1) Los recursos orientados a tal fin deben guardar relación no solo con el tamaño del sector y su aporte al PIB, sino con la urgencia de recuperar la producción agropecuaria y la vida rural, como pilares que son del desarrollo y el logro de la paz. Es un asunto de coherencia y voluntad política.

2) Los recursos que la ley destina al productor agropecuario deben ir sin fugas a su destinatario. Es claro que financiar a otros eslabones de las cadenas jalona el volumen y calidad de la oferta, pero no es menos cierto que tales eslabones pertenecen a otros sectores, industria y comercio principalmente, con fuentes propias de financiación y, sobre todo, sin derecho a crédito de fomento, entendido como el que, por mandato constitucional en el caso de la producción agropecuaria, se otorga en condiciones especiales en razón de su vulnerabilidad e importancia estratégica. (Lea: El crédito agropecuario I: Las fugas)

3) Las tasas deben ser realmente de fomento, es decir, sustancialmente por debajo de las del mercado. Como la tasa está en función del riesgo, sobre todo en el crédito agropecuario, esta condición solo tiene dos caminos: que el Estado asuma parte de ese riesgo, es decir, de esa menor tasa; y que la banca intermediaria perciba una tasa acorde al riesgo que realmente asume, teniendo en cuenta que en el crédito de redescuento no compromete siquiera su propio capital. (Lea: El crédito agropecuario II: Las tasas)

4) Como el riesgo es una variable controlable, los créditos de fomento con redescuento de Finagro deben tener características especiales que lo disminuyan y garanticen el pago, tales como adecuada asistencia técnica, control de inversión y orientación hacia proyectos sustentables en entornos productivos que no generen conflictos entre vocación y uso de la tierra. La Asistencia Técnica es un componente mucho más necesario en el gran segmento de pequeños productores, aspecto en el que hay experiencias exitosas del papel que pueden desempeñar los gremios de la producción. La prioridad es la disminución del riesgo a partir del aumento de productividad. (Lea: Crédito agropecuario III: Las comparaciones)

5) Los recursos del ICR también deben ser crecientes, exclusivos para el productor primario y consecuentes con la prioridad de la modernización rural, uno de cuyos principales factores es la Formación Bruta de Capital Fijo –FBKF-, que no es otra cosa que el equipamiento para la producción rural (maquinaria, instalaciones y equipos), cuyo porcentaje es el más bajo de la economía y, por ende, su repunte es esencial para la reconversión productiva.

6) El Gobierno y el sector asegurador deben avanzar en una política de aseguramiento de la producción agropecuaria, también en condiciones de fomento, es decir, financiada parcialmente por el Estado, lo cual hoy resulta vital para disminuir el riesgo frente a los efectos del cambio climático y evitar programas futuros de apoyo masivo por incumplimiento de pagos. (Lea: Crédito agropecuario IV: Las garantías)

7) Hay que levantar la trampa de las garantías. Cuando Finagro las aporta a través del FAG, lo debe hacer a bajo costo; y cuando es el productor quien las otorga, Finagro debe convertirse en administrador de esas garantías reales del sector rural, para darle más movilidad y dinamismo al crédito, acabando con las hipotecas exclusivas y excesivas que amarran al productor a un solo banco. (Lea: Crédito agropecuario V: El riesgo)

Las facultades otorgadas por el Congreso son una oportunidad para reestructurar el Sistema de Crédito Agropecuario. Por ello ampliaré estas reflexiones en un documento que me propongo presentarle al ministro Iragorri como un aporte a tal propósito.