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Indudablemente que el mayor impacto y el más inmediato de este cuadro tan desolador como amenazador que se nos plantea con la caída de los precios del crudo y su impacto en las finanzas públicas recaerá sobre las regiones, especialmente sobre los departamentos, los cuales verán menguados ostensiblemente sus ingresos. La afectación en las finanzas territoriales se dará por partida doble, por las menores transferencias vía Sistema General de Participaciones, toda vez que los ingresos corrientes de la Nación, que son la base de cálculo y liquidación de las mismas, se reducirán severamente y también por los menores recursos provenientes de las regalías que captará el SGR, fuente principal de financiamiento de sus proyectos de inversión.
En medio de estas aulagas el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas al estimar en $9 billones los menores ingresos que se recibirán este año a consecuencia de la destorcida de los precios del petróleo, manifestó que $4.5 billones de este faltante se esperan financiar a través de la reforma tributaria recientemente expedida y los otros $4.5 billones aumentando el déficit, el cual se cubrirá con mayor endeudamiento. Huelga decir que estos recursos, los del endeudamiento, no hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y en consecuencia no cuentan para el giro de las transferencias a las regiones.
Ahora bien, el Gobierno Nacional ha sido consciente de los apremios a que se van a ver enfrentados los departamentos productores por el bajonazo que se veía venir del monto de las asignaciones directas que le corresponden debido a que el año anterior concluyó el período de transición y a partir de este año las mismas se reducen a sólo el 20 %. Para atenuar el impacto en dicho tránsito el Gobierno se anticipo a incluir en el Presupuesto bianual del SGR aprobado por el Congreso de la Republica (2015 – 2016) la apropiación de $2.2 billones adicionales al que le correspondía a departamentos y municipios productores con destinación a las asignaciones directas para este año 2015, pasando de $1.9 billones a $4.1 billones.
Celebramos que el señor ministro de Hacienda se haya resistido a la tentación de proceder a hacer recortes draconianos en los presupuestos. Ello es tanto más importante porque evita la parálisis de la inversión, especialmente en las regiones, que es la que podrá mantener a flote la economía y evitar que esta entre en barrena. Desde la Federación Nacional de Departamentos le hemos propuesto al Gobierno apelar a los recursos que por más de $6 billones están ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización, que se creó en su momento con el objetivo de guardar parte de las regalías generadas por la actividad extractiva en la época de las vacas gordas para poder contar con ellos cuando sobreviniera la época de las vacas flacas y este es el caso.
En este momento es preferible desahorrar parte de ellos para invertirlos en la infraestructura que requiere el país a tener esos recursos invertidos en el exterior rentando nada.
Claro que, de aquí en adelante, se impone la austeridad en el gasto público, toca ganar en eficiencia haciendo más con menos, pero sin caer en la trampa de tomar medidas austericidas de corte Merkeliano; la sindéresis aconseja que es mejor aplicar la receta keynesiana tomando medidas contraciclicas, para evitar que la economía se deslice por el tobogán de una maldita recesión. Se deberán tomar medidas complementarias para lograr este cometido, como son las Alianzas Público – Privadas (APP) para acometer aquellas obras de mayor envergadura.
Nos preocupa sobremanera como Federación la resurrección del fantasma del poder de veto en las decisiones que se toman en los OCAD. Se intentó establecer en la Ley de Presupuesto bianual 2013 – 2014 y lo tumbó la Corte Constitucional, por considerarlo violatorio de los principios de descentralización y autonomía. Ahora se revive, al pretender que las decisiones de los OCAD se tomen por consenso, lo que es peor porque cualquiera de sus miembros puede bloquear las decisiones a tomar. Los gobernadores y alcaldes han puesto el grito en el cielo y con razón, porque ello entorpecerá la buena marcha de los OCAD, los cuales, dicho sea de paso, están llamados a desaparecer cuando se trate de la ejecución por parte de los productores de las asignaciones directas, pues a ello se comprometió el señor presidente de la República.