Dependiendo de los próximos pasos que se den, Colombia podría vivir los años que vienen con un acuerdo entre el Gobierno y las Farc sólido y duradero.
Pero, también, con un entendimiento entre estos interlocutores frágil e interino. De lo que se trata en este momento de la historia es de suscribir un documento que sea útil para construir paz y estabilidad en la nación. Ese tiene que ser el objetivo de todos. Lo que ha sucedido con posterioridad al 2 de Octubre demuestra que el acuerdo nacional para la paz no es un sueño inalcanzable. Luego de tantos años de distanciamiento político el expresidente Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, tomó el teléfono para solicitarle una cita al presidente de la República. Y este lo recibió en el palacio de Nariño en compañía de representantes de distintos sectores que votaron a favor del No. El resultado de ese encuentro fue el de formalizar un espacio de diálogo entre voceros del Gobierno y delegados del No, quienes en muchas jornadas, largas y juiciosas, analizaron, detalladamente, cada uno con su propia óptica y perspectiva, el acuerdo con las Farc. Este esfuerzo hizo posible que se elaborara el documento de “propuestas y opciones”, en el cual se resumieron, tanto las posiciones de cada quien, como alternativas viables. Durante las conversaciones en La Habana, después de lo descrito con anterioridad, los negociadores oficiales mantuvieron informados sobre los avances a los voceros del No. Debe reconocerse que esa fue una manifestación de buena voluntad. Sin embargo, se incurrió en la precipitud, inconveniente e innecesaria, de anunciar que Gobierno y Farc habían cerrado un “nuevo acuerdo”, sin permitir que los representantes de la mayoría en el plebiscito tuvieran la oportunidad de expresar sus opiniones sobre los nuevos textos. Este era un paso necesario. Al fin de cuentas, renegociar y buscar un acuerdo mejor fue el mandato que los colombianos le dieron al Presidente Santos cuando se pronunciaron. Por lo demás, el cumplimiento de ese mandato no se mide en cifras ni en porcentajes, como se pretende hacer. Tampoco es aceptable que algunos protagonistas de las conversaciones salgan, con arrogancia, a notificar qué es lo que se puede y qué lo que no se puede. Por lo demás, estos son temas que, al final, solo pueden ser fallados por el pueblo, pronunciándose mediante los mecanismos institucionales apropiados. Ahora bien, es verdad que actuar precipitadamente fue un error, que ahora resulta difícil corregir. Pero, ¿será imposible hacerlo? ¡No lo es! Más aún, debe enmendarse, porque lo que tiene que predominar es la decisión de entregarles a los colombianos un acuerdo sólido y duradero, como ya se dijo al principio de estas líneas. El Gobierno y las Farc están obligados a recordar que el No obtuvo la mayoría debido a razones vinculadas con la posición que cada uno de los dos tiene ante la opinión pública, y por las manifestaciones reiteradas de ésta con respecto a ciertos puntos del acuerdo. Eso quiere decir que si algunos de los sectores del No se dejan por fuera del “nuevo acuerdo”, o en el texto reformado permanecen, en forma expresa o tácita, los mismos aspectos que ya fueron rechazados por los electores, el llamado “acuerdo” será apenas una fotografía. En esas condiciones, todo lo que se firme será interino, porque quedará sujeto a lo que los votantes decidan en nuevos escenarios electorales o de participación ciudadana. ¡Que no lo dude nadie! Las conveniencias nacionales aconsejan que insistamos en un gran acuerdo nacional para paz. Publicado en El Nuevo Siglo, Bogotá, 20 de noviembre de 2016