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Acatar o no acatar

por: Rafael Guarín- 31 de Diciembre 1969

El pasado 19 de noviembre la Corte Internacional de Justicia profirió un fallo que despoja a Colombia de un territorio sobre el cual ha ejercido plena soberanía de forma pacífica, permanente e ininterrumpida, desde la fundación de la República, hace más de 200 años. ¿Se debe acatar o no esa decisión?

El Tratado Esguerra – Barcenas de 1928 fue la fórmula de compromiso mediante la cual Colombia cedió la Costa de Mosquitos sobre el océano Atlántico y las Islas Mangles a Nicaragua y este país reconoció la soberanía al primero sobre al archipiélago de San Andrés y Providencia. El Congreso de Nicaragua al aprobar el tratado fijó el meridiano 82 como límite, con lo cual ambos estuvieron de acuerdo.

Primero, creo que sí es válido plantear la pregunta. No lo sería si el fallo fuera absolutamente riguroso y no tuviera graves "errores, omisiones, excesos e inconsistencias", como lo denunció el presidente Juan Manuel Santos y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Ante un fallo con esas características y la imposibilidad de apelación, por la ausencia de dicho recurso, estamos fuera del escenario jurídico y el tema debe resolverse en el mundo de la política, con los recursos propios de la diplomacia y de la fuerza.

Segundo, para cualquier país del mundo sería inaceptable que una sentencia injusta que le cercena 100.000 kilómetros cuadrados de su territorio, que carece además de recurso para ser impugnada y que no permite defensa ante la arbitrariedad, se cumpliera ciegamente.

Tercero, si el Presidente Santos y su gobierno tienen la tentación, a pesar de las denuncias sobre el fallo, de entregar el territorio a Nicaragua, es indispensable que dicha decisión sea sometida a la voluntad del pueblo soberano de Colombia. Así Santos considere que el tiempo todo lo diluye y que puede justificar dicha decisión, la gravedad de la misma y su carácter definitivo e irreversible hace que sea un asunto q trasciende la órbita del jefe del Estado y deba ser objeto de discusión y decisión de los ciudadanos.

Cuarto, el camino que se adopte debe congregar la unidad nacional, independiente del debate que suscite. Gobierno y oposición, partidos políticos, sector privado, organizaciones sociales, medios de comunicación y, en general, toda la sociedad debe respaldar la decisión que se tome consultando a los ciudadanos.

Quinto, haría muy mal el gobierno Santos si pretende dilatar una posición clara sobre la cuestión, con el fin de contener la presión política interna y buscar construir un ambiente que le permita cumplir el fallo injusto. El Presidente Santos (porque es el presidente, no sus ministros) debe enviar un mensaje claro a los ciudadanos, a Nicaragua y al mundo.

Sexto, Colombia debe prever lo peor y estar preparada, en todos los planos, para evitarlo, mucho más, teniendo en cuenta que se trata de una situación que compromete la integridad territorial y con ello la seguridad y la defensa nacionales. Además, debe el gobierno explicar a la región y a sus aliados en detalle las razones por las cuales considera injusto el fallo*.

Séptimo, aún más, el mensaje del Presidente Santos no debería ser la duda o la ambigüedad actual. ¡Menos improvisación y confusión! ¡Todo lo contrario! Debe ser afirmativo y contundente en que cualquier presencia nicaragüense, no autorizada, en territorio nacional, esto es, del meridiano 82 hacia el oriente será rechazada militarmente. La timidez y ambigüedad se lee internacionalmente como debilidad.

Octavo, transparencia. El gobierno no debe jugar con cartas marcadas ante los ciudadanos. Debe informar con claridad cada uno de sus pasos en esta materia y determinaciones.

Noveno, la fortaleza está en la unidad del pueblo de Colombia. El Presidente no debe ver como negativo que existan posiciones divergentes frente al camino a tomar. Lo que debe tener claro es que el liderazgo de quien ocupa la Casa de Nariño es precisamente construir consenso y unidad.

Décimo, Santos no puede sacrificar territorio en aras de un proceso de paz cuyo resultado es impredecible. No debe el Gobierno sentirse condicionado por el proceso en Cuba y por la participación de Venezuela en el mismo (y a través suyo de El Alba) para no acatar el fallo. El peor escenario sería quedarnos sin la paz y sin nuestro mar territorial.


* Es seguro que existirá una provocación militar de Nicaragua. La hipótesis de guerra que tienen las Fuerzas Militares de Colombia para ese caso debe estar activada ya, con todas las implicaciones y consecuencias que esto tiene, tratándose de una situación de legítima defensa de la integridad territorial.