Por Alfonso Santana Díaz, economista

Asistimos, por segunda vez, a un consejo de ministros televisado que dejó ver escuetamente la capacidad gerencial del gobernante y la de gestión, planeación y discernimiento de su gabinete ministerial.

El tema, como quedó esbozado desde un comienzo, fue la grave situación que vive el Catatumbo para cuya solución el gobierno expedirá un decreto de conmoción interior —que desde ya sugiere ampliar al tiempo máximo permitido—, con el fin de recuperar la frontera y erradicar el cultivo de coca en la mitad del área cultivada de este territorio —que supera las 50 mil hectáreas— y donde el ELN y otros grupos ilegales se disputan el territorio y un gran negocio. El gobierno dice que financiará su solución con ‘impuestos y reformar el presupuesto nacional’.

Indudablemente lo primero que hay que celebrar es que el gobierno se decide, por fin, a implantar una política de erradicación del cultivo de coca, especificando que lo hará sin acudir a la fumigación y con la ayuda voluntaria del campesinado y a apuntalar el proceso con el refuerzo de la fuerza pública.

Expuso una serie de propuestas, todas loables indiscutiblemente. Sin embargo, en la práctica se trata de poner a competir la chequera del gobierno con la chequera de los narcotraficantes. La primera, alimentada de los tributos de todos los colombianos y de los nuevos que promete el decreto de conmoción, y que incluyen al petróleo y al carbón. Esto, en medio de una lánguida y peligrosa situación fiscal —producto igualmente de esas sesudas propuestas de eliminar la explotación de estos combustibles que son fuente de ingresos importantes para el país, todo por el prurito de salvar al mundo—.

La segunda, una industria floreciente con una fábrica de producción de más de 250 mil hectáreas en todo el país, con narco ejércitos que evidenciaron su alta capacidad de intimidación y violencia, al desplazar a más de 55 mil personas en el Catatumbo, cometer asesinatos y llevar su producto hasta Estados Unidos —lo dice el gobierno—.

Enfrentar estas dos chequeras es un debate viejo, pero que vale la pena revivir para sopesar la solidez de las propuestas de solución.

Se estima que el negocio del narcotráfico generó, en 2023, 71 billones de pesos colombianos, que equivalen alrededor del 4.5 % del PIB. Si bien la propuesta de recuperar al Catatumbo —que en área es sólo el 20 % de esa inmensa fabrica— requerirá, 2.7 billones de pesos, se dijo en el consejo.

Pesos más, pesos menos, está enfrentando la chequera de los colombianos a una, mínimo cinco veces mayor proporcionalmente, que tiene una alta capacidad de corrupción y de intimidación, con el agravante de recurrir a la erradicación voluntaria y, de contera, pedirles a los campesinos a que ayuden a construir una vía para sacar los futuros productos: cacao, piña, ganado, etc. a un mercado competitivo. ¡El papel aguanta!

Y aquí entra la profunda capacidad de discernimiento de un gabinete que, obnubilado por la retórica y las metas políticas del progresismo al 2026, toma boquiabierto atenta nota: Son 2.7 billones que no todo entra al torrente de la inversión de la región, sino que se va al barril sin fondo del gasto.

Veamos: dice la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos que se harán pagos a los campesinos por 1.280.000 pesos por 12 meses, “mientras se consolida una economía legal”; se construirá una carretera para conectar a la región con el resto del país, con una inversión de 240.000 millones de pesos, agrega otro funcionario; se construirán colegios que ofrezcan educación básica y media por $387.000 millones, atina a decir otro, también universidad -una promesa que también suena conocida-, y se destinarán 42.000 millones de pesos para atender 3.654 hogares. ¿Todo eso en menos de 6 meses? ¿Se va a crear una región económica pujante de 25 mil hectáreas —óigase bien, 25 mil hectáreas con más de 55 habitantes— en 6 meses, que genere empleo, exporte productos a otras regiones o al exterior, y logre cambiar la vida de los campesinos y que encamine la región por el sendero de una paz prometida? ¡Pa creerles! La tragedia de la corrupción en La Guajira retumba en la mente de los colombianos.

Otra cara de la moneda es la sentencia con la que remata el mandatario el consejo, que impartió como una directriz para todo su gabinete, y que se convierte en sentencia catastrófica para los colombianos en la maratónica carrera política: ‘la victoria del 2026 depende de un nosotros dispuesto a luchar por lo que sabemos que no es más que dignidad. Nosotros. No yo’. (si no, corre sangre).