Productores del Cesar están preocupados por la falta de interés de algunos funcionarios públicos en honrar el compromiso adquirido, para promover y tramitar ante el Congreso una ley de punto final del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, PRAN, que se ajuste a la realidad rural actual del país.   Hasta la década de los años 90, el otorgamiento de créditos agropecuarios se soportaba, primordialmente, en la capacidad de garantías del productor, no necesariamente en la existencia de un proyecto productivo viable; por esta razón y por efecto de varias crisis vividas en el campo, gracias a: la apertura económica implementada durante el Gobierno Gaviria, sin soporte de una política oficial agropecuaria de apoyo al campo; las altas e inmanejables tasas de los créditos; efectos nocivos de fenómenos naturales desconocidos para entonces y a la práctica bancaria de cobrar intereses sobre intereses vía capitalizaciones sucesivas, la capacidad de endeudamiento de miles de productores del campo se copó y entraron en mora.   “A partir de 1996, y como consecuencia de la situación anterior, se originó una bonanza para los abogados vinculados a los bancos, a través de los procesos de cobro jurídico encomendados, una crisis que tiene su raíz en el crecimiento desmedido del número de bienes rematados por el sistema financiero y la consecuente ruina de los productores”, detalló Hernán Araujo Castro, dirigente del departamento del Cesar y reconocido productor y ganadero.   Cuando finalizaba el Gobierno de Ernesto Samper Pizano se realizan varios encuentros entre productores del Cesar y funcionarios oficiales, con el objetivo de encontrar posibles esquemas de solución a dicha crisis. (Columna: Saldar la deuda)   En ese momento se analizaron instrumentos de apoyo rural aplicados en México y Brasil, los cuales se tomaron como base para proponer, inicalmente en la región, el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, PRAN, que “surgió como instrumento oficial, cuyo objetivo fundamental y su razón de ser era reactivar el campo Colombiano y salvar de la ruina inminente y desaparición a muchos pequeños y medianos productores agropecuarios, no un simple programa de compra de cartera, como se ha pretendido definir hoy, de manera ligera”, sostuvo el dirigente en diálogo con CONtexto ganadero.   En el Gobierno de Andrés Pastrana Arango, específicamente en el año 2000, se expidió el Decreto 967, siendo en ese entonces Carlos Murgas Guerrero el ministro de Agricultura, y Cesar Pardo Villegas el presidente de Finagro, con lo que se da inicio a la ejecución del programa.   Para ello, “se hizo un aporte de $100 mil millones, que le fueron entregados a Finagro y destinados para comprar a los bancos, a precio de mercado, la cartera agropecuaria definida y avaluada por firmas especializadas”, precisó Araujo Castro.   En ese momento se establecen también los requisitos para ser beneficiario, entre los que se destaca la exigencia de presentar, por parte del productor afectado y en forma ineludible, un proyecto productivo que era evaluado y viabilizado por parte de un equipo técnico vinculado a la Caja de Crédito Agrario.   El cesarense comentó que definidas las reglas de juego y llenos de esperanza, los productores agropecuarios de los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Cesar primordialmente, buscaron aprovechar la oportunidad. Se compró la cartera a los bancos, los cuales se beneficiaron recuperando el capital realmente prestado y liberaron recursos importantes que estaban congelados, vía provisiones de cartera. (Lea: Proyecto de Ley busca reactivar el agro en Colombia)   Sin embargo, los productores beneficiados se convirtieron en sujetos no deseados para la banca, incluida la oficial, no les financiaron los proyectos viabilizados por el propio Estado y ahí comenzó su viacrucis. Muchos se vieron obligados a vender bienes propios de su actividad rural y a dedicarse a otra labor productiva, algunos reciben financiación para sus proyectos de otros sectores y otros murieron, casos en los que el seguro del crédito cubrió el pago de la obligación.   “Después de 15 años de establecido el programa, que reitero siempre fue de reactivación agropecuaria, encontramos un campo con condiciones muy similares a las que originaron la crisis en los años 90: carencia de políticas oficiales que defiendan la producción nacional, asistencia técnica limitada, escaso acceso al crédito, sistemas de comercialización distorsionados y continuos efectos negativos de fenómenos naturales. Por todo esto, puedo decir que el PRAN terminó convertido  en otro instrumeno de apoyo oficial que no logró el objetivo propuesto, por su aplicación parcial”, reseñó el productor.   En tiempos recientes, ha hecho carrera la tesis sesgada de que este es un programa exclusivo de compra de cartera, mas no de reactivación como su definición lo indica; a pesar de los incumplimentos que desde el principio se dieron por parte de la banca, incluida la oficial, al no financiar el proyecto productivo viabilizado, que era el eje fundamental.   A lo anterior se atribuye el hecho de que todavía existan 30 mil pequeños y medianos beneficiarios que no han podido saldar sus deudas, cifra en la que no se tienen en cuenta a los productores de Cundinamarca, cuya cartera fue comprada al PRAN por parte de la Gobernación. (Lea: Pequeños y medianos productores tendrán acceso al sistema financiero)   La preocupación es que a pesar de que los bancos ya recuperaron sus recursos, el plazo para la ejecución del programa se encuentra vencido desde el pasado mes de junio y “teniendo en cuenta que quedan pocos días para que concluya la legislatura del Congreso, ya estamos viendo una nueva bonanza para los abogados vinculados Finagro y ninguna solución para los productores que aún tienen obligaciones pendientes”, manifestó Hernán Araujo.   De acuerdo con el también ganadero, nadie parece prestarle atención al tema, ni siquiera aquellos funcionarios públicos que hace poco tiempo estuvieron en Cesar y se comprometieron a promover una ley de punto final del PRAN.    “Es importante lograr que se dé trámite a dicha ley, una que tenga presente las difíciles condiciones que atraviesa el sector rural colombiano y se ajuste a la realidad que a diario enfrentamos quienes lo conformamos”, finalizó.