En cuanto a la inseguridad jurídica manifiesta el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería Santiago Ángel que “si las cortes siguen abriendo en forma retroactiva y parando los proyectos y las ampliaciones, no vamos a ver el año dorado del carbón en 2018”.   Pero, la verdad sea dicha, una de las principales fuentes del activismo judicial y del exacerbamiento de los conflictos sociales en las regiones en donde operan las empresas extractivas es la falta de un ordenamiento territorial, dando lugar a un  conflicto de usos y de ocupación del territorio y de contera un conflicto de competencias entre las entidades territoriales y el Gobierno central.   Un ejemplo patético de ello es el lío que se ha armado alrededor de la tardía delimitación del Páramo de Santurbán. A esto se viene a añadir, en el caso de la minería, los vacíos jurídicos que deja el anacrónico Código de Minas, que no responde a las nuevas realidades.   Pero, indudablemente, el detonante de la inconformidad y la insatisfacción en las regiones productoras fue la expedición del Acto legislativo 05 de 2011, que reformó el régimen de regalías en detrimento de ellas, que ahora no se sienten bien compensadas con lo que reciben con el nuevo reparto de las mismas.   Alegan, y con razón, que el mayor impacto económico, social y ambiental de la actividad extractiva se da en el territorio en donde operan las empresas.   En su momento se adujeron razones de equidad para repartir la “mermelada” en toda la tostada nacional, pero el impacto no se reparte, se queda en las regiones productoras.   Se pretextó también que el manejo de las regalías en las regiones era una fuente de corrupción, pero con el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) lo que se hizo fue vender el sofá de la infidelidad, porque la corrupción ha hecho metástasis y ninguna institución o rama del poder público ha escapado a ella.   En su momento, ante la amenaza en ciernes del despojo desde las regiones, clamaban porque le dejaran las regalías y se llevaran a los corruptos y lo que sucedió fue todo lo contrario: ¡se llevaron las regalías y les dejaron a los corruptos!   Capítulo aparte merece la proliferación de consultas populares y acuerdos municipales en contra de la actividad extractiva. De los 1.122 municipios con los que cuenta el país, desde el año 2013 se han realizado consultas populares en 9 de ellos, en 127 están en curso iniciativas para prohibir la actividad extractiva a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellas 81 consultas populares y 46 acuerdos municipales aprobados, de los cuales sólo 9 han sido objetados.   Las altas cortes le han dado un espaldarazo a estas iniciativas ciudadanas al disponer de una parte que son las entidades territoriales las competentes para determinar la viabilidad de la actividad extractiva en su territorio y de otra que el resultado de las consultas populares tienen efecto vinculante.   Es de anotar que la actividad extractiva ha sido y sigue siendo una de las más importantes fuentes de ingresos del Estado, así como del Gobierno central como de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) casi su única fuente de financiación de sus proyectos de inversión.   En el año 2013, la actividad extractiva le llegó a significar al país entre impuesto de renta, regalías y dividendos, la no despreciable suma de $29.8 billones, de los cuales $20 billones se apropiaron en el Presupuesto General de la Nación, representando el 29.3% de sus ingresos corrientes. Para ese mismo año el SGR recibió el remanente, es decir $9.8 billones.   Es más, según la Contraloría General, entre 2012 y 2016 la actividad extractiva alimentó al SGR con $40.3 billones, de los cuales el 80.4% provinieron de la extracción de crudos y el 19.6% de la minería propiamente dicha.   Y, según el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Luis Guillermo Vélez, el freno de mano que le han impuesto las protestas, bloqueos y oposición a la actividad extractiva se han dejado de recibir “por concepto de regalías cada año superarían los $226.000 millones y significarán para el país en los próximos cinco años un hueco fiscal de $1.2 billones”.   De manera que quienes le dicen no, sin atenuantes, a la actividad extractiva en el país deberán decir también con qué otras fuentes de ingresos se van a suplir los que se dejarían de recibir si ella se paraliza, porque estamos hablando de un monto sustancial de recursos con los cuales se financia  tanto el funcionamiento como la inversión del Estado.   Amylkar D. Acosta M. es Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net Publicado el KienyKe 5 de febrero del 2018.