Justamente, en momentos en que el mundo entero se aprestaba a celebrar el Día mundial del Agua, los medios difundieron profusamente las imágenes dantescas de dos hechos deplorables que ponen de manifiesto los estragos del fenómeno del calentamiento global y sus secuelas en el medio ambiente. Se trata de la sequía que asola al norte de Casanare, provocando una mortandad de especies nativas y el devastador incendio en el Chocó que ha arrasado más de 3.000 hectáreas, amenazando con convertir al Parque Nacional de los Katíos en pasto de las llamas. En ambos casos la pagana ha sido el preciado líquido vital, el agua!

Y esto ocurre en Colombia, el primer país en el mundo en biodiversidad por kilómetro cuadrado y hasta los años 90 el cuarto país con la mayor disponibilidad de agua dulce por habitante del globo terráqueo. Lamentablemente, como producto de la acción combinada del impacto del cambio climático, la deforestación de 148 mil hectáreas anualmente y la degradación de algunos ecosistemas estratégicos para la regulación del agua, Colombia se ha visto relegada al puesto 24. Ello explica en gran medida el fenómeno que se viene dando a lo largo y ancho del país con los glaciales, los cuales, según el IDEAM, en los últimos 30 años se ha derretido el 57% de los mismos, lo cual es muy sintomático de lo que se nos viene pierna arriba sino se para esta carrera alocada de destrucción de nuestro propio hábitat.

A este propósito ha venido haciendo carrera en el país la especie según la cual la actividad de sísmica, exploración y explotación de hidrocarburos está afectando la oferta hídrica en las regiones en donde se desarrolla. Al punto que se ha vuelto un cliché la frase según la cual el país tendría que decidirse por el agua o por el petróleo, para quienes levantan esta consigna no hay término medio. Pero, ya veremos que esta es una falsa disyuntiva; en lugar de contraponer el agua al petróleo, debemos más bien ver cómo proteger el agua sin impedir el desarrollo de la industria petrolera, que también requiere el país para su desarrollo económico y social.

No se puede perder de vista que el sector minero junto con el hidrocarburífero constituyen la caja registradora, la que genera los recursos con los cuales el Estado financia sus inversiones, entre ellas las que están encaminadas a proveer de agua potable a la población. Valga decir a modo de ilustración que para el año 2012, entre impuestos y dividendos la Nación recibió de parte del sector minero-energético la suma de $31.4 billones, el equivalente al 80% del presupuesto de inversión de ese mismo año y al 24.9% de sus ingresos corrientes. Y es con tales recursos como se ha podido presupuestar por parte de la Nación para el cuatrienio 2010-2014 una inversión en abastecimiento de agua potable del orden de los $3.3 billones y a estos recursos se vienen a sumar más de $1 billón que se han asignado para tal fin con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para el período 2012-2014.

Es claro como el agua que si la actividad de las empresas mineras y petroleras que nos proveen de tales recursos no se desarrolla utilizando buenas prácticas y si el Gobierno no exige se ciñan a los más exigentes estándares internacionales, tanto en la técnica, como en lo social y ambiental, ello pondría en riesgo la sostenibilidad ambiental. Es obvio de toda obviedad que no se permitirá por parte del Gobierno actividad alguna en zonas protegidas por la autoridad ambiental, como tampoco allí en donde se ponga en riesgo ya sean los nacimientos de agua, los acuíferos y/o la recarga hídrica de los cuales se sirven las poblaciones. Es más, el celo del Gobierno se pone de manifiesto al cumplir con estricto rigor el Principio de precaución contemplado en la Constitución Política (artículos 8, 79, 80, 289 y 334), en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 164 de 1994, que ratificó el Convenio Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio climático. En virtud del mismo, ante la duda fundada de daño grave e irreversible en el medio ambiente que pueda sobrevenir en desarrollo de esta o cualesquier otra actividad, se deberán tomar las medidas preventivas tendientes a evitarlo.

Por lo demás, allí donde hay petróleo hay gas y hay agua asociados al mismo; con la extracción del crudo se extraen también cantidades crecientes de agua. A modo de ejemplo en el Campo Rubiales se extraen en promedio 200 mil barriles de crudo diariamente al tiempo que, mezclado con él, salen a la superficie 2.8 millones de agua, para un promedio de 14 barriles de agua por cada barril de crudo. Y se estima que para 2015 esa proporción será de 20 a 1. Y qué hacen las empresas operadoras de los campos petroleros con esa agua? Tienen tres opciones: o la reinyectan al pozo, entre otras cosas para mejorar la tasa de recobro de crudo, la vierten sobre cuerpos de agua superficiarios o también la pueden utilizar ya sea para riego e incluso para consumo humano. En cualquiera de los casos dicha agua deberá ser tratada antes de disponer de ella, porque así lo estipula la Ley. Dicho sea de paso, la industria petrolera solo consume el 0.35% del total del consumo nacional de agua y de contera invierte anualmente $90 mil millones en la preservación, protección y recuperación de las cuencas hidrográficas de las cuales se sirve, en cumplimiento de la norma que introduje en su momento en el texto de la Ley 99 de 1993. Cabe resaltar que dicha suma equivale al doble del presupuesto anual de la Unidad de parques naturales.

Actualmente Ecopetrol y Pacific Rubiales adelantan sendos proyectos de reutilización de esta agua para cultivos agrícolas en la Altillanura, en donde tanta falta le hace el agua para el desarrollo de su vocación agrícola. En el primer caso, se adelanta en el Distrito de Castilla un cultivo experimental de 80 hectáreas entre palma africana y especies nativas, para lo cual se vienen utilizando 80 mil barriles día de agua proveniente del campo petrolero. Por su parte Pacific Rubiales viene desarrollando un proyecto todavía más ambicioso, el de La Cascada, para irrigar inicialmente 1.300 hectáreas de palma, que se extenderá a 2.000 hectáreas más, para lo cual han montado una planta con capacidad de dar tratamiento a 1 millón de barriles diarios del agua requerida para el mismo. La empresa CANACOL por su parte está instalando varias plantas de tratamiento integral de aguas residuales para potabilizarlas en el campo Leono, reduciendo a su mínima expresión el porcentaje de rechazo. De modo, que no hay incompatibilidad entre la agricultura, el medio ambiente, el agua y el petróleo; experiencias como estas desmitifican muchas de las especulaciones que tienden a satanizar tanto a la minería como al petróleo atribuyéndoles males bíblicos que no traen consigo.