Henry Vanegas Angarita, Gerente General de La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya FENALCE

¿Qué nos hace falta para tener el maíz producido en Colombia en las condiciones que lo requiere la agroindustria y el consumidor final?

Colombia consume anualmente 7.2 millones de toneladas de maíz amarillo como fuente de calorías y 2.4 millones de toneladas de soya (frijol soya + torta) como fuente de proteína para atender las necesidades del mercado interno y elaborar con ello 9 millones de toneladas de alimento balanceado para animales, que llega a la mesa de los colombianos a través del huevo, el pollo, el cerdo, gran parte de los peces, la leche, la parte final de la ceba en la ganadería de carne; además, del maíz blanco con el que se elaboran anualmente más de 10 mil millones de arepas para el consumo humano directo.

Muy pocas veces nos percatamos que tenemos aquí un mercado de talla mundial, que se consolida al tener un consumo per-cápita de 144 kilos de maíz amarillo persona año, 48 kilos de soya y 20 kilos de maíz blanco (200 unidades de arepa por persona al año).

Para la formación del precio del maíz y de la soya en el mercado interno se tiene en cuenta la cotización base del spot en la Bolsa de Chicago, las bases y fletes internacionales, los gastos portuarios y el flete interno hasta llegar a la puerta de la fábrica o sitio de consumo.

Si hacemos un ejercicio de valoración del mercado de estos granos básicos agroalimenticios en Colombia a precios de hoy, esas 7.2 millones de toneladas de maíz amarillo (a razón de 1.7 millones de pesos la tonelada) valen 12.2 billones de pesos y la soya con el precio actual cercano a los 3 millones por tonelada unos 7 billones adicionales, más 1,75 billones del maíz blanco, por lo cual el mercado aparente de estos tres granos básicos acumulados alcanza los 21 billones de pesos al año.

Si hacemos ese mismo ejercicio comparativo con el precio interno de referencia del Café, que se calcula de acuerdo con la cotización de cierre del día en la Bolsa de Nueva York y el diferencial o prima del café colombiano, sin adicionar las bonificaciones de cafés especiales, se tiene que 12 millones de sacos equivalentes a seis millones de cargas de café pergamino seco que a precios de hoy (2,5 millones la carga de 125 kilos) valen 15 billones de pesos.

Una perecuación de estas cifras a escala nacional nos indica que necesitaríamos exportar más de quince millones de sacos de café, a precios de la actual bonanza, para que las exportaciones de café equiparen económicamente lo que mueve el maíz y la soya en el mercado interno si fueran producidos a nivel local, en vez de estar comprándole a terceros países dinamizando economías foráneas en cuanto a empleo e ingresos.

Podríamos argüir que es una situación temporal, pero para el caso de este ejercicio tendría que contemplarse en primer lugar en cuál de los dos grupos de granos objeto de análisis (si en el maíz-soya o en el café) ha sido más coyuntural el aumento de precios, porque los granos agroalimenticios a pesar de las volatibilidades del mercado internacional ya completan dos años de precios altos y todo indica que esa demanda de cultivos agroalimenticios de ciclo corto seguirá creciendo, acentuada por el cambio climático y el aumento cada vez más notorio del déficit comercial agroalimentario y del hambre en los países en desarrollo. Para el caso que nos ocupa, en Colombia el crecimiento de la cadena en la cual el maíz y la soya participan como materia prima principal, es en promedio del 6% anual.

Cabe preguntarnos porqué llegamos a esa alta dependencia de importación de alimentos, de importar la comida. Desde la apertura del 91 hasta hace dos años era más atractivo abastecerse de materias primas importadas, porque a pesar de los sobrecostos del transporte resultaban más baratas. Pero, la situación cambió y en los últimos años estos commodities se encarecieron desde el origen (el precio de la soya pasó de U$ 300 a 550-600 dólares por tonelada; el maíz de 150 a más 250 dólares), subió el petróleo con lo cual se encarecieron los fletes y la tasa de cambio se mantiene con tendencia alcista. Hoy estamos pagando caro esa alta dependencia de las importaciones y viviendo una preocupante espiral inflacionaria en alimentos.

Entonces, no es una variable la que coyunturalmente elevó los precios, ni por un escaso lapso de tiempo, inclusive han ido surgiendo otros agravantes como el cambio climático, la postpandemia y la situación geopolítica (conflicto Rusia-Ucrania), que tornan aún más prioritaria esa necesidad de contar con un componente de producción local e involucrarla en los procesos de transformación agroindustrial para recuperar nuestra seguridad y soberanía alimentaria.

