Nadie sabe qué está pasando en realidad en las 26 “zonas veredales transitorias de normalización”, ni en los puntos de “pre agrupamiento temporal” de narco-guerrilleros.   En muchos de esos lugares, controlados por gente armada de las Farc, ni la prensa, ni las autoridades departamentales son admitidas. En unos puntos los dejan pasar solo por unos minutos. En otros, son tratados como “personas no gratas”, como reveló, a mediados de enero, Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia. Ella y su equipo no pudieron entrar a algunos sectores de pre agrupamiento.  

En cambio, los agentes de la ONU y del Gobierno nacional sí son bien recibidos. Pero estos son mudos y no le rinden cuentas a nadie. A finales de diciembre, las Farc anunciaron que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, no podría entrar a las 11 zonas de su departamento para verificar las denuncias que él estaba recibiendo por “comportamientos indeseables” de los guerrilleros. El país se indignó ante tal ilegalidad y Pérez fue autorizado por un consejero presidencial para hacer visitas pero muy pronto el incidente fue olvidado.   Las magras informaciones recogidas en esas condiciones por la prensa dejan ver que la pretendida concentración de irregulares está tomando una dinámica diferente a la prometida por el Gobierno de Juan Manuel Santos. El desarme de las Farc está aplazado, así el Gobierno diga lo contrario. En lugar de un ambiente de distención y desarme lo que ocurre en esos territorios es lo contrario. En ciertos departamentos, sobre todo en Nariño, Caquetá y Guaviare, este último donde el “frente número uno” de las Farc no aceptó el pacto Santos-Farc, las llamadas “disidencias” de la organización narcoterrorista están reclutando menores a la fuerza. Lo acaba de confirmar Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió por su parte que las Farc están reclutando cerca de las zonas veredales para incorporar gente al “proceso de desmovilización” de suerte que los guerrilleros más duros sigan con el tráfico de drogas.   En otros lugares, varios civiles han sido asesinados. La explicación ofrecida por la prensa es que las Farc están liquidando a sus “desertores” y a sus “disidentes” y violando así el pacto de cese al fuego bilateral que tienen con el Gobierno desde el 29 de agosto. Estas niegan eso, en uno parajes. En otros lo confirman. Por ejemplo, este 19 de enero, el Bloque Sur de las Farc admitió que uno de sus destacamentos le había dado bala a un grupo “disidente” al mando de un tal Alexander Mojoso y que hubo 2 muertos. Los agresores, de la “Teófilo Forero”, columna con un tenebroso historial, obligaron a sus excompañeros a enterrar los 2 asesinados. Desde Bogotá, el Ministerio de Defensa dice que las Farc no deben exterminar a sus disidentes pero tales frases no parecen tener impacto alguno.   Algunos jefes militares afirman, por el contrario, que las Farc están cumpliendo lo pactado. El contralmirante Carlos Serrano, comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico de la Armada, dice que las columnas Daniel Aldana y la Mariscal Sucre de las Farc “están pre concentradas y listas para irse a las zonas veredales” y que carece de información sobre disidencias de la guerrilla.   A su vez, el “frente 18” de las Farc se queja. Dice que se están acercando a la periferia de Ituango algunos “paramilitares”.  La indefensa población civil tiene miedo por eso y por las otras irregularidades, como lo denunció Héctor Giraldo Granda, concejal de ese municipio, quien agrega que lo peor es la “incertidumbre” y la “desinformación” en que viven los pobladores. Pues el Gobierno no hace nada para orientar a la ciudadanía. Y esta, sin saber a qué atenerse, depende cada vez más de la gente armada que se está instalando en las inmediaciones. “Ni en la junta de acción comunal, ni en la Alcaldía saben algo, es una situación que no genera confianza”, concluye Giraldo.   El tema crucial de los niños que están en poder de las Farc y del ELN en calidad de soldados, y el de los menores que están siendo reclutados por los grupos “disidentes”, tampoco recibe un tratamiento adecuado por parte de las autoridades. Eso les permite a los jefes narco terroristas jugar a su antojo. Por ejemplo, un jefe de las Farc acaba de decir que ellos solo entregarán 20 menores dentro de unos días pues no tienen más. ¿Qué responde a eso el Gobierno?  Nada.  La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en un asombro comunicado, no aporta información alternativa y, por el contrario, confirma que en el norte del Valle del Cauca, región tradicionalmente afectada por el robo de niños de la comunidad Emberá Chamí, no hay casos nuevos de reclutamiento y que esa región solo “presenta dinámicas de riesgo”. Advierte que solo hay reclutamiento de niños indígenas “en el resguardo Batatal, en el Cañón de Garrapatas, limítrofe con el Chocó”.   El país desconoce el número exacto de guerrilleros que deben marchar hacia las zonas veredales. Las Farc no han dado la cifra de sus combatientes. Bogotá calcula que deben ser 6.000 y que sus milicias (bandidos no uniformados) son 3 veces más. Nadie sabe tampoco qué límites tienen las áreas de “concentración”, ni qué tamaño ya han adquirido. “Las Farc se están tomando lo que les da la gana”, resumió el exministro uribista Fernando Londoño Hoyos.   