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El aguacero diario de noticias que cae sobre el país desplaza del interés de la gente muchos acontecimientos e impide fijar los ojos sobre asuntos de fondo, los cuales pueden tener consecuencias de la más variada naturaleza.
Eso está ocurriendo con una tesis que se escucha con mayor insistencia. Recordemos que hace meses las Farc le dirigieron una comunicación al Comité Internacional de la Cruz Roja, solicitando los buenos oficios de esa organización humanitaria, con el fin de conseguir que el acuerdo marco para la celebración de las conversaciones con el Gobierno hiciera parte del bloque de constitucionalidad. En aquellos días semejante solicitud mereció muy pocos comentarios. Con posterioridad, tesis similares han sido planteadas por distintos protagonistas y comentaristas, lo que indica que existe el propósito de edificar unas teorías dirigidas a sacarle el cuerpo a la refrendación popular de los acuerdos de La Habana. La cosa llega hasta el punto de proponer que dichos acuerdos adquieran el carácter de texto pétreo, que no puede ser desconocido o modificado -o comoquiera decirse- por el pueblo colombiano. Es decir, que hay quienes sostienen que la soberanía popular, consagrada como uno de los grandes avances de la Constitución del 91, llega hasta donde empiece la voluntad del Presidente Santos y alias Timochenko, expresada en un documento que tenga sus firmas. Esa es la nueva visión de democracia que se le está planteando al país. Parecen olvidar los promotores de esas audacias teóricas que hoy nadie cree en ninguno de los poderes y que las conversaciones se están adelantando entre un presidente que ahora tiene el 13 % de respaldo, y un grupo castigado con el rechazo del 97 % de los colombianos. No obstante, creen ellos que para darle vida a una versión contemporánea de pluralismo, lo que hay que hacer es convertir en texto constitucional inmodificable todo lo que convengan los interlocutores que se sientan en Cuba. Y se afirma que, de esa manera, ni siquiera el pueblo puede tocarlo. La legitimidad de lo acordado no se logrará jamás por ese camino, como tampoco se conseguirá su sostenibilidad y, desde luego, tampoco disfrutaremos de estabilidad institucional en el futuro mediante tamaña prestidigitación jurídica. Parece mentira que a estas alturas del siglo XXI haya que salir en defensa de la idea de que en la democracia el pueblo es soberano, principio que considerábamos aceptado y consolidado, gracias a la expansión del sistema democrático. Pero tenemos que hacerlo, pues se escucha la fuerza de una corriente amiga de practicar actos de magia constitucional, con la pretensión, en la práctica, de imponerle a la sociedad el texto que salga del horno de los diálogos en la tierra de los Castro. Así de claro es el tema. Estas advertencias hay que hacerlas, en virtud de que las primeras señales de alarma fueron colocadas en el cajón de los asuntos que no merecen atención, debido a la avalancha diaria de registros noticiosos. Lo que está en juego es mucho más grande de aquello que se percibe a primera vista, queridas amigas y queridos amigos. El debate que aquí se plantea hay que colocarlo en el primer lugar de las preocupaciones nacionales, toda vez que se quiere poner en duda el derecho delpueblo a decidir. Y no olvidemos que solamente el veredicto de los ciudadanos sería la fuente de legitimidad colectiva que pueda tener el tan anunciado y esquivo acuerdo. El Nuevo Siglo, Bogotá, abril 3 de 2016.