Tras la polémica suscitada hace unos días a raíz de la decisión del Consejo de Estado de condenar a la Nación por el atentado realizado por las FARC a las instalaciones del Club El Nogal, y sin pretender ahondar en el debate jurídico sobre la responsabilidad del Estado en esta clase de sucesos, ni en cuestionar mucho menos los intereses legítimos de las víctimas que dieron inicio a la acción judicial previamente mencionada, sí resulta cuestionable que algunos sectores políticos aún pretendan que los autores de esta clase de atentados tan execrables sean exculpados en el marco de un acuerdo asimétrico que le dio prioridad a la “buena jubilación” de los cabecillas y que olvidó casi que por completo a los guerrilleros rasos, que en buena medida también fueron víctimas al ser reclutados por los que hoy algunos llaman “honorables congresistas”.   Y es que esta clase de sucesos, estos despreciables atentados terroristas, no solamente afectan a la nación de forma simbólica y reescriben su memoria histórica, sino que también la obligan o debería decir nos obliga a los ciudadanos, a reconocer y a asumir los costos sociales y económicos que se desprenden del actuar criminal de quienes recurren a la violencia para ejercer control territorial y enriquecerse a costa de los pagos de secuestros y extorsiones, entre otros delitos.   Así las cosas, el rechazo a todo atentado terrorista debe ser enérgico y generalizado, sin tolerar el intento de algunos pocos afectos a las causas violentas, por suavizar y exculpar a grupos criminales que cometieron fechorías y se levantaron en armas contra el Estado, como el caso del M19.   Pero retomando el asunto económico derivado de las condenas contra la Nación, y en calidad de contribuyente (como cualquier ciudadano), quiero recordar, inclusive hasta al más obtuso de mis compatriotas, que toda condena por esta clase de hechos al igual que las actuaciones temerarias o absurdas de los funcionarios estatales tanto por acción u omisión, deben ser indemnizados con los recursos de erario los daños causados a partir de allí.   Este dinero utilizado a modo de indemnización también tiene como origen, de forma indirecta, el bolsillo de los ciudadanos.   Claro es, entonces, que cada actuación criminal o falla en el servicio proveído por el Estado, repercute en las arcas dinerarias públicas, situación podría aunar en la necesidad de aumentar la tributación de los ciudadanos.   En conclusión, es necesario que la ciudadanía en general permanezca unida y vigilante a las actuaciones de quienes han figurado dentro de las diferentes administraciones, entiéndase gobiernos, además de rechazar los actos violentos y denunciar ante las autoridades cualquier anomalía que pretenda menoscabar la seguridad de los ciudadanos, pues el cuidado de los recursos públicos depende de todos.   Nota bene: Con beneplácito se recibe el mensaje del Ministro Carrasquilla en lo concerniente a que se está trabajando en un plan con miras reducir el gasto público. No obstante, hay que permanecer vigilantes hasta tanto se materialice esta iniciativa, pues el bolsillo del contribuyente, como lo he mencionado en anteriores escritos, no está en condiciones de solvencia.   @TibaquiraDaniel.