El anuncio reciente del presidente Santos de ordenar a los negociadores en La Habana abordar con las Farc el tema del cese al fuego y de hostilidades bilateral, más que brindar tranquilidad, preocupa, especialmente a quienes viven en regiones donde el grupo terrorista aún impone su voluntad.

¿Qué pensarán los ganaderos del Caquetá que se ven obligados a pagar extorsión? ¿O los comerciantes que ven disminuidas o esfumadas sus ganancias por pagar el "boleteo"?¿O los habitantes de aquellos lugares donde no se puede salir después de 6 de la tarde por orden de las Farc?

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 217, establece que la Nación tendrá unas Fuerzas Militares permanentes que garanticen el orden constitucional, la soberanía, la independencia e integridad del territorio.

Así pues, la palabra permanente indica que el servicio prestado por ellas debe ser continuo, sin interrupciones, precisamente por tratarse de aquel valor democrático que nos permite convivir: la seguridad.

No debemos enredarnos y caer en trampas. Quienes han operado por fuera de la ley son los terroristas de las Farc, y por consiguiente, quienes deben cesar toda acción criminal son ellos, no nuestras Fuerzas Militares y de Policía, quienes deben continuar en el cumplimiento de su deber constitucional y proteger a la comunidad de los actos de las Farc y de cualquier otro grupo que amenace la tranquilidad de los colombianos.

Nuestro país ha sido testigo de las múltiples alianzas que este grupo terrorista ha tejido con otras organizaciones criminales en torno a la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal; con lo cual es muy difícil diferenciar si quienes actúan son las Farc o sus socios, y ante ello, la Fuerza Pública debe actuar.

No es por ser alarmista, pero el cese al fuego bilateral no puede terminar en la disminución - o eliminación- de nuestras Fuerzas Armadas.

Las Farc así lo han dado a entender. En su comunicado respuesta a la alocución presidencial, el grupo terrorista afirmó que el tema de la dejación de armas no concierne solamente a las Farc sino a ambas partes de manera recíproca. ¿Estará el Gobierno cediendo en ese punto también?

El presidente Santos en reiteradas ocasiones ha afirmado que el tamaño de nuestras Fuerzas Militares no se negociará en Cuba. Lamentablemente, los antecedentes demuestran la poca credibilidad del Jefe de Estado.

Hace 2 años aseguró que no iba a haber cese bilateral y hoy ya lo esta estructurando; durante su primera campaña dijo que escribía sobre piedra que no subiría los impuestos, y el país recibió el 2015 con la entrada en vigencia de la segunda reforma tributaria de su Gobierno.

Ello no puede suceder. Por el contrario, de llegarse a firmar algún acuerdo, nuestro Ejército y nuestra Policía se deben fortalecer para garantizar el orden. Las experiencias internacionales así lo demuestran.

En conclusión, para lograr la tan anhelada paz, las Farc deben parar toda actividad criminal mientras nuestras Fuerzas Armadas continúan con el cumplimiento de su deber para proteger a los colombianos, incluso a quienes se acojan al cese y a una posible posterior desmovilización.