Lo anterior indica que el nuevo gobierno ha acertado al priorizar la cadena del maíz como una apuesta de país, como un proyecto nacional y estratégico (PINE) para avanzar como cadena productiva unificada en torno a una propuesta que permita garantizar una oferta alimenticia estable y recuperar esos mercados de la industria avícola, porcícola, láctea y el autoabastecimiento alimenticio que se perdieron en las últimas tres décadas. Para la agroindustria de alimentos balanceados puede resultar indiferente abastecerse de maíz nacional o importado, mantendría su tasa de ganancia, sus empleos y quizás su tasa de crecimiento, pero cada vez es más estratégico conformar sistemas agroalimentarios sólidos, sostenibles e inclusivos para mejorar aún más sus índices de eficiencia, contribuir a generar empleo rural, ingreso familiar y capacidad de compra para armonizar un ecosistema de mercado urbano-rural más dinámico, estable y duradero.

Según el mapa de maíz de UPRA, nuestro país cuenta con más de 18 millones de hectáreas aptas para siembras de maíz por semestre y tan solo se sembramos cerca de medio millón al año, de las cuales un 50% están siendo sembradas en maíz para abastecer el mercado o sustituir importaciones y un 50% de economía familiar tradicional. El tema no termina con involucrar un millón de hectáreas en nuevas siembras, sino en lo que dinamizan esas nuevas inversiones con la generación de 250.000 empleos rurales (los jornales de cada 4 has equivalen a un empleo directo), además que vincularía 2.000 profesionales a la asistencia técnica agrícola y a muchas otras profesiones al campo en trazabilidad, manejo de información generada con la agricultura de precisión, análisis y automatización de procesos e innovaciones tecnológicas; se generaría una demanda agregada de al menos 3 millones más de toneladas de cal, fosfatos o bioabonos; una demanda adicional de un millón de toneladas de fertilizantes y contar con un millón más de bolsas de semilla; al igual que la demanda en maquinaria, implementos, repuestos, talleres, insumos, combustible, transporte, bodegas, etc., que contribuirían a generar mucho más ingreso y a dinamizar la economía desde lo local, regional y nacional.

Colombia cuenta con muchas zonas en las cuales se cosechan rendimientos en maíz que rondan las diez toneladas por hectárea (Valle del Cauca, zona cafetera marginal baja, meseta de Ibagué), en la Altillanura se obtienen 7 ton/ha en maíz y las 3 ton/ha en soya; disponemos de genotipos de maíz híbrido que han demostrado altos rendimientos en nuestras condiciones de producción, donde hacen presencia no solo las mayores empresas semilleras, sino también empresas nacionales con capital privado y la misma gremialidad, en una apuesta por aprovechar eficientemente la oferta climática (3 meses de lluvia por semestre), bajo un enfoque de agricultura regenerativa donde coexiste la tecnología con lo convencional.

Falta un mayor énfasis en construir la infraestructura de secado, para tener el producto en las condiciones que lo requiere la agroindustria y el consumidor final, secamiento del grano que a la vez rompe con la estacionalidad de cosechas y acorta el ciclo de los cultivos en el campo, permitiendo hacer holgadamente dos semestres agrícolas al año y encajar o aprovechar mejor la climosecuencia de cada una de nuestras regiones.

Así mismo, se hace necesario y prioritario capacitar al personal técnico y capitalizar el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria para que la asistencia técnica sea un servicio público que contribuya a aumentar la productividad en estos cultivos agroalimenticios de ciclo corto; mejorar las vías de penetración a las regiones productoras; ampliar la cobertura del crédito y su priorización, con lo cual se visibilizarían aún más estos cultivos agroalimenticios que no solamente se han convertido en una opción competitiva y rentable, sino en la apuesta de país para recuperar la seguridad alimentaria de los Colombianos.

Por ello nuestro nuevo slogan institucional tiene que ver con “Cultivar seguridad” porque en la medida en que se produzcan estos alimentos se contribuye a combatir el hambre, a generar empleo e ingreso a nivel familiar y mitigar la pobreza y la desnutrición en nuestros campos y por ende vamos a tener seguridad en la inversión de proyectos productivos y seguridad alimentaria para todos. Como gremio responsable no sólo de la producción agroalimentaria con cereales y leguminosas sino también de representar los granos básicos de la seguridad alimentaria, nos preocupa la oferta de agroalimentos y por ende la disponibilidad de comida, pero igualmente que sea asequible incluso a los más necesitados, la sanidad e inocuidad para obtener alimentos cada vez más sanos y nutritivos, al igual que la infraestructura para lograr una oferta más estable, que nos permita atender y fortalecer la cadena de suministro con la agroindustria local, regional y nacional.

Esperamos que la voluntad y decisión política del actual gobierno se materialice en un verdadero cambio del enfoque económico hacia los cultivos agroalimentarios de ciclo corto para volver a producir comida y recuperar los mercados y los espacios de participación que llegó a tener la producción agrícola local en la producción de balanceados para la producción pecuaria de nuestro país. Solo en esa medida se logrará avanzar en la sustitución competitiva de importaciones e ir equilibrando nuestra balanza comercial.