Casi a la par de que el gobierno diera a conocer las 12 preguntas que formularía en la consulta popular para sacar adelante su reforma laboral, se conoció una nueva investigación del Banco de la República sobre la informalidad, la cual aporta elementos nuevos y da claridad sobre sus efectos tanto para trabajadores como para el empresariado y para el país, a corto y largo plazo.

Además de explicar técnicamente las causas de la informalidad y de cómo impacta a diferentes regiones del país, tamaño de empresa y otros aspectos, analiza diferentes políticas que se han implantado en el país con resultados exitosos sin afectar el salario.

Si bien es cierto que la reforma laboral —como todas las demás— representa el compromiso del gobierno con sus electores y su no aprobación por el legislativo, su fracaso, también es cierto que las reformas llevadas al Congreso de la República se caracterizan por su insuficiente soporte técnico y económico que permitan inferir cómo van a mejorar el entorno laboral del país. De ahí que cuando el proyecto de ley fuera archivado —con suficiente aporte estadístico sobre sus efectos—, el mandatario se diera a la tarea de descalificar a los integrantes de la Comisión económica del Senado y sacara nuevamente su comodín de lucha de que el pueblo es el que manda, y amenazó —afortunadamente también con fracaso— con la movilización (léase primera línea), las guardias indígenas y uno que otro profesor que aún le queda.

No fue posible que alguien al interior del gobierno le hiciera entender —o no quiso entenderlo porque sus intereses van por otro lado, o a esa clase en la universidad también desapareció—, que el gran problema que agobia a nuestro entorno laboral es precisamente la persistencia y elevada informalidad. De acuerdo con las cifras del DANE, en el total nacional, para el trimestre móvil noviembre 2024 - enero 2025, el 84,7 % de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que en empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande la proporción de ocupados informales fue: 20,8 %, 4,9 % y 2,7 %, respectivamente. Generalmente se manejan las cifras de informalidad a nivel nacional que se encuentra en el 56 %, siendo más baja en las principales capitales (13 Ciudades) y sus áreas metropolitanas donde se ubicó en 42 %, y más alta en Centros poblados y rural disperso, en donde alcanza el 83,2 %. En cifras absolutas, en febrero de este año había 23,3 millones de trabajadores, de los cuales 13,2 millones eran informales. De ahí que la reforma laboral fuera archivada, porque no contribuye a la formalización ni genera empleo

Nos encontramos entonces en un escenario en donde las 12 preguntas de la consulta —que, dicho sea de paso, la mayoría tiene respuesta en la legislación laboral vigente, están dirigidas o no tienen respuesta en contrario—, van a agravar el problema de la informalidad, lo que se traduce en empobrecer a los trabajadores.

Esto lo evidencia la investigación titulada Nueva evidencia sobre la informalidad laboral y empresarial en Colombia, realizada por 22 investigadores y dirigida por Andrea Otero-Cortés, Ph.D. en Economía, en la que destaca que las causas de la informalidad son múltiples, que resultan de una combinación de políticas de orden laboral, tributario, de acceso a crédito, social y de política educativa. De ahí que la investigación se haya también enfocado en analizar qué políticas se han implantado y su impacto. En política laboral se habla de salarios mínimos y se enfoca en analizar los grupos poblacionales más vulnerables ante grandes aumentos en salario mínimo. Los resultados indican que los más afectados son la población joven (hombres y mujeres), y la población con niveles de educación muy bajos.

Finalmente, la investigadora señala que en Colombia se han implementado, en los últimos 15 años, tres grandes políticas públicas con muy buenos resultados para reducir la informalidad: la reforma tributaria de 2012, que redujo la informalidad y aumentó la formalidad de la mano de obra, que más gente entrara en la formalidad sin efectos negativos sobre salarios; el Decreto 2626 de 2014, que permite aporte a pensiones para trabajadores de tiempo parcial que pertenezcan al régimen subsidiado en salud facilitando el tránsito de jóvenes de la informalidad a la informalidad; y la ley de empleo joven de 2010.

Hay herramientas, hay conocimiento sobre el tema y, sobre todo, experiencias con resultados positivos, para un debate de altura. Un billón de pesos para campañas políticas en contra de lo que requieren los jóvenes en formación y financiación —los de la primera línea, por ejemplo— o a los que les quitaron la financiación de Icetex, es un crimen contra nuestros trabajadores, contra nuestra economía.

PD:

A propósito de este tema, ¿qué hace Planeación Nacional?

A estas alturas, y cuando ya va avanzada la destrucción del país, ¿qué validez tiene el arrepentimiento de Leyva?