El Presupuesto General de la Nación es un documento político en el cual se fijan las prioridades del gobierno. También es útil para identificar las fortalezas o debilidades de una economía. Un análisis del presupuesto nacional para el 2018 permite deducir la enorme rigidez que ha adquirido el manejo de las finanzas públicas y el poco margen de maniobra que el próximo gobierno tendrá en la materia.

De los $235 billones aprobados por el Congreso para la próxima vigencia, 147 están destinados a gastos de funcionamiento, lo que equivale al 63 % del total. Un 20 %, equivalente a $48 billones, irá al servicio de la deuda y el 17 % restante ($40 billones) se destinará a la inversión pública. Se confirma el carácter residual de esta partida que cada vez queda más arrinconada por los gastos fijos y el costo creciente de las obligaciones del Estado. Producto de los compromisos constitucionales, las interpretaciones de la Corte Constitucional, la presión de los entes territoriales, el abuso de las vigencias futuras y el desborde del problema pensional, el 85 % del presupuesto nacional está compuesto por partidas inflexibles.   El presupuesto del 2018 representa 24 % del Producto Interno Bruto. El gasto público es, entonces, responsable de 1 de cada 4 pesos generados por la economía colombiana. De este total, una tercera parte corresponde al peso creciente de las pensiones que representan el 4,1 % del PIB y de las transferencias a los entes territoriales (3,8 %).   Dada la tendencia de la población a ir envejeciendo, la factura pensional no puede sino crecer. Este gobierno, de forma cómoda, decidió capear este grave problema dejando a su sucesor la tarea de reformar un modelo que ha venido acumulando desventajas y que debe sufrir cambios estructurales. Seguir evadiendo este reto solo agravará el peso de la carga pensional sobre las finanzas públicas.   Si se mira la estructura de ingresos, se deduce la gravedad del balance estructural del presupuesto. Los ingresos recaudados por la Dian en el 2017 estarán por los $127 billones, que equivale al 54 % de los $235 billones presupuestados. Las pensiones ($40 billones), transferencias ($38 billones) y el servicio de la deuda ($48 billones) del 2018 son equivalentes al total del recaudo del Gobierno Central Nacional. Esta circunstancia refleja, mejor que cualquier otra, la gravedad del problema fiscal de Colombia.   No es, entonces, de extrañar que las agencias calificadores de riesgo miren la coyuntura futura del país con ojos de preocupación.   Si a ello le adicionamos la tendencia al aumento en la tasa de interés en Estados Unidos y la posible devaluación del peso, el costo de nuestra deuda externa castigará aún más las finanzas públicas.   El nuevo gobierno recibe una situación en la que solo podrá implementar una política de austeridad que deberá conservarse durante todo el cuatrienio. De lo contrario, seguiremos por la senda peligrosa que nos llevaría a la pérdida del grado de inversión con todas sus consecuencias financieras y su impacto sobre los flujos de capitales.   Frente a este reto, sería muy oportuno poder generar un consenso político amplio que permita enfrentar la delicada situación fiscal. De lo contrario, la camisa de fuerza presupuestal puede ahogar la economía.   Portafolio, Bogotá, 19 de diciembre de 2017