínima se esconde el microtráfico, que ha impactado gravemente la seguridad ciudadana y es responsable de la adicción temprana de los niños en los colegios. Como si fuera poco, la reciente sentencia de la Corte Constitucional, a mi juicio impracticable, dejó abierta la dosis mínima a las necesidades de cada drogadicto y convirtió al policía en juez callejero para determinar la eventual falta.   En La Habana se negoció la despenalización de los pequeños cultivadores, lo cual nos enfrenta al mismo dilema en el otro extremo de la cadena.  La pregunta de cuánto es una dosis mínima no es diferente a la de qué tan grande es un cultivo calificado como pequeño. La situación también es la misma; detrás de ese campesino hay un narcotraficante que criminaliza su necesidad.   Para adoptar un enfoque humano no se necesita siquiera ir a la ONU. Se necesita resolver el problema del abandono rural para que ese campesino siempre frijoles en lugar de coca. Se necesita resolver el asunto delicado de la educación de nuestros niños y la salud de nuestros drogadictos, pero redoblando la lucha contra el narcotráfico.   Refiriéndose a esta última el presidente se preguntó “¿Podemos decir por lo menos que la vamos ganando?”. Su respuesta fue negativa, pero el país sabe que sí la íbamos ganando. En el año 2000 había 163 mil hectáreas sembradas. En 2012, después de inmensos sacrificios, ya eran 46 mil. La íbamos ganando, pero 4o años después volvimos a 169 mil y al vergonzoso primer puesto en la producción mundial de coca.   ¿Qué pasó? Entre 2013 y 2015 se abandonó la fumigación con glifosato, sin una evaluación seria entre el costo de una afectación controlable en los lugares remotos de los cultivos, y el enorme de perder la lucha contra las drogas con todas sus consecuencias, especialmente en seguridad rural. El ministro de Defensa, también entre ingenuo, bravero y arrepentido, salió a defender el glifosato manual, pero no se cura el cáncer con aspirinas.   La íbamos ganado pero estamos desandando el camino. Qué remedio; tocará volver a empezar.     @jflafaurie