En estos momentos Colombia está fuera de control. El Senado y la Cámara de Representantes, los partidos, los gremios y empresarios, los directores de los medios, quedaron en estado de muerte cerebral.

La soberanía popular ha perecido. Los organismos de control que prevé la Constitución son frases sobre un papel. La separación de poderes y la existencia de contrapesos destinados a equilibrar la marcha del Estado y limitar los excesos de los tres poderes, ya no son practicables.

Colombia está ahora en manos de un grupo a-nacional, que ejecuta unas directivas no explícitas en las que los intereses de Colombia, de sus habitantes, de su territorio, no son tenidos en cuenta. Cesó la construcción de Colombia. Entramos en la fase del desmantelamiento de Colombia y de la transferencia de la riqueza nacional a terceros países.

El Estado colombiano está siendo guiado por una camarilla con poderes absolutos que, de hecho, sigue unas directivas opacas, extra colombianas, que nunca fueron objeto de deliberación entre la ciudadanía, ni antes ni durante la campaña electoral.

Veamos solo dos ejemplos de cómo esa pavorosa situación cristaliza en hechos recientes.

Colombia dejará de explorar y comercializar el gas de su propio subsuelo y cuando el gas de las reservas colombianas se acabe Colombia importará ese recurso de Venezuela. El anuncio de esa medida irracional lo hizo antier la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, sin que eso haya generado una explosión de descontento en el país.

Esa operación es, sin sombra de duda, un primer anuncio de transferencia masiva de riqueza colombiana a Venezuela. Es el primer pago de un país convertido en rehén de otro Estado que exige esa transferencia de valor y de riqueza nacional. Para dormir al público, Irene Vélez no cifró el monto de lo que Colombia deberá pagar por esas importaciones y advirtió que éstas comenzarán dentro de “siete u ocho años” y que entre tanto Colombia podría construir “la conexión de transporte de gas con Venezuela”.

Ella habla pues de un plan enorme, estratégico, pensado en todos sus detalles. La agenda es, además, crear la infraestructura indispensable para agotar lo más rápidamente a Colombia de su riqueza gasífera y por qué no petrolera y de carbón, en beneficio de otro país o de una potencia. El gas es usado a diario por más de 10 millones de familias colombianas.

Hace pocos días, este 10 de agosto, Ecopetrol había anunciado el descubrimiento de un enorme yacimiento de gas en aguas profundas, a 70 kilómetros de la costa de la Guajira, bautizado Gorgon-2, gracias a una excavación marina, con un buque de última tecnología, de 2.400 metros y una profundidad total superior a los 4.000 metros, la más grande realizada en Colombia” (1).

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, explicó que ese yacimiento “permitirá incrementar las reservas de gas de Colombia y abastecer la creciente demanda de este energético fundamental para la transición energética que emprendió Ecopetrol y el país”. Sin embargo, Gustavo Petro no quiere saber nada de eso. “El gas es sucio”, dice. El prefiere que la Venezuela de Maduro saque la mejor tajada del abandono de la riqueza gasífera de Colombia.

Los colombianos creían que Petro iba a ocupar la Casa de Nariño durante cuatro años. La camarilla de gobierno lo dice sin rodeos: aquí estaremos al servicio de Venezuela y de otros Estados hasta dentro de ocho años, por lo menos.

Después habrá transferencias adicionales de riqueza colombiana, bajo pretextos falaces, maquillados y ecologistas, en beneficio de Cuba, dictadura que debe estar ya enviando su factura a la Casa de Nariño.

¿Qué contrapoderes entrarán en juego en Bogotá, y en las regiones afectadas, para desbaratar semejante barbaridad anti nacional y poner a los agentes de la ruina de Colombia fuera de las palancas del Estado? ¿El poder legislativo, la justicia, la prensa, la universidad y el resto del inmenso aparato administrativo saldrán de su estado catatónico?

Por el momento el panorama es ese: no hay contrapoderes, no hay Constitución, ni leyes. La camarilla pasará por encima de todo y utilizará la violencia contra los hijos de Colombia para imponer los dictados del Grupo de Puebla y de Foro de Sao Paulo, y de potencias que trabajan para minar la democracia y las libertades en Occidente.

Segundo ejemplo. Gustavo Petro lo primero que hizo como presidente fue restablecer las relaciones diplomáticas con una entidad que muy pocos conocen en Colombia: la República Saharaui. ¿Qué le aporta eso a Colombia? Nada. Por el contrario, ese acto le propina un golpe a Colombia. Las excelentes relaciones tanto con España y con Marruecos serán estropeadas. Nuestro país, en 2001, durante la Presidencia de Andrés Pastrana, congeló las relaciones con el Frente Polisario establecidas por Belisario Betancur en 1985.

Para reanudar la relación bilateral con Marruecos y frenar la inmigración, el gobierno español del socialista Pedro Sánchez le envió al monarca Mohamed VI una carta donde reconoce la integridad territorial de Marruecos, incluido el Sáhara Occidental que el Frente Polisario reivindica como “República Saharaui”. El Frente Polisario anunció inmediatamente que rompía relaciones con España. Un vocero de ese grupo explicó que, en cambio, el partido comunista Podemos sí reconoce la República Saharaui.

Es obvio que Gustavo Petro, al tomar esa insólita medida, respondía a la agenda de Podemos y de horribles dictaduras, burlándose de los intereses de Colombia.

Como dice la prensa, la República Saharaui es una administración de facto (pero no de iure), es una entidad “con reconocimiento limitado a nivel global”. En efecto, ningún Estado europeo, ni Estados Unidos ni Japón, ni Australia, reconocen esa “república”. Sólo lo hacen 54 países, todos del Tercer Mundo, incluyendo a Corea del Norte y Cuba. Y ahora Colombia. ¿Qué hay detrás de esa movida? Una agenda política que nada tiene que ver con Colombia.

Otro acto que arruina la relación bilateral con España fue lo de la espada de Bolívar, el pasado 7 de agosto. Muy hábil jugada. Con ese sainete premeditado Petro le hizo otro favor a Podemos y a quienes buscan agrietar la monarquía española. La imagen del Libertador también salió perdiendo: ahora grupos de exaltados quieren devastar las estatuas de Bolívar en España, y abrir una nueva campaña de odio contra los valores y la historia de Colombia.

La obra destructora avanza a velocidad de crucero. Pero en Colombia la clase política duerme o se consuela con la frase de siempre: “aquí no pasa nada”.

(1).- ecopetrol.com.co/wps/portal/H…