La revista Semana ya se equivocó una vez, en materia grave, respecto del Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega. Ahora vuelve a esa insana obsesión, sin reconocer sus errores, sin respetar la cosa juzgada y, sobre todo, sin hacer la necesaria investigación periodística al respecto.

El 11 de agosto pasado, esa revista publicó un curioso artículo sin firma donde insinúa que hay por ahí un “testigo” que “vuelve a señalar a Plazas Vega en el caso del Palacio” de Justicia, de Bogotá. Según Semana, el tal “testigo”, quien estuvo callado como una carpa durante 30 años, decidió sacar ahora de sus “recuerdos” lo que él dice haber vivido en el palacio de justicia.   En ninguna parte el artículo anónimo de Semana admite que el coronel Plazas fue absuelto de cargos y puesto en libertad el 16 de diciembre de 2015,  tras un tremendo combate judicial que duró más de 8 años, al final del cual el coronel Plazas, su abogado, la Procuraduría General de la Nación, varios periodistas de investigación y hasta los magistrados de última instancia demostraron que el vencedor de los terroristas del M-19 que asaltaron e incendiaron el palacio de justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, era totalmente inocente.   La revista finge ignorar todo eso y hasta olvida los términos mismos de ese acto jurídico, al presentar esa absolución no como una sentencia de la CSJ sino como una simple “determinación” de esta. Eso para ocultar, quizás, el hecho de que los acusadores del Coronel Plazas fueron vencidos judicialmente en toda la línea y de manera definitiva.   La revista de Alejandro Santos Rubino, hijo de Enrique y sobrino del presidente Juan Manuel Santos, afirma que el nuevo “testigo”, “contradice la tesis de que Plazas Vega no estuvo en el segundo piso de la Casa del Florero”, extremo que ha sido plenamente rechazado en la sentencia final y en el salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, de 257 páginas. La misma exfiscal Ángela María Buitrago fue incapaz de respaldar ese punto con un testimonio fidedigno. La revista insinúa, sin embargo, que el Coronel Plazas sería el responsable de los interrogatorios y las “torturas a civiles que se produjeron tras la recuperación del Palacio de Justicia”. Nótese que el supuesto “testigo” recién aparecido no acusa al coronel Plazas de haber “desaparecido” personas, durante los hechos del palacio de justicia, como pretendía la fiscal Buitrago. Esta vez, el tiro de cañón es redireccionado para ver si la intriga seduce a otra fiscal y vuelve a producir efectos. La acusación sería, pues, por otro delito (‘torturas a civiles”) que, según ellos, no habrían sido juzgados hasta ahora. Se ve pues que alguien trabaja con determinación en la fabricación de una nueva impostura judicial.   Lo más curioso es que el nombre del supuesto “testigo” es ocultado por Semana.  Esta dice que “se reserva” ese nombre “para no comprometer la seguridad del declarante”. Ese pretexto es cuestionable. Si ese “testigo” está en peligro por lanzar lo que dice, tal anonimato aumenta su riesgo, no es lo contrario. Por otra parte, por ética y deontología periodística Semana debe informar en forma completa acerca de ese “testimonio” sorpresivo, sin escamotear lo esencial, el nombre del declarante. Aquí no vale el argumento de la reserva del sumario. Si la Fiscalía está obligada a respetar la reserva del sumario, esa obligación no incumbe a los particulares, a la prensa, en ese caso. Si Semana obtuvo una declaración no puede haberla recibido de un fantasma, de alguien que no da su nombre. Si la recibió directa o indirectamente de la Fiscalía, la Fiscalía violó la reserva del sumario, al contar esa historia sin la presencia del abogado de la persona afectada por el lanzamiento de esa acusación pública.   Semana no puede jugar como si fuera un instrumento orgánico de la Fiscalía y jugar, al mismo tiempo, como si fuera un órgano de prensa independiente. Semana debe escoger entre ser lo uno o lo otro. La prensa tiene sus reglas propias y no puede convertirse en el brazo informativo y mediáticamente punitivo de la Fiscalía.   