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En su edición del pasado 13 de diciembre, el diario El Tiempo trae un impresionante informe sobre el peso del narcotráfico en la economía colombiana. Nuestro país recuperó el triste papel de primer productor mundial de cocaína. Las cifras no pueden ser peores. En el 2017, los ingresos estimados del narcotráfico crecieron 150 por ciento con respecto al 2016, para alcanzar la impresionante cifra de 15 mil millones de dólares equivalentes a un 5 por ciento del Producto Interno Bruto. En el 2016, el narcotráfico representaba tan solo 2 por ciento del PIB. Las 170 mil hectáreas sembradas en hoja de coca produjeron 1.380 toneladas de cocaína pura, suficientes para llenar unos 40 tracto-camiones de 30 toneladas.
De esa magnitud es el problema que hoy desborda la capacidad del Estado para controlarlo. Los departamentos fronterizos como Nariño, Putumayo, Norte de Santander representan el 60 por ciento del área sembrada a nivel nacional. Se estima que el área cultivada en hoja de coca hoy supera las 200 mil hectáreas. El ritmo de crecimiento es exponencial y todo indica que, en el 2018, la tendencia se confirma.
Este desastre es el resultado de la política complaciente del anterior gobierno, que aceptó entregar el control territorial como concesión a las Farc en medio del proceso de negociación del acuerdo de paz. También la decisión de la Corte Constitucional prohibiendo la fumigación aérea facilitó la expansión de las áreas sembradas y redujo la eficacia de la erradicación. El gobierno Santos creyó, ingenuamente, que las Farc estimularían los esfuerzos voluntarios de substitución de cultivos. Es desconocer el peso corruptor y la capacidad de amenaza de las mafias relacionadas con este negocio en expansión. La idea de que actividades agropecuarias normales van a resultar más atractivas que las ilegales, es un claro ejemplo del ‘buenismo’ de quienes creen que, sin capacidad coercitiva, se recuperará el control territorial perdido. Aceptemos que la yuca nunca será tan rentable como la hoja de coca.
El narcotráfico es, de lejos, el principal problema de nuestra economía y nuestra sociedad. Nada es posible si no reducimos de manera drástica este fenómeno criminal. No es solo el impacto sobre la violencia y el delito. Es también la explosión del consumo de estas sustancias a nivel nacional. La creciente cantidad de adictos comprometen el futuro de las generaciones más el impacto que tienen sobre los costos de salud. El narcotráfico distorsiona el sistema de precios, afecta la tasa de cambio, destruye el campo y obliga a dilapidar recursos presupuestales en funciones de represión y combate contra este flagelo.
El narcotráfico corrompe y destruye todo lo que toca, desde los partidos políticos, pasando por las instituciones, la prensa y la moral pública. Es una inmensa amenaza para la democracia y las libertades. El Estado tiene que recuperar la iniciativa contra las mafias con toda la firmeza y los medios disponibles. Cada centímetro que se les quite a los narcos abre un espacio para el futuro de nuestra sociedad. Esta es una guerra, así muchos no lo quieran reconocer.
Perder la batalla contra el narcotráfico es hacer inviable nuestro país. Así de simple. Portafolio, diciembre 18 de 2018