Decir que el paro del 21 de este mes persigue desestabilizar al Gobierno y que sus propósitos son políticos, es una obviedad. Por supuesto, a sectores que quieren sustituir o modificar radicalmente el modelo de sociedad, les interesa debilitar a las autoridades de la República; es el camino apropiado para inducir la instauración de un nuevo régimen, por ejemplo, el llamado “socialismo del siglo XXI”, del que millones de venezolanos huyen para refugiarse en Colombia, en donde con tanta generosidad han sido acogidos, así, por ahora, solo podamos brindarles, salud, educación, albergue y las calles para el rebusque del sustento. Ojalá pudiéramos hacer más. Y como los protestantes se oponen a políticas, reales o imaginarias, que el Gobierno se propondría adoptar, es evidente que sus móviles son… políticos.

Tengo en frente un breve texto que se titula “Contra el paquetazo de Duque, la OCDE y el FMI, por la vida y por la paz”. La enunciación de estos valores, cuyo mérito nadie puede negar, es un truco recurrente para satanizar a todos los que piensan distinto, acusándolos, de manera implícita, de ser partidarios de la muerte y amigos de la guerra.

Parte del paquetazo duquista lo integran propuestas que el Gobierno ha rechazado, tales como establecer salarios mínimos diferenciales por regiones y, temporalmente, para los jóvenes; y otra que nadie ha planteado, ni en el Gobierno ni fuera de él: la eliminación del salario mínimo, cuya existencia se justifica por razones humanitarias. Anotan nuestros compatriotas de la izquierda radical que se pretende la “eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores”. Esto sencillamente no es verdad. El problema que tenemos que resolver, como lo ha indicado el Gobierno, es su baja cobertura: solo un 25% de la población cuenta con un ingreso garantizado para los años de senectud.

Para hacer compañía al Fondo Monetario como bestia negra de los convocantes, aparece en el tinglado la OCDE. De aquel hacemos parte desde 1944 y en la actualidad no tenemos préstamos vigentes ni acuerdos de condicionalidad. Por el contrario, la buena calificación que regularmente hace de la economía colombiana nos facilita el acceso al crédito externo que, en parte, financia la agenda social. ¿En razón de que se convoca este fantasma?

En cuanto a esa otra entidad, a la que recién ingresamos, vale la pena recordar que ella se dedica a recomendar (no a imponer) a sus miembros políticas que han sido exitosas para generar progreso en algunos de ellos. ¿Cuál es la objeción? Que ambas organizaciones favorecen la economía de mercado en el contexto de un Estado fuerte que provee buenas instituciones y una agenda social vigorosa. También en algunos de esos panfletos convocatorios del paro se dice que este se justifica para “ponerse a tono” con otros países; o sea que debemos marchar porque otros lo hacen.

Es injusto, por último, que se invite a protestar contra el Gobierno por la trágica muerte de unos niños en una operación militar. Nadie puede afirmar que ese fue un resultado querido por la Fuerza Pública; en el peor de los casos, se cometió un error, no un crimen. Contra quienes debemos protestar es contra los bandidos que secuestran niños y los convierten en carne de cañón.

Sería menester que el Gobierno despliegue una estrategia comunicacional intensa para explicar a los ciudadanos la justificación del paro. Los discursos del Presidente, que son excelentes, no bastan. Sin embargo, que los fundamentos de las movilizaciones sean deleznables no las convierte en ilegales, siempre que no impongan a quienes no protestan un gravamen excesivo y sean pacíficas.

Los desmanes ocurridos en países cercanos hacen necesario reflexionar sobre quiénes pueden ser sus inspiradores y agentes. Algunos atribuyen responsabilidad a los gobiernos de Cuba y Venezuela; a sus líderes les pueden simpatizar nuestras tribulaciones, aunque carecen, creo yo, de la capacidad de orquestarlas y dirigirlas. Algunos piensan que Rusia, como ya lo ha hecho en otros países, incluidos los Estados Unidos, puede manipular la población a través de redes sociales para generar incertidumbre e inestabilidad. Así lo señaló el Departamento de Estado.

De otro lado, pueden existir grupos que rechazan de plano el orden social imperante y que, a sabiendas de que no pueden derrocarlo, pretenden destruir todo aquello que odian. Tzvetan Todorov, en Los enemigos íntimos de la democracia, desarrolla esta teoría en referencia a los hijos de inmigrantes árabes en Europa, que han perdido la conexión cultural con el mundo de sus padres y se sienten rechazados en los países en donde nacieron.

“Esos jóvenes no se reconocen en la sociedad que los rodea y por eso están dispuestos a destruir sus símbolos (…). Queman los coches de sus propios padres y vecinos, destrozan los ascensores de los edificios en los que viven, atacan los autobuses que los llevan a sus barrios y saquean los centros deportivos destinados a su uso”. Muchos de los actos de vandalismo sucedidos en Chile pueden explicarse con este fundamento. Es preciso evitar que nos suceda algo parecido. Se sabe que aquí existen células urbanas de origen guerrillero, y que puede haber recursos del narcotráfico para financiarlas.

Entiendo que las autoridades se han preparado bien para proteger la integridad de los ciudadanos y evitar daños a infraestructuras valiosas que hemos construido con enormes esfuerzos para el beneficio común; igualmente que están listas para proteger la propiedad de los ciudadanos. Confiemos en que tengan éxito.