Los guerrilleros llegan, en efecto, ocupan un espacio cualquiera, sin que nadie los contradiga. La escuela veredal de Santa Lucia (Antioquia) fue ocupada sin autorización por 59 subversivos, según un diario antioqueño. Los recién llegados justifican sus abusos diciendo que el Gobierno no ha enviado los ladrillos para construir los alberges. En otros lugares sí llegan ladrillos y hasta buldóceres y más maquinaria pesada para adecuar los terrenos. Pero como cunde el desorden y la improvisación las Farc aprovechan eso para acusar al Gobierno de negligencia y mostrarse como víctimas. Reclaman que no les han instalado luz eléctrica ni servicios de agua y que no les están abriendo las carreteras prometidas, ni enviándoles los alimentos y los equipos médicos anunciados. Élmer Arrieta, un cabecilla del frente 18 de las Farc, habló de la “mala calidad” de los alimentos que recibieron, antes de anotar: “Actualmente tenemos nuestros propios alimentos, incluso contamos con una huerta, por el momento no pasamos problemas”. Decenas de guerrilleros enfermos se quejan de no tener la atención médica urgente que esperaban tener.   La prensa sospecha que las “zonas veredales transitorias de normalización” van a ser, en verdad, pueblos nuevos de carácter permanente, pues algunos guerrilleros así lo han hecho saber. Nadie sabe a ciencia cierta qué están construyendo las Farc, si a las viviendas ordinarias les agregan casamatas, trincheras y túneles. Pues las obras son muy poco vigiladas. Cuando la Fuerza Pública pasa cerca de esas zonas las Farc gritan que hay un “hostigamiento del Ejército” y que hay “violación del cese al fuego”. Fue lo que dijeron cuando 9 militares en motos se acercaron a una vereda de pre-agrupamiento en Vista Hermosa (Meta), el 23 de diciembre pasado. Vociferan lo mismo si un avión llega a sobrevolar la zona.   En otras palabras, en las llamadas zonas “de concentración” y en las “veredales de normalización” el Estado y la Fuerza Pública han perdido el control de la situación y la población --civil y fuera de la ley-- ha sido abandonada a su suerte. ¿Dónde están los Ministerios (sobre todo de Defensa, Salud, Educación, Obras Públicas, Justicia), y las comisiones de paz del Congreso y la Procuraduría y la Fiscalía, que se supone deben ayudar a la nación en esas zonas y en la difícil coyuntura de “proceso de paz”?  En ninguna parte, pues el acuerdo Santos-Farc, rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, pero reimpuesto por Santos mediante un trámite legal dudoso, que no consultó a la ciudadanía, prohíbe tales “injerencias”.   Como las cosas van tan bien, el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, anunció que el país tendrá pronto un “Gobierno de transición”. El 23 de enero advirtió que ese Gobierno deberá “implementar los acuerdos” Farc-Santos, “reparar a las víctimas”, hacer una “apertura democrática” y garantizar “el buen vivir”. Tal declaración creó pánico. La ciudadanía sabe que cuando las Farc hablan así es porque están preparando nuevas atrocidades. Otro cabecilla, Carlos Losada, reiteró, en efecto, que en el Gobierno que viene solo estarán las fuerzas que apoyen la “implementación del acuerdo” y que la línea que impulsarán en el Congreso será idéntica al “proceso bolivariano de Venezuela”. Poco después, el Gobierno anunció la instauración de un nuevo sistema electoral (la oposición teme que Santos quiera imponer el uso de las máquinas de votar electrónicas que le dieron tan excelentes resultados a la dictadura chavista en Venezuela). El otro monstruo que hace parte de la ejecución de los acuerdos es la patética “justicia especial para la paz”, un aparato totalitario de represión y venganza al servicio de las Farc.   Contra aquellos que denuncian estas cosas, sobre todo la crisis del “proceso de paz”, el Gobierno toma medidas. Al exministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, quien en su programa radial matutino critica la gestión de Santos, el Gobierno le redujo drásticamente la escolta, alegando que las Farc ya no son un peligro. Londoño fue víctima de un sangriento atentado con bomba de las Farc el 15 de mayo de 2012 en Bogotá y sigue siendo amenazado de muerte por el narco-terrorismo.  Tal medida fue tomada como una señal ominosa por muchos otros periodistas del país.   No obstante, algunos voceros de la oposición, tras olvidar lo decidido por el electorado el 2 de octubre, se muestran dispuestos a acatar el rechazado proceso con las Farc. Y hasta sueñan con unas serenas elecciones, presidencial y legislativa, en 2018. Carlos Holmes Trujillo, pre candidato del partido Centro Democrático, estima, por ejemplo, que “no es bueno para el país” que ese proceso forme parte del debate político y del “meollo de la controversia pública nacional”. Iván Duque, otro pre candidato de dicha formación, extrañamente exaltado por sectores del Gobierno como “el mejor senador de 2016”, dice que el problema grave del país no es la forma que toma la ejecución de los acuerdos Farc-Santos sino la  “impreparación de las instituciones” para “responder a la implementación de los acuerdos de paz”. El problema, en realidad, no es la Constitución sino la abolición de esta por las extremas concesiones hechas por Santos a las Farc. Duque ha sido acusado por miembros del CD de tener compromisos con la organización izquierdista del multimillonario americano George Soros y ha sido incapaz de responder a sus críticos.