Ante ese abuso es permitido pensar que el hecho de omitir el nombre del “testigo” busca algo más que proteger el anonimato de una fuente: la Fiscalía y Semana quieren impedir que la defensa del Coronel Plazas, y la prensa en general, hagan verificaciones al respecto. Todos los actores y testigos del caso del palacio de justicia están repertoriados y se sabe más o menos bien qué hicieron y qué les ocurrió durante ese asalto del M-19.    Semana y la Fiscalía saben que el nombre del supuesto “testigo” debe aparecer en las numerosas investigaciones judiciales, libros, ensayos, folletos, artículos, salvamentos de voto y sentencias que constituyen el corpus global de ese enorme expediente. Luego no será difícil ubicar a ese pretendido “testigo” y confrontar lo que dice hoy con la verdad judicial y con los conocimientos detallados que los periodistas tenemos del caso del palacio de justicia.   El 9 de abril de 2007, Semana publicó un número especial sobre el tema del Palacio de Justicia. En un artículo de 6 páginas totalmente contra los defensores del palacio, abundaban las mentiras. Semana destacó que había un “nuevo testigo” contra el Coronel Plazas. Ese “testigo” era el ex policía Ricardo Gámez Mazuera, quien resultó ser un bribón que nunca testimonió ante la justicia y en lugar de eso huyó del país. Luego de prestarse a esa farsa, llegó a Brasil y de ahí salió hacia Alemania y Bélgica. ¿Quién pagó esos viajes? Nadie sabe. En todo caso, 3 meses después, cuando ordenaron la captura de Plazas, la defensa de éste constató que la resolución de la Fiscal Buitrago seguía casi al pie de la letra la trinca de mentiras que había lanzado Semana. Otros fiscales rechazaron como prueba en su momento la payasada de Gámez. Ante tales antecedentes, todo conocedor del caso del palacio de justicia desconfía de las “informaciones” que lanza esa revista.   Por otra parte, Semana tampoco intentó esta vez recoger la opinión del interesado, el Coronel Plazas. Según mis informaciones, esa revista se limitó a llamar por teléfono al doctor Granados, abogado del oficial. No lo llamó para discutir realmente sobre ese punto, ni para confrontar con él la supuesta nueva información. Lo llamó para cumplir mecánicamente un requisito para no ser acusada de parcialidad.   La aparición súbita de un nuevo “testigo” sin nombre, que acude a esa revista para lanzar acusaciones sin respaldo contra un Coronel retirado del Ejército de Colombia  que estuvo detenido injustamente durante más de ocho años en una prisión militar --injustamente repito, pues él era inocente, como lo confirmó la CSJ--, recuerda las audacias inauditas utilizadas durante la instrucción del proceso en donde los testigos de cargo eran todos falsos y donde la fiscal llegó a inventar un testigo que nunca compareció a su despacho, ni a diligencia judicial alguna (el caso Villamizar-Villareal), y que no estuvo jamás en Bogotá durante las operaciones en defensa del palacio de justicia. A esos extremos llegó la fiscal Ángela María Buitrago, quien fue, poco después de la primera condena del Coronel Plazas, retirada del servicio por el mismo Fiscal General encargado de la época.    Según Semana, el “testigo” anónimo decidió exponer ante la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Jenny Claudia Almeida, los “recuerdos que ahora [le] salen a flote”, cuando supo que el ex Fiscal General, Eduardo Montealegre, al final de su calamitoso paso por esa oficina, abrió una “investigación” para establecer “quiénes fueron responsables de las torturas a civiles que se produjeron tras la recuperación del Palacio de Justicia.”   ¿Por qué el apremio de Semana en ver de nuevo al Coronel Plazas involucrado en otro pleito? ¿Quién mueve los hilos de esta nueva intriga? El coronel Plazas irrita considerablemente a algunos. Él no solo logró batallar con éxito y recuperar su libertad, sino que, durante su detención, gracias a su trabajo intelectual y a su perseverancia como analista, pudo desmontar y exponer a la luz pública, en cinco libros, las técnicas de falsificación y los diabólicos mecanismos montados contra él por una fiscal de la época.   Al hacer eso, el Coronel Plazas le prestó un gran servicio a la ciudadanía. Esta verá con menos credulidad el trabajo de ciertos operadores de justicia que, por pasión política, manchan el poder judicial colombiano. Estoy seguro de que Néstor Humberto Martínez, el nuevo Fiscal General, será mucho más prudente y virtuoso que sus antecesores, ante esta nueva maniobra mediática-judicial.