Poco informan los medios sobre Simeón Delgado, vigilante del ICA en Saravena y víctima fatal del cobarde atentado con carro bomba. Mañana será otro muerto anónimo de la violencia que se ha ensañado con Arauca, pues no termina enero y Simeón es la víctima número 25, sin contar desaparecidos y más muertos al otro lado de la frontera.
Los araucanos son un pueblo valiente; de allá salieron los lanceros que cayeron sobre las tropas españolas en el Pantano de Vargas en 1819, pero están aterrados por una violencia que no los abandona. Hace diez años, en 2012, en este mismo espacio le pedía al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, establecer en Arauca una “Zona de Alta Vigilancia Militar” contra la violencia del ELN, ya acantonado en Venezuela con la bendición del “nuevo mejor amigo” de Santos.
Arauca era feudo del ELN, especializado en ataques a la infraestructura petrolera y la ganadería, las dos principales actividades de la región. Para ello, y para garantizar el control territorial a los corredores de la droga, que ya alimentaba la narcodictadura vecina, los “paros armados” estaban a la orden del día. En julio de 2012, el ELN celebró 48 años de terror con un paro armado que repitió dos meses después, en septiembre, para celebrar 36 años del frente Domingo Laín, paralizando Arauca y otros departamentos, mientras el gobierno estaba ocupado negociando con las Farc. ¡Vaya celebraciones!
Era una violencia endémica y lo sigue siendo, pero la de hoy es aterradora y sin tregua, pues después de la firma del Acuerdo para una paz estable y duradera que nadie ha visto, y menos los araucanos, las “disidencias”, también alojadas en Venezuela, le echaron el ojo al gigantesco negocio del narcotráfico en la frontera y decidieron arrebatárselo a los elenos a sangre y fuego…, y en esas estamos.
Si le preguntamos a un “progresista” por la razón de la violencia en Arauca, responderá, con mucho de cinismo, que es la falta de implementación del Acuerdo, un discurso mentiroso que echan de memoria, porque la causa es EL NARCOTRÁFICO.
Si le preguntamos a un “centrosantista”, con igual cinismo responderá que es la falta de inversión social, que es lo mismo que el incumplimiento del Acuerdo; inversión que no hizo el gobierno Santos pero que hoy sí se reclama, desconociendo la causa de la violencia actual: EL NARCOTRÁFICO.
Si le preguntamos a un magistrado de la Corte Constitucional estará de acuerdo con los anteriores, porque considera el Acuerdo como parte de la Carta, y reconocerá el papel del narcotráfico, pero insistirá en que la aspersión aérea con glifosato afecta la salud y el ambiente, desconociendo el mayor daño de las drogas a la salud pública y la mayor degradación ambiental producida por la siembra y el procesamiento. ¿A quién le conviene esta posición?: AL NARCOTRÁFICO.
Si le preguntamos a un líder social quién está detrás de la violencia contra sus organizaciones, destinatarias del atentado en Saravena, culpará a los despojadores de tierras y a la falta de protección del gobierno. ¿Quiénes son actualmente esos despojadores?: EL NARCOTRÁFICO.
El país parece ciego frente al narcotráfico, que ha financiado durante décadas todas las formas de violencia en el campo y hoy financia también el vandalismo urbano y el ambiente de caos e inseguridad en las ciudades, frente a lo cual se erige como salvadora la verdadera amenaza: el progresismo comunista.
Nota bene: En un comunicado he respondido a las delirantes declaraciones de Benito Osorio, un “refrito” del que ya me defendí hace diez años y lo seguiré haciendo.
@jflafaurie