"Seguridad, seguridad, seguridad”, es el título de la columna del constitucionalista Juan Manuel Charry Urueña en la revista Semana. Como si quisiera evocar el famoso eslogan del expresidente Álvaro Uribe Vélez, “trabajar, trabajar y trabajar”, el abogado experto en ciencias políticas pone el dedo en la llaga...     ...sobre las características de la situación que han llevado a que en el país exista una verdadera crisis de seguridad, que se ha puesto de manifiesto con ocasión de los paros y los bloqueos de los últimos meses y que hay que atender imperativamente si o si, o si.  

¨La difícil situación de millones de migrantes, unida a la crisis económica causada por la pandemia, el desempleo y la falta de oportunidades, como era previsible, han generado un incremento en los delitos contra la propiedad y a veces lamentablemente contra la vida y la integridad personal¨, es parte del diagnóstico que acertadamente describe el columnista, quien además asesora al Ministerio de Defensa en asuntos legales.

Su observación sobre los frecuentes robos violentos, la utilización cada vez más de armas de fuego, en medio de una desproporcionada escalada de la violencia, con bandas de motociclistas que asaltan despiadadamente a sus víctimas, muestra la sensación de inseguridad palpable y preocupante porque genera una percepción desesperanzadora. El experto divide en tres causas la situación de desbarajuste económico que atiza la inseguridad, el aumento del desempleo, el déficit de la salubridad pública, ambas debido a la pandemia del covid-19, además la violación de los derechos y libertades.

Estos factores que ciertamente alteran el orden público y que por ende afectan la seguridad no son óbice para que el constitucionalista olvide que existe otro factor que atenta contra la seguridad, la agenda manifiesta de la extrema izquierda en el propósito desestabilizador del país, para lo cual debe necesariamente alimentar el clima de inseguridad. Nadie que quiera analizar lo que sucede hoy en Colombia puede pasar por alto que el candidato que perdió las elecciones con el presidente Iván Duque, el líder de la oposición, Gustavo Petro, sentenció casi desde el día de la derrota, antes de la pandemia que iba a sacar la gente a la calle y a promover la desestabilización del gobierno actual.

Apela el constitucionalista a que la Carta Magna del 91 establece que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Recuerda que la Constitución señala los deberes de las personas, que poco se invocan, entre los que están el respeto por los derechos ajenos, el no abusar de los propios derechos, el obrar conforme al principio de solidaridad y el apoyar a las autoridades. En este caso si hace una expresa referencia a que los integrantes de la llamada primera línea no son conscientes de estos deberes.

Como si estuviera de acuerdo con la aspirante presidencial María Fernanda Cabal, el constitucionalista le recuerda al gobierno que “el presidente de la República está obligado a garantizar los derechos y libertades de todos, así como a conservar el orden público en todo el territorio y a restablecerlo donde fuere turbado, en consecuencia, dirige la fuerza pública, en coordinación con los alcaldes, quienes son la primera autoridad de policía del municipio”. Refresca, además, la memoria para que ni gobierno ni ciudadanía se permitan olvidar que “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, y para asegurar que los habitantes convivan en paz”.

Luego de hacer un recorderis sobre que la dirección de la economía por orden constitucional está a cargo del Estado, el cual debe intervenir para garantizar el pleno empleo y en particular a los de menores ingresos, trae oportunamente a la memoria que el gobierno está obligado por intermedio del Banco de la República a velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Por otro lado, por si a alguien se le ha olvidado rememora que la Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal e investiga los hechos que pueden configurar delitos y que es a los jueces a quienes corresponde su juzgamiento.

En general Charry, desde su visión académica, atina al hacer énfasis en que la autoridad hay que restablecerla para garantizar la seguridad, uno de los tres huevitos del expresidente Uribe que ya sólo se le escuchan a la única candidata uribista no vergonzante, María Fernanda Cabal, quien suscribiría totalmente la columna del constitucionalista con la condición de que le permitieran cambiar el título por “Autoridad, Autoridad, autoridad, porque de seguro la aspirante presidencial está de acuerdo plenamente con las conclusiones del columnista que dan en el clavo tan de bulto que merecen ser citadas literalmente.

“Las soluciones se encuentran en el cumplimiento de la Constitución, el respeto de los derechos de los otros, el cumplimiento de los deberes ciudadanos y la solidaridad; la protección de las libertades y derechos por parte de los gobiernos nacional y locales; el deber de cuidado de la salud propia y comunitaria; y, la intervención estatal para lograr el pleno empleo, así como conservar la capacidad adquisitiva de la moneda”, escribió el abogado constitucionalista sin pelos en la lengua.

“En fin, la seguridad depende, como dice la Constitución, del cumplimiento de los deberes y de la colaboración de las personas con las autoridades, especialmente, con la Policía Nacional y los alcaldes municipales”. Total.