No se entienda lo que diré como un reproche a la acción del Gobierno, que mucho ha hecho, pero que debe profundizar y diversificar sus acciones.Para los sectores formales de la economía, la estrategia ha consistido en reprogramar obligaciones tributarias y cotizaciones parafiscales, y aumentar la liquidez de la economía para que la banca pueda refinanciar empresas en dificultades, especialmente las pequeñas y medianas.

Tengo objeciones en ambas dimensiones. En la actual coyuntura el énfasis no puede ser el tamaño de las empresas, sino su vulnerabilidad ante la pandemia. Muchas tiendas de barrio y farmacias se mantienen a flote haciendo domicilios en el vecindario; por el contrario, las cadenas hoteleras y las aerolíneas, que son grandes, han perdido la totalidad de sus ingresos, no tienen idea de cuándo podrán operar de nuevo y, menos todavía, vaticinar el comportamiento futuro de la demanda.

A quienes se encuentran en este último caso, que les ofrezcan crédito, así sea en condiciones concesionales, les parece inaceptable e, incluso, ofensivo. No les hace sentido tomar más deudas si su destino parece ser la quiebra. Otros, que si tienen interés en refinanciar pasivos para descongestionar sus flujos de caja y tratar de sobrevivir, anotan que los procesos son lentos y los recursos escasos, esto último cuando pretenden acceder a las líneas especiales de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías.

En general, tienen razón. Si los recursos financieros se agotan, nuevas acciones deben tomarse para incrementarlos. Es difícil, sin embargo, que los bancos puedan acelerar ciertas refinanciaciones. Los créditos masivos de consumo y vivienda admiten algún grado de automaticidad. No sucede lo mismo con la cartera empresarial que requiere evaluación de riesgo caso por caso. No puede perderse de vista, además, que ningún banco está en capacidad de reestructurar casi toda su cartera en cuestión de semanas, y menos aun cuando los clientes tienen que ser atendidos por medios virtuales.

Como estas realidades no las percibe el común de la gente, y los bancos gozan de elevada impopularidad, tienen cierto eco propuestas tales como declarar una moratoria generalizada de las deudas con el sistema financiero. Proceder de esa manera, en breve colocaría a la banca en dificultades para atender sus pasivos frente al público.

Nada haríamos transfiriendo el problema de los deudores a los ahorradores. ¡Que paguen los dueños de los bancos! se dirá. Y sí: para eso tienen cuantiosos patrimonios. La banca es, en la actualidad, solvente; hasta cierto punto puede afrontar pérdidas cuantiosas como las que a muchos les alegraría ver. Solo que una banca debilitada sería un lastre severo para la fase de reactivación que en algún momento tendrá lugar. Sin bancos no hay paraíso.

Es claro, por último, que el otorgamiento de garantías estatales de hasta el 90 % busca que los bancos sean más propensos a otorgar nuevos préstamos o refinanciar antiguos. Dudo de que ese resultado se produzca. Me preocupa que el inesperado efecto de esa medida sea el retorno de la cultura del no pago, que vivimos durante la crisis de 1999 y años posteriores. “Como el Estado garantiza casi todo… pues que responda por todo”.

Según datos de las Superfinanciera, desde el comienzo de la pandemia y hasta el 17 de abril se han refinanciado 6,8 millones de créditos por $124.4 billones; y entre el 4 y el 10 de abril se han concedido 3 millones de nuevos préstamos por $ 4.3 billones. Un esfuerzo descomunal, sin duda alguna, que, sin embargo, es insuficiente. Según la encuesta de liquidez de la ANDI, que conocí en forma preliminar el día 20 de este mes, en promedio las empresas tienen recursos líquidos para atender sus pasivos corrientes durante 18 dias. Si usan su caja exclusivamente para el pago de salarios, pueden resistir 47. Los datos son dramáticos.

Para mitigar esta situación, algunos hemos sugerido subsidiar el primer salario mínimo de los trabajadores inhabilitados por el aislamiento obligatorio mientras éste se mantenga en vigor. Esos apoyos no serían reembolsables; se concederían bajo una sola condición: que los empresarios mantengan los empleos que tenían al momento de declararse la pandemia. Estos aportes podrían entregarse directamente, en la mayoría de los casos, consignándolos en las cuentas bancarias de los trabajadores beneficiarios.

Infortunadamente, la situación se agrava día por día. Quizás la estrategia de masivos apoyos crediticios, que hay que preservar, y la de subsidios parciales al empleo, cuya implementación juzgo apremiante, ya no sean suficientes. Llegó el momento de construir un gran consenso nacional, que el gobierno debería liderar, para establecer la magnitud de los recursos financieros con los que contamos, definir qué tan suficientes son y definir prioridades que serán dolorosas. En ese orden de ideas, sería fundamental saber si el préstamo solicitado al Fondo Monetario por 10.800 millones de dólares viene en camino y qué haríamos con ese dinero.

En una nota reciente, el Banco Mundial señaló que países como el nuestro, que tienen recursos acotados para financiar un encierro prolongado, se ven presionados por las circunstancias a flexibilizar y a eliminar pronto las restricciones de movilidad. Los dilemas éticos son enormes: la prolongación del encierro protege a la población mayor, que es la más débil frente al virus, siempre que tenga ingresos regulares o ahorros; perjudica a los pobres, que viven al día, y a los jóvenes que, en general, son inmunes y claman por su libertad. La brecha en la calidad de la educación básica, tiene que haberse ampliado en contra de los sectores populares.