El 2018 es un año trascendental para el agro y la ruralidad colombiana. Lo que logre consolidar el gobierno Santos en estos pocos meses que le quedan y lo que plantee quien llegue al Palacio de Nariño a partir de agosto, determinará lo bien, regular o mal que nos irá en la próxima década. Y lo que pase o deje de pasar en el campo definirá, en buena medida, el devenir de nuestra sociedad.

Aunque el 2017 fue un año difícil para la economía en general, fue el mejor para el sector agropecuario en muchos años. Al cierre del tercer trimestre, iba creciendo 7,1 por ciento con respecto al 2016. Los alimentos incrementaron solo en 1,92 por ciento en el año sus precios y ayudaron a controlar la inflación. 

Las exportaciones agropecuarias acumuladas a noviembre del 2017 fueron 12,9 por ciento mayores que el año anterior, y representaron el 20 por ciento de las exportaciones totales (a pesar del impasse de aftosa, ya resuelto, que afectó al ramo bovino). Se otorgaron 16,3 billones de pesos en créditos para el agro, la cifra más alta de la historia y 65 por ciento mayor que en el 2016. Y lo mejor es que el buen desempeño sectorial contribuyó a que se crearan en el 2017 unos 291 mil nuevos empleos en el sector agropecuario. 

¿Qué cambió para que el agro haya comenzado a demostrar su gran potencial transformador? Aunque son muchas las variables que se conjugan para lograr esta dinámica, hay una en particular a la que le atribuyo buena parte de la responsabilidad: confianza. El acuerdo de paz, con todas sus falencias y alta desinformación, generó en el campo una nueva ventana de esperanza que sus habitantes y muchos inversionistas están aprovechando; una cancha más grande donde jugar.

Este gobierno y el siguiente tienen la enorme responsabilidad de proteger la nueva dinámica agropecuaria salvaguardando la confianza. En este sentido, las tareas por desarrollar son claras y lograr un consenso político alrededor de las mismas no debería ser tan difícil si se dejaran las pasiones de lado.

Una dimensión clave es la de tierras. Resulta trascendental implementar el acuerdo de paz en esta materia. Hay que finalizar el trabajo normativo este semestre en el Congreso, lograr, en unos pocos años, formalizar al 100 por ciento la propiedad de la tierra y dinamizar su mercado para que sea un activo estratégico para la producción agropecuaria.

Es crítico también implementar juiciosamente el nuevo Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), creado por la Ley 1876 de 2017. Los gobiernos saliente y entrante tienen la enorme responsabilidad de desarrollar y promover rápidamente sus instrumentos y la cultura necesarios para asegurar un crecimiento sostenido de la productividad sectorial, la inclusión social productiva y el uso racional y sostenible de nuestros recursos naturales.

El resto tendrá que ver con crear y fomentar nuevos modelos productivos que atiendan el mercado doméstico y las exportaciones, partiendo de que los consumidores serán cada vez más exigentes con las formas como se producen los alimentos y las materias primas de origen agropecuario. Tendremos que ser capaces de aprovechar lo mejor de la biotecnología, la agroecología, la agricultura de precisión y, particularmente, nuestra agrobiodiversidad para responder a ese reto. Las políticas, la investigación, los incentivos, la financiación y los programas del nuevo gobierno deberían seguir avanzando en esta dirección, ya que falta mucho por hacer. Feliz ‘agro nuevo’.   Publicado en Portafolio.com