No hay que tener miedo a decir lo obvio: a Colombia se la tragó la corrupción enquistada en las más altas esferas del poder público y privado.   Hay bandidos en la rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial; en las empresas nacionales y multinacionales; en los gremios y en la prensa; en el deporte y la cultura; en la salud, las iglesias, la educación, donde uno mire.

En medio del derrumbe moral de Colombia, conviene recordar al fallecido académico estadounidense Mancur Olson (1932-1998), cuya obra póstuma Poder y prosperidad (Basic Books, New York, 2000) es un referente sobre los costos económicos de la corrupción.   Reficar, Odebrecht, la trinca extorsionadora de la Corte Suprema, el cartel de la hemofilia, y tantos otros escándalos son la demostración del bandidaje gubernamental, un concepto en el que este profesor de la Universidad de Maryland hizo importantes contribuciones.   Interesante es la tesis de Olson en el sentido de señalar que los bandidos, por el carácter ilegal de sus actividades, tienden a estar en movimiento para evitar la acción de la justicia.   Una de las características del bandidaje gubernamental es que el criminal logra, gracias al control del poder, estabilizar sus actividades en una región, lo que hace mucho más rentable su actividad delictiva. Es el caso del policía corrupto que, aprovechando su autoridad, construye un sistema de peajes y extorsiones al que somete a los ciudadanos y criminales que están en su área de influencia.    Pero la descripción de Olson aplica al caso de Odebrecht, en cual personas muy cercanas al Presidente utilizaban la estabilidad de su acceso al poder para exigir coimas por contratos colosales. Por ejemplo, el cartel de la toga, en el que magistrados de la más alta corte nacional exigían –sin vergüenza ni pudor– sumas multimillonarias por archivar procesos e influir en las decisiones judiciales. Ninguno de estos bandidos teme a la ley y al poder, porque son la ley y el poder.   Mancur Olson desarrolló el concepto del “bandido estacionario”, que es aquel que logra controlar una esfera del poder o un territorio, lo que magnifica sus ganancias. Es el ejemplo de los Prieto, Ñoños, tantos magistrados de las altas cortes. Pero es también lo que sucede con los jefes de compras en las empresas o en las cadenas de supermercados.   Es el caso de los empresarios que se adueñan de los programas de apoyo de los fondos parafiscales, o de los periodistas que cobran por proteger a quienes les dan pauta, de los pastores que extorsionan a sus fieles con el diezmo, y tantos otros ejemplos de prácticas corruptas enquistados en nuestra sociedad.   Los trabajos de Olson confirman que esta forma de corrupción es un inmenso freno al desarrollo. Este modelo de bandidaje gubernamental es propio de los regímenes populistas como el venezolano, donde el chavismo es un sangrado permanente de los recursos públicos para la trinca de amigos del gobierno.   Pero es el caso de la cleptocracia capitalista que gobierna a Colombia. Los Rodríguez Orejuela creían haber llegado a la máxima expresión de bandidaje, cuando compraron la presidencia de Samper. Hoy, hay sistemas mucho más sofisticados de controlar el poder y enriquecerse.   Coletilla: mientras todas las estadísticas confirman que la economía está paralizada, el desempleo baja. ¡Milagro!   Portafolio, Bogotá, 05 de septiembre de 2017