Solo las democracias permiten la protesta social bajo la condición de que no afecte los derechos de los ciudadanos que no participan en ella y que sea pacífica. Con tales restricciones, parecería que las protestas permitidas son poquísimas. El escenario natural de las protestas es la calle, y la interrupción del tránsito, que es lo que los protestantes buscan para presionar al gobierno, afecta los derechos a la libre circulación y al trabajo de quienes no se movilizan. Además, como los protestantes, así no agredan físicamente a nadie, suelen realizar actos de coacción sobre los demás ciudadanos –que son forzados a comportarse de una manera diferente a como quisieran– incurren en actos de violencia moral. Es imperativo, por tanto, encontrar puntos de equilibrio entre derechos antagónicos.

Si una multitud, previo aviso a la autoridad, ocupa las vías públicas a lo largo de varios kilómetros y durante horas, ese es el ejercicio natural de la protesta social, estemos o no de acuerdo con las reivindicaciones de los marchantes. Por el contrario, es inadmisible, como lo he observado en estos días, que pequeños grupos de personas taponen calles. Si esto se permite, grupos reducidos pueden hacer colapsar una ciudad del tamaño de Bogotá. Bajo ninguna circunstancia, además, es admisible destruir los bienes de terceros, ni los públicos que a todos nos pertenecen, ni violentar los derechos de quienes no están involucrados en las movilizaciones. Las limitaciones a la movilidad, que son ineludibles, no pueden ser absolutas.

Qué pena decir estas obviedades: que es inevitable que la Fuerza Pública actúe para prevenir y conjurar acciones realizadas al margen de la ley; y que desmantelar la Policía, como algunos sindicalistas y estudiantes pretenden, conduciría a la anarquía. Por supuesto, cuando la Policía actúa tiene que hacerlo con estricta sumisión a las normas que regulan su comportamiento. Cuando así lo hace, la violencia que ejerce es legítima. No lo es, por el contrario, aquella de la que son víctimas los servidores públicos.

El Presidente ha convocado a lo que denominó una conversación nacional en la que todos podemos participar; esos espacios se abren para plantear problemas y soluciones que tendrán que ser transferidos a las autoridades competentes a fin de que sobre ellas resuelvan lo que consideren pertinente. No estamos, como algunos quisieran, en una suerte de moratoria institucional que permitiría que ciertas organizaciones firmen con el Presidente un nuevo pacto social.

El pliego de peticiones presentado por los sindicatos es maximalista; como buenos negociadores que son, es normal que así procedan. Sin embargo, hay que tomarlo con seriedad; proviene de un estamento cuya representatividad es indudable. Voy a comentar algunos de sus elementos, comenzando con la pretensión de que el Gobierno se abstenga de “tramitar la reforma pensional”.

Así formulada, carece de sentido: el sistema de protección a la vejez actual ofrece una cobertura bajísima, y concede beneficios elevados a ciertos trabajadores y contingentes (algunos de ellos afiliados a organizaciones que promueven el paro). Sin embargo, es necesario que el Gobierno divulgue pronto las bases de la reforma que ha venido preparando. El discurso basado en que no se pretende abolir Colpensiones, aumentar las cotizaciones y la edad de retiro, está agotado. La ampliación de la cobertura, y la mejora de las prestaciones para cubrir las necesidades de los ancianos, requiere un enorme esfuerzo financiero que, inevitablemente, tendremos que solventar con una mezcla de cotizaciones sobre los salarios e impuestos. En esta materia, se requiere una voz unificada del lado gubernamental.

Igualmente se demanda que el Gobierno se abstenga de presentar cualquier reforma laboral. Cualquiera, dije. Es una postura muy extraña: no puede ser posible que los promotores del paro estén conformes con un desempleo superior al 10 % y una informalidad mayor al 50 %.

Solicitan los gremios de los trabajadores que se presenten de inmediato al Congreso los proyectos para luchar contra la corrupción. Respaldo esa petición, aunque ella parece ignorar que Colombia tiene con una vasta legislación al respecto. Lo esencial consiste en moralizar la política y, en particular, los procesos electoral y legislativo. Respecto de lo primero, para no exponerse a un nuevo fracaso, el Gobierno tendría que buscar una amplia coalición parlamentaria. Para garantizar transparencia y pulcritud en el trámite de formación y expedición de las leyes, la solución está inventada: la sustitución de los expedientes en papel (opacos y corruptibles) por otro de naturaleza electrónica visible por todos, todo el tiempo. Vicepresidente Ramírez: pilas con esto usted que es tan diligente.

Apremian los dirigentes sindicales el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos con las Farc. Comparto sus puntos de vista con dos precisiones: el reconocimiento de que mucho se ha avanzado con la puesta en marcha de la JEP, la Comisión de la Verdad y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; y que esos compromisos, que tienen implicaciones fiscales elevadas, son de ejecución gradual durante doce años, llevamos menos de uno y medio.

Por último, piden nuestros colegas de la orilla laboral que se retire la reforma tributaria que cursa en el Congreso. Su postura parece excesiva. Algo les gustará; por ejemplo, los beneficios fiscales para la generación de empleo.