Elemental. Esto a colación del Plan Colombia Siembra, que lanzó recientemente el Ministerio de Agricultura y que ha despertado, como era de esperarse, grandes expectativas.

Y claro, había que buscar primero la guía o el manual de la siembra, a más de los artículos de prensa que dan cuenta de la noticia para hacer esa preparación del suelo –mejor dicho del Plan– para ver cómo se implementa, pero al cierre de este texto, aún no se había encontrado.

Bueno, con base en esos completos documentos de prensa, llama la atención que nada se enuncie para quitar esas malezas, que no son otra cosa que algunas prácticas que introducen altas distorsiones en el mercado.

En el caso del sector agropecuario, también nos enteramos gracias a los medios de comunicación –que muy seguramente es la misma fuente que utilizan las autoridades encargadas–, de la variedad y cantidad de productos del campo que entran de contrabando por nuestras extensas fronteras. Arroz, plátano, aguacate, azúcar, tomates, carne, leche, ...toda la canasta que integra el IPC del Dane. Dicen los campesinos, que semanalmente llegan al país muchos camiones con esos productos que, luego de revolverlos con la producción nacional, se despachan para todos los centros urbanos. No sobra señalar que sus precios rompen cualquier raciocinio económico.

Recientemente, el Gobierno sancionó la ley anticontrabando (Ley 1762 06-07-2015), concentrándose en el aspecto punitivo –que es más de lo mismo para una justicia sin dientes–, indicándo que ahora los contrabandistas capturados tendrán, como mínimo, entre 4 y 8 años de cárcel, cuando antes obtenían entre 2 y 3 años, pese a haber defraudado al fisco en $500 mil millones. Como diría alguien ¡Valiente gracia!

Es que la magnitud del contrabando y sus conexos, como el lavado de activos y la financiación al terrorismo –que curiosamente tampoco aparecen por allá en las Actas de La Habana en su verdadera dimensión ni de sus orígenes– ha permeado tanto la sociedad que ya dejó de ser noticia.

De acuerdo con las cifras y estimaciones que tiene la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el lavado de activos en Colombia podría representar 3 puntos del PIB nacional, lo que en términos absolutos correspondió a $20 billones, para 2013, a precios de ese mismo año. Son cálculos asociados a los ingresos criminales por concepto de narcotráfico (que es delito fuente/ subyacente de lavado de activos).

Parte de esos USD6.000 millones que entran al año al país en mercancías de diversa índole, según el mismo Gobierno, implicaría una pérdida de 350 mil empleos y de ingresos fiscales por USD2.000 millones.

Lo grave, como se anotó, es que esas mercancías introducen profundas distorsiones en el mercado de productos agrícolas. Los productores no pueden luchar contra esas mafias, y por eso es necesario que a la par que se invierten los $1.6 billones, saber qué se va a hacer para controlar ese problemita del contrabando y el lavado de activos, y de los otros delitos conexos. Esto es lo que reclaman la mayoría de colombianos.