Una constante en la decadencia de las civilizaciones es el aumento de las normas que los rigen. Fue cierto en Egipto, en Grecia y en Roma. La decadencia de Occidente con las invasiones bárbaras coincide con la proliferación de leyes y reglamentos expedidos por los miles de señores feudales que fraccionaron la geografía del Viejo continente.

Cada uno definía pesos y medidas, restringía el comercio, prohibía actividades, cobraba impuestos, reglamentaba hasta los detalles del matrimonio y se inmiscuía en la vida privada. La Independencia de América es, en buena medida, una revuelta contra las leyes absurdas e injustas expedidas por los imperios europeos.

Si la decadencia de una sociedad está relacionada con el número de leyes expedidas, Colombia es una de ellas. Un trabajo de Planeación Nacional estima que en el país hay 95.000 leyes y normas vigentes. El abogado Rodolfo Valero y Borrás se puso en la tarea de contabilizar las leyes expedidas desde el 27 de diciembre 1820 y llegó a la suma de 5.967,000.

Al empezar el gobierno Duque el DNP estimó que, desde el inicio de este siglo, el poder Ejecutivo había firmado 31.727 resoluciones, 13 mil decretos y 560 circulares. Solo esta rama del Estado produce en promedio 2.000 normas al año, unas seis al día. Y están los otros poderes públicos, las gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos municipales, superintendencias y demás agencias del Estado que compiten por llenar el Diario Oficial de todo tipo de normas.

Cada burócrata colombiano tiene alma de legislador santanderista y cree que las leyes son la solución a los problemas del país. Además, quiere dejar su impronta imborrable en la historia con su genio creativo. Aquí hay leyes para todo y en su gran mayoría son simbólicas, pues no se aplican ni se hacen respetar.

El problema empeora. El Congreso virtual, celoso de haber perdido protagonismo, responde con una avalancha de proyectos de ley. Al viernes pasado, en las secretarías de Senado y Cámara de Representantes, estiman que se han presentado 422 proyectos de ley y el número con seguridad seguirá subiendo en las semanas que vienen. Muchas de ellas no lograrán culminar el trámite legislativo y serán archivadas.

Algunas serán positivas. Pero la inmensa mayoría de las sancionadas son innecesarias, crearán requisitos inútiles, más burocracia, requerirán mayor gasto público y por lo tanto más impuestos. Servirán para reglamentar aún más aspectos de nuestra vida y de la sociedad limitando nuestras libertades individuales.

El Congreso colombiano debería, como los parlamentos europeos, concentrarse en el control político del gobierno y en la aprobación del presupuesto nacional.

Es en esos aspectos que su labor es indispensable. Pero el control político se ha vuelto una interminable quejadera contra el gobierno. El proceso de aprobación del presupuesto es tan sólo un interminable mercadeo de solicitudes imposibles de cumplir con los menguados recursos fiscales.

Los parlamentarios no deberían medir su eficiencia por el número de proyectos presentados sino por el número de proyectos innecesarios atajados. Mucho bien le harían a la sociedad, asfixiada por el exceso de normas.

Miguel Gómez Martínez

Presidente de Fasecolda

migomahu@hotmail.com

Portafolio, julio 28 de 2020