El documento que el “comité de paro” le entregó al gobierno del presidente Iván Duque este 20 de mayo no es una “lista de peticiones de 19 puntos”. Es un pedido de capitulación.

No es una base de negociación posible como lo presenta la prensa, sino la agenda que el llamado “comité de paro” quiere que siga el gobierno para poder llegar con éste a un acuerdo, es decir a la firma de la entrega definitiva del poder político a la subversión armada castro-comunista.

Las 19 “peticiones” no son más que dictados, órdenes que un superior le envía a un subordinado. Ese listado de “peticiones” es lunático por eso, porque no refleja el estado real de las cosas, es decir la relación de fuerzas que puede haber entre un Estado como el Colombiano y una entidad opositora armada y en maniobras desesperadas para debilitar o desbaratar al Estado.

Alguien ha convencido al “comité de paro” que es muy fuerte y que su dominio es tal que puede atreverse a darle indicaciones precisas al gobierno sobre los límites defensivos que debe adoptar en la contienda actual. Alguien ha convencido a esos conjurados que el terror rojo está ganando terreno y está en posibilidad de obligar a Duque a desorganizar completamente su propia estrategia.

La subversión le ordena al gobierno lo que debe hacer en los próximos días: “abstenerse de tomar medidas de tratamiento de orden público como la declaratoria del Estado de Conmoción Interior”; “retirar al Ejército y al Esmad completamente del control de las protestas”; “ordenar a la Policía que se abstenga de usar armas de fuego y otros artefactos que puedan producir heridas en los operativos de control”. En otras palabras, el Ejército y el Esmad deben ir a dormir a sus cuarteles para que la Policía, totalmente sola y desarmada (pues ellos hablan de prohibirle “el uso de armas de fuego y otros artefactos”) sea enviada a las calles a enfrentar los vándalos profesionales armados para contener, sin medios de defensa, la violencia “revolucionaria”. Ésta, en cambio, sí podrá ir a ese combate bien dotada de armas de fuego (fusiles, pistolas, papas-bomba, cocteles molotov) y de todo tipo de artefactos (cuchillos, piedras, garrotes y disfraces de policía).

Ese listado de peticiones es grotesco. Ese listado es un plan de batalla y un pedido de rendición. El adversario del Estado le pide a éste que se desarme antes de ir a un combate decisivo.

Es como si en el siglo XIX, la víspera del 7 de agosto de 1819, el general español José Barreiro le hubiera enviado a los generales Bolívar y Santander una astuta lista de peticiones: 1.- retirarle a la infantería patriota sus fusiles; 2.- abstenerse de utilizar los cañones de la artillería patriota; 3.- abstenerse de utilizar la caballería patriota; 4.- advertir a las tropas patriotas antes de la batalla del Puente de Boyacá que serán sancionadas si llegan a “abusar de la fuerza” contra un solo soldado de Barreiro.

Si los generales Bolívar y Santander, por ser buenas personas, por mostrar su buena voluntad de llegar a un arreglo, para ilustrar su respeto por lo políticamente correcto, hubieran aceptado tales “peticiones” los soldados patriotas habrían sido masacrados hasta el último hombre y la llegada del Libertador a Santafé de Bogotá no habría sido posible y hoy Colombia no existiría y la independencia de la América hispánica habría sido retardada considerablemente.

La lista de 19 puntos es de ese alcance. Es así de grotesco lo que pretenden los bonzos del “comité de paro” y los jefes secretos que mueven los hilos de ese comité.

Si el gobierno de Iván Duque toma en serio esa payasada de las “peticiones” del “comité de paro”, la fuerza pública terminará aplastada de manera durable en cada ciudad y Colombia dejará de existir en pocos meses.

La lista de peticiones refleja, a su vez, el gran temor del comité de paro frente a un viraje saludable del jefe de Estado colombiano. Este, exasperado por el juego diabólico de la subversión, tomaría las palancas que le da la Constitucional para vencer la conmoción interior, para reprimir a los vándalos y, sobre todo, para meter en la cárcel a los que lanzaron la huelga insurreccional.

Es de plena lógica que a esos jefes, visibles o no, hay que ponerlos a buen recaudo para que no puedan seguir haciéndole daño a Colombia. Entonces el “comité de paro” lanza las 19 propuestas para sofocar esa posibilidad de respuesta enérgica del gobierno y de la sociedad.

Si el gobierno de Iván Duque no emprende con audacia las tareas históricas de contención que otros gobiernos colombianos utilizaron legítimamente en otras épocas para sofocar los incendios revolucionarios, el país será transformado en un conglomerado de 48 millones de rehenes.