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La otra modalidad es el contrabando simple desde Venezuela, pues aunque allí escasea la carne, como muchas otras cosas, y el precio es regulado por el Gobierno, para el ganadero venezolano es más rentable pasar ilegalmente sus animales a Colombia, donde recibe un mejor precio, al tiempo que el contrabandista colombiano también lo compra a un precio por debajo del mercado local. El diferencial alcanza para los dos y perjudica a la ganadería y al ganadero colombiano.
La culpa no es de la vaca, pero tampoco es del frigorífico, que se está convirtiendo en una víctima de una situación que le es ajena, que no tiene que ver con su negocio de prestar el servicio de sacrificio a unos terceros, servicio frente al cual paga lo mismo una vaca colombiana que una de contrabando. Es decir, el frigorífico no se lucra con el contrabando. Y claro, tiene la obligación ciudadana de colaborar con las autoridades, pero no tiene la delegación para convertirse en autoridad.
En principio, el primer frente de batalla contra el contrabando es en la frontera. Allí debe estar la Policía Nacional y las autoridades aduaneras para impedir que entre un animal de contrabando, pero los resultados y los lugareños de los caseríos de frontera dan cuenta de lo contrario. Todos los días ven pasar los camiones de ganado. (Lea: Contrabando, una responsabilidad a la que le huye el Gobierno)
Pero si la frontera es un verdadero ‘colador’, como bien la califica el ministro de Agricultura, y las autoridades competentes no tienen la capacidad para controlar el ingreso de ganado; están las competentes para controlar la movilización en las carreteras de Colombia, y están las autoridades sanitarias, a través de la red de retenes, que en la zona de frontera deberían ser tan numerosos y eficaces como fuera necesario. En otras palabras, si las autoridades hicieran bien su tarea ningún animal de contrabando debería llegar a la puerta de un frigorífico. Y si llegan, es su responsabilidad.
En un comunicado reciente del ICA, se reconoce que “…las marcaciones de ganado (de contrabando) están empezando a ser reconocidas por la POLFA pero no todas son tan evidentes”. Entonces, si no son tan evidentes para la autoridad, porque sí tienen que serlo para los empleados de un frigorífico en donde, además, hay funcionarios del INVIMA con funciones de control. Por qué, después de que las autoridades fallaron en la frontera y volvieron a fallar en las carreteras, si un empleado se equivoca en su apreciación frente a marcas no “tan evidentes”, la empresa es prejuzgada de contrabandista, como hicieron el Ministerio de Agricultura y el ICA en el caso de Friogán en Valparaiso, con daños irreparables para su actividad comercial. (Lea: Empresas cárnicas piden más compromiso del Gobierno frente al contrabando)
Las plantas de sacrificio no son autoridad ni deben serlo. Les corresponde verificar que la marca que aparece en los documentos aparezca en el animal, dentro de las varias marcas que puede haber arrastrado a lo largo de su vida. Mas bien, en zonas de frontera, con las particulares características de la nuestra con Venezuela, para el caso del ganado las autoridades deberían montar retenes en la puerta de los frigoríficos -qué más efectivo que eso-, y garantizarle así a la empresa privada que no le van a meter gato por liebre, o mejor, vaca de contrabando por vaca nacional.Sin menoscabo de su obligación ciudadana frente a situaciones muy evidentes de adulteración de documentos y de marcas, no es de su competencia sospechar de todo ni investigar todo. La culpa no es de la vaca ni del frigorífico. La responsabilidad es de las autoridades.