Al gremio palmero de Colombia le preocupa la iniciativa que le permitiría al Gobierno asumir el manejo de los fondos parafiscales, situación que podría representar inconvenientes a la hora de asignar los recursos de acuerdo a las necesidades y realidades del sector.   La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, y la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, luego de estudiar con detenimiento el proyecto de ley “por medio del cual se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones” registran con preocupación los artículos 14 y 27 del mismo.   En ellos se incluyen como fuente de financiación de los programas y proyectos que se desarrollen en el marco de esta ley, los fondos parafiscales agropecuarios y se crea la opción de destinar estos mismos recursos a cubrir el subsidio de la tasa para el servicio público de extensión agropecuaria, respectivamente.   Esta inclusión desvirtúa la esencia de la contribución parafiscal establecida en la Ley 101 de 1993, la cual es fundamentalmente sectorial, y no general, lo que implica que su