El ambiente que rodeó la elección de la doctora Diana Fajardo fue un atentado contra la majestad de la Corte Constitucional.   El proceso que condujo a la promulgación de la Constitución de 1991 quedó inscrito con mayúsculas en la historia del país. Fue un punto de llegada y un punto de partida. Gracias a este, se consagraron en la Carta fundamental aspiraciones largamente acariciadas. La descentralización y la reforma de la justicia eran viejos anhelos que no habían podido nacer a la vida institucional.   En aquellos años, la corte suprema de justicia declaró la inexequibilidad de esas reformas por vicios durante su trámite en el parlamento. Con ocasión de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, fue posible –al fin– satisfacer el clamor de acabar con el centralismo y modernizar y fortalecer el Poder Judicial.   A lo anterior se sumaron las voces que reclamaban más espacios de participación para la gente. Dichas voces se escucharon, lo cual dio lugar a la consagración de todos los principios y mecanismos propios de la democracia participativa. Se trató, pues, de la culminación de esfuerzos que se habían hecho durante largos años.   En este sentido, el proceso constituyente fue, como se dijo antes, un punto de llegada. A consecuencia de lo anterior, se inició una nueva etapa en la vida del país. Poca duda cabe acerca de que una de las piezas fundamentales de ese gran esfuerzo institucional fue la creación de la Corte Constitucional.   El solo hecho de haber puesto en sus manos la tarea de guardar la integridad de la Constitución, en los “estrictos y precisos términos” del mismo texto superior, es suficiente evidencia de lo que se pretendió dándole vida.   Era claro que un estatuto moderno, progresista, con el que se quería darle fuerza a las regiones, más capacidad a la justicia, y fortalecer la voz y capacidad de decisión de los ciudadanos, exigía un alto guardián para garantizar el cumplimiento de las nuevas fórmulas constitucionales.   Sin desconocer el positivo papel de la Corte en distintos momentos, muchas decisiones han generado controversia pública acerca de si hay desbordamiento o no de las competencias que quedaron definidas estrictamente en el texto básico.   Sobre tal asunto las opiniones son diversas. Pero, el solo hecho de que haya debate en esa materia evidencia que el fenómeno puede estar ocurriendo. Quien escribe estas líneas hace parte de los que creen que, infortunadamente, sí se está presentando. Serían innumerables las razones que permiten hacer tal afirmación.   Sin embargo, el episodio más reciente resulta suficiente para darle mayor piso a las preocupaciones que existen. El ambiente que rodeó la elección de la doctora Diana Fajardo, cuyas condiciones personales y profesionales no pongo en discusión, fue un atentado contra la majestad de la Corte Constitucional. Eso de hacer la escogencia en medio de un clima político, dirigido a definir si el seleccionado apoyará o no al Presidente, es una cachetada a la institución.   Los magistrados de esa Corte tienen el deber de guardar la integridad de la Constitución, no el de respaldar, tampoco el de atacar, a ningún Gobierno. Por estas cosas es que crece la audiencia a favor de precisar las funciones del alto tribunal para evitar que entre en vía de extinción.