Antes del 12 de agosto, las familias colombianas deberían declararse en estado de alerta. Las asociaciones de padres de familia también. Los planes que el ministro designado de Educación Nacional, Alejandro Gaviria, quiere realizar ese día deben ser rechazados y boicoteados por las familias pues constituyen una amenaza contra el equilibrio y la salud mental y moral de sus hijos.

Alejandro Gaviria pretende que los colegios realicen, el 12 de agosto, un acto que es ilegal e inconstitucional y que viola la Convención de la ONU del 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos de los niños. La identidad moral e intelectual de los jóvenes y niños de Colombia, la calidad de su educación y su derecho al acceso al conocimiento y a los demás bienes y valores de la cultura, son tuteladas por las normas antes mencionadas.

Lo que busca el ministro Gaviria es introducir en forma artera una visión pro Farc de la historia más reciente de Colombia en las mentes de millones de estudiantes.

Gaviria disimula el objetivo de esa operación. Acude a frases sibilinas, como eso de que será una “jornada pedagógica” cuyo objetivo es “socializar” el informe de la “comisión de la verdad”, creada en 2018 por adeptos de la teología de la liberación. Ante las masivas protestas que generó ese anuncio la respuesta fue encomendada a la orwelliana comisión. Incapaz de argumentar al respecto ésta se limitó a negar la negación: “No es adoctrinamiento", replicó. 

Gaviria quiere que el masivo lavado de cerebros sea realizado no solo por el sindicato marxista Fecode –experto en el cobarde adoctrinamiento de alumnos – y la Comisión de la Verdad, sino que también metan la mano en la melaza “las secretarías de educación en las diferentes ciudades del país.”

Alejandro Gaviria le da a todo eso un lema gracioso: “La escuela abraza la verdad”. La verdad que promete el ministro no es la verdad. Es, por el contrario, el compendio de las leyendas fabricadas por las Farc desde los años 1940-50, bajo la orientación de jefes guerrilleros como Olimpo, primero, siguiendo con las resoluciones del comité central del PCC firmadas por Gilberto Vieira y después a través de la pluma de Arturo Alape, de las hagiografías de Carlos Arango, sin olvidar los “cuadernos de campaña” de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas y de la propaganda de Manuel Cepeda Vargas. Esa es la matriz ideológica inicial que vertebra el llamado “informe final de la comisión de la verdad”, de cuya redacción fue sistemáticamente borrada toda referencia al papel fundamental de la URSS y del comunismo internacional en la creación y desarrollo de las Farc. De ese “informe” fueron excluidos obviamente los testimonios de la fuerza pública y de decenas de miles de víctimas civiles –lo que incluye miles de niños de ambos sexos-- de esa máquina de subversión y muerte.

Ese informe falsea la fecha misma de aparición de la subversión marxista en Colombia y oculta el origen exclusivamente político de ésta. Substituye la verdad histórica por la impostura tradicional del PCC. Dice que las Farc tienen un origen sociológico, que fue un acto defensivo “de campesinos y colonos” que huían “de la violencia partidista y Estatal”. El culpable de todo es, pues, la sociedad colombiana, reaccionaria, fascista, etc. Ese enfoque es el denominador común de las 896 páginas del “informe” de la CdV.

Las Farc tienen derecho a fabricar sus propias quimeras. Sin embargo, es ilegítimo presentar eso como la verdad obligatoria y como un “legado” para la juventud. Eso equivale a brutalizar la conciencia de los colombianos, arruinar la moral de los jóvenes y utilizar el aparato escolar para someter psicológicamente a la nación.

Mark Twain dijo un día que la diferencia entre un gato y una mentira es que el gato tiene solo nueve vidas.

Lo que Gaviria quiere emprender el 12 de agosto es el primer paso de un proceso largo de manipulación mental sobre millones de jóvenes mediante discursos, pero también diseminando “cómics y materiales pedagógicos diseñados específicamente para cada edad”. Juan Camilo Aljuri, miembro de la CdeV, lanzó tres frases que muestran eso. El 29 de julio le dijo a Blu Radio: 1.-“Se trata de entender que los más chicos deben tener herramientas para convivir en sociedad”; 2.- “El objetivo del trabajo pedagógico será brindar herramientas para la convivencia pacífica”; 3.- “Tenemos que dejar […] el miedo y comenzar a entender que este es un paso y un peldaño importante en una escucha plural, que nos permitan unas discusiones de país”.

Entre líneas, Aljuri advierte que el plan consiste en incrustar en los niños y jóvenes una serie de “herramientas” ideológicas y que sin tal representación falsa de la realidad ellos no podrán convivir en sociedad. Sin ese lavado de cerebro ellos no serán escuchados (“escucha plural”) ni podrán participar en la marcha del país (“discusiones de país”). Tal ultraje sería implementado en varias etapas (lo que Aljuri llama “un paso y un peldaño”) dentro de un proceso de reeducación comunista a largo plazo.

Ex rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria no ignora que los jóvenes son sujetos de derecho no solo como adultos en potencia sino también como seres humanos dotados de singularidades que deben ser respetadas. Claire Brisset, ex directora de información de la Unicef, escribía en 1998 que el derecho internacional y el de los Estados se alejan “de una visión puramente patriarcal y casi patrimonial del niño percibido hasta hoy como una simple propiedad del adulto”.

El ministro Gaviria, quien le da un carácter obligatorio a su jornada del 12 de agosto, regresa a la visión no solo patrimonial del menor sino también a una más bárbara en donde los estudiantes son propiedad del Estado. En Cuba, la dictadura ve a los jóvenes como regimientos que deben ser “educados” durante años en la mitología del castrismo. ¿Gaviria cree que con la instalación de Gustavo Petro en la Casa de Nariño Colombia debe ceñirse a las prácticas de Cuba?

¿Alejandro Gaviria dejará que los estudiantes critiquen la propaganda de la “comisión de la verdad”? ¿El ministerio de Educación Nacional tomará represalias contra los alumnos que no acepten ese adoctrinamiento? ¿Permitirá que tras esa operación los alumnos puedan hablar libremente y apartarse de la versión de la CdV sin temor a ser castigados? ¿Les dejará expresar sus puntos de vista? ¿Respetará la libertad de los padres de familia a oponerse a esas sesiones de exorcismo revolucionario? ¿Qué le ocurrirá a los colegios que no realicen la “jornada pedagógica” del 12 de agosto?

Lo que pretende Alejandro Gaviria viola el artículo 67 de la Constitución colombiana que consagra el derecho de los jóvenes “al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. ¿El informe de la CdV –donde la verdad es mentira, donde la democracia es un crimen, donde la violencia es un derecho–, es un bien y un valor de la cultura? La jornada violará igualmente varios artículos de la Convención adoptada en la asamblea general de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. El artículo 17, numeral e, “protege a los niños contra la información y los materiales que dañan su bienestar”. El artículo 8 dice que los niños tienen el derecho a “preservar su identidad (…) y sus relaciones familiares”.

Por esas razones, las familias colombianas, las asociaciones de padres de familia y la Unicef deberían estudiar este asunto y rechazar toda colaboración con esa empresa.

@eduardomackenz1

4 de agosto de 2022