Hacer un llamado a la ética profesional y al rigor periodístico jamás será atentar contra la libertad de prensa, que es un derecho fundamental pero no absoluto. Existen límites, en especial cuando se vulneran la integridad y el buen nombre de otras personas, de una colectividad o de una institución, en este caso las Fuerzas Armadas de Colombia.

El artículo publicado por el mencionado periodista resultó tendencioso, desequilibrado y carente de veracidad, al distorsionar la información recaudada de distintas fuentes -incluida la suministrada por los propios oficiales de la Fuerza Pública entrevistados- y, por esa vía, convertir una Directiva del Comandante del Ejército en una orden criminal, completamente fuera de contexto.

En este sentido, la imagen deformada de nuestro Ejército Nacional presentada por Casey ante el mundo, terminó vulnerando las garantías judiciales de los más de 225 mil hombres que lo componen, quienes tienen la responsabilidad de enfrentar diariamente la barbarie de grupos armados ilegales, entre ellos el de las “disidencias de las Farc”, respetando, por supuesto, el Derecho Internacional Humanitario.

Usted ha dicho que “la libertad de prensa es vital en cualquier sociedad democrática, y es responsabilidad solemne de los funcionarios del gobierno defenderla”. Coincido plenamente en su apreciación. Sin embargo, la respetabilidad de un medio de prensa se basa en su credibilidad; y cuando esta desaparece, se pierde el respeto y la confianza de la opinión pública.

Los periodistas tienen el deber de suministrar información veraz; pero en este caso, Nicholas Casey sirvió más de activista político (como lo ha hecho en repetidas ocasiones en Guatemala), que de periodista.

Gracias a la prensa libre y seria, grandes escándalos de corrupción se han destapado en el mundo. Sin embargo, quienes tenemos el deber de enfrentar la narrativa distorsionada de la realidad, tenemos también derecho a ejercer nuestra libertad de expresión, contemplada en el Art. 20 de la Constitución Política de Colombia y en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Para finalizar, senador Leahy, su pretensión de que prospere una denuncia por parte del Gobierno en mi contra por estos hechos, vulnera el principio elemental de separación de poderes, el cual no puede dejar al margen un parlamentario de larga trayectoria como usted. El Gobierno no puede intervenir en el actuar del Congreso Nacional y, mucho menos, censurar o judicializar sus opiniones. No sobra advertirle que mi obligación como parlamentaria es denunciar todas aquellas actuaciones y estrategias que, bajo el abrigo y mal uso de la defensa de los derechos humanos, ocultan una clara intencionalidad política.

Hoy, más que nunca, a pesar de las presiones y acusaciones de las cuales soy objeto, reitero mi compromiso con los héroes de Colombia, que han sido por décadas ejemplo de entrega y abnegado sacrificio para honrar sus obligaciones constitucionales; por lo que ahora no podemos permitir que sean estigmatizados por hechos aislados y mediáticamente reciclados, por un periodismo tendencioso y falaz.

Con toda consideración,

María Fernanda Cabal Molina 

Senadora de la República de Colombia

C.C Excelentísimo Señor Presidente Iván Duque Márquez.

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