Los aeropuertos de Colombia están abiertos a los vuelos subversivos de la dictadura venezolana. Cuando quieren y como quieren aviones venezolanos, incluso con gente armada no identificada, llegan cuando se les da la gana y aterrizan donde se les da la gana, incluso sobre pistas que están ocupadas por otras aeronaves a punto de decolar.

Dos incidentes recientes de este tipo fueron registrados por la prensa. El 20 de septiembre de 2024, en el aeropuerto Internacional Camilo Daza, de Cúcuta, un Cessna entró al espacio aéreo colombiano sin autorización y aterrizó con cuatro militares armados venezolanos y decoló cuando quiso. Frente a eso, la actitud del director de la Aeronáutica Civil, Sergio París Mendoza, fue la de un lacayo: no permitió que los intrusos fueran desarmados ni identificados. Autorizó el despeje del Cessna con su gente armada y su carga secreta. Se comportó como un agente de Maduro y no como un funcionario leal a Colombia. En noviembre de 2024, en carta a ese funcionario, varios operadores aéreos denunciaron la existencia de fallas de seguridad en 10 aeropuertos de Colombia.

El otro caso ocurrió el 8 de enero de 2025, cuando un avión venezolano aterrizó en una pista alejada del aeropuerto El Dorado, de Bogotá y permaneció más de tres horas. Durante cinco días —en vísperas de la grotesca “toma de posesión” de Nicolás Maduro— ese avión estuvo en Manaos (Brasil), en Barcelona, Porlamar y Caracas (todas ciudades de Venezuela) antes de llegar a Bogotá. ¿Quién viajaba allí y para qué? ¿Por qué ese avión apagó los transponder durante esos vuelos y esquivó los radares? El gobierno de Gustavo Petro no ha querido explicar nada.

Lo más interesante es que, un día después, tres iraníes con pasaportes griegos fueron detenidos en El Dorado antes de que subieran a un avión que iba a Cancún (México). La prensa de Bogotá dio a entender que, entre ellos, expulsados a Brasil, había gente de la organización terrorista Hezbolá. La víspera, tres otros iraníes (dos hombres y una mujer), entraron a Colombia por Cúcuta, pero agentes de fronteras constataron la falsedad de sus documentos y los devolvieron a Venezuela. El diario bogotano El Tiempo reveló enseguida que, según “fuentes de inteligencia”, la llegada de iraníes a Venezuela “no es solo un fenómeno migratorio [pues] la alianza entre Irán y Venezuela va más allá de lo económico: busca establecer una plataforma geopolítica y operativa para desestabilizar la región”. Y concluyó: “El régimen chavista no solo abrió sus puertas a operadores iraníes, sino que permitió que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y Hezbolá establecieran bases de operaciones en Venezuela”.

Tal es el estado de derrumbe en que se encuentran las instituciones de Colombia: aviones y operadores iraníes entran a Colombia y funcionarios aventureros violan la ley y emplean el mutismo como arma. Hasta hoy nadie ha sido sancionado y nada ha sido aclarado oficialmente sobre esos vuelos y entradas ilegales de iraníes. Colombia se ha convertido en eso: en un potrero sin vigilancia a donde pueden llegar aviones con extranjeros armados, con cargamentos no declarados e individuos no identificados. ¿Y detrás de eso qué otra fauna está entrando? ¿El Tren de Aragua?

Hoy en día poner en peligro la vida de las tripulaciones y de los pasajeros de aviones que transitan legalmente por aeropuertos colombianos no motiva la más mínima protesta de las compañías aéreas, ni de los organismos de tutela y control de ese sector, ni de los alcaldes, ni de los parlamentarios. Muchos responsables políticos duermen o se inclinan ante el silencio obstinado de las autoridades.

El gobierno de Gustavo Petro tiene amordazados a los funcionarios que, por ley, deberían impedir tales desmanes. Colombia ha perdido de hecho la soberanía nacional y es el régimen corrompido de Caracas el que decide quién entra y cómo entra y quién, y cuándo sale de Colombia, por aire, mar y tierra, sin que las autoridades colombianas puedan abrir la boca.

Las fuerzas armadas, la policía nacional, los servicios de aduanas, los servicios de inteligencia militar y civil y los demás cuerpos que velan por la seguridad de Colombia están prácticamente bajo influencia. Muchos ven que actos como los descritos son delictuosos pero gestionados por las autoridades con gran autoritarismo y secretismo. La prensa, por su parte, trata esos asuntos como fenómenos curiosos y aislados. Los periodistas más intrépidos buscan datos, piden explicaciones, invocan su derecho a la información, su derecho de petición, etc. Las autoridades o no responden o alegan que todo es mentira. Y ahí termina todo.

En ese extraño clima de opacidad y autocensura general está siendo montado un dispositivo anómalo, bajo influencia chavista, dentro del sector aéreo colombiano. Para disimular eso el gobierno de Gustavo Petro se da ínfulas risibles: le cambia el nombre a la gloriosa Fuerza Aérea Colombiana (FAC) llamándola “fuerza aeroespacial colombiana”, aunque Colombia es incapaz de proteger su único satélite Facsat-2, conocido como Chiribiquete, y no está en posibilidad de proteger su espacio aéreo de aviones civiles con gente armada de Venezuela, y muchísimo menos dispone de recursos técnicos para vigilar el estado de los satélites extranjeros y el lanzamiento de misiles y cohetes militares en su vecindad y en el resto del mundo, lo único que justificaría la ampulosa denominación. ¿Será que la nueva “fuerza aeroespacial colombiana” tendrá ahora por tarea observar, como dijo Petro, la “crisis climática y la agricultura”?

13 de enero de 2024