En 2015 la cartera presentó una propuesta en favor de resolver las dificultades que hay en la materia y hacía parte de las prioridades del ministro. Hace una semana salió el Decreto 890 que pretende lo mismo, pero como parte del Acuerdo de paz.   De acuerdo a lo expresado por el Decreto 890 del 28 de mayo de 2016, antes de 30 días, el Ministerio de Agricultura debe formular el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. Esa iniciativa hace parte del punto 1 del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral.   Hace unos días atrás, el jefe de la cartera agropecuaria, Aurelio Iragorri Valencia, reveló que se pondrá en marcha la iniciativa que se implementará en cerca de 30 días y que tiene como propósitos entregar subsidios para la construcción o mejoramiento exclusivamente a población en pobreza extrema, víctimas, beneficiarios del plan de distribución de tierras y mujeres cabeza de familia. (Lea: Manejo de Fiduagraria a plan de vivienda rural inquieta a ganaderos)   Los montos podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda y se fijarán atendiendo los requerimientos en cada región.   La iniciativa establece que las soluciones de vivienda que se otorguen deben ser acordes con las necesidades y condiciones socioambientales de los beneficiarios y a las características de cada zona del país, diferenciadas para población rural dispersa; de igual forma, contemplará soluciones de agua para consumo humano y doméstico, saneamiento básico, individuales o colectivas.   Las viviendas serían de 55 m2, con un valor que oscila entre los 55 y 60 SMMLV, 14 meses de ejecución y un tiempo de obra.   A pesar de ese proyecto, que está enmarcado en el punto 1 del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral, una iniciativa similar fue anunciada en 2015 como propósito para combatir la pobreza y hacía parte del primer punto de la agenda de Iragorri. (Lea: Abecé para adquirir una vivienda de interés social rural)   Dichas viviendas tendrían entre 52 m2 y 60 m2 y de 2 a 3 habitaciones para combatir el hacinamiento. Esto permite separar niños, niñas y conyugues. Contarán con cuarto de herramientas, cocina eco eficiente, corredores, espacios para el esparcimiento familiar y albercas, todo pensado en cultura rural.   “Nosotros somos unos convencidos de que los campesinos en Colombia lo único que necesitan es una oportunidad, por eso de ahora en adelante pasaremos a casas más dignas para su bienestar pues cambié el diseño de la vivienda”, expresó en abril de 2015 el jefe de la cartera agropecuaria.   Pese a la similitud de proyectos y tipos de viviendas, la iniciativa que será dada a conocer en menos de un mes permite que los partícipes de los subsidios sea una población reincorporada a la vida civil, a través de un mecanismo específico de asignación y ejecución del beneficio de acuerdo con las mismas particularidades establecidas en el Decreto y formuladas en el plan.   Ante ese proyecto, el Informe para la Transformación del Campo, el déficit habitacional en lo rural era del 68,3 % para 2005, lo que equivale a 1,6 millones de hogares en déficit. Al comparar la magnitud del déficit de vivienda rural con las soluciones de vivienda entregadas, se concluye la baja gestión del Ministerio frente a la magnitud del problema. (Lea: Viviendas rurales con paneles solares, una realidad en Colombia)   Durante el período 2000-2011 se adjudicaron cerca de 124 mil viviendas, las cuales equivalen a menos del 7 % del déficit habitacional en lo rural. A este ritmo —y asumiendo que el déficit es constante en el tiempo— tomaría cerca de 143 años y alrededor de 30 billones de pesos suplir el déficit de vivienda rural de Colombia.   De acuerdo con las proyecciones del DANE, cada año se conforman alrededor de 25 mil  nuevos hogares en el área rural y se puede estimar que sean cerca de 50 mil en 2035. Por lo tanto, si el Estado no entrega ninguna vivienda en el área rural y la gente no cuenta con la capacidad económica de adquirir o mejorar la suya, el déficit de vivienda pasaría del 59,7 % al 69,1 % y de 1,6 millones a 2,5 millones de hogares sin una vivienda digna o, como ha venido sucediendo, las familias migrarían a las ciudades y cabeceras en búsqueda de mejores condiciones de vida acelerando la urbanización y el despoblamiento del campo.   El informe añade que si se suman las reducciones aportadas por cada uno de los programas de mejoramiento de habitabilidad rural, se estima que el déficit puede ser eliminado en 2035.   Esta estrategia implicaría un esfuerzo presupuestal de $57,9 billones, $37,5 billones del Presupuesto General de la Nacional y $20,4 billones de cofinanciación territorial. Estas estimaciones son similares a las obtenidas por la Cepal (2014), quienes estiman que se requieren cerca de $53,5 billones de pesos para llevar el déficit habitacional rural a cerca de 0 en 2035. (Lea: Estos son los compromisos del MinAgricultura con el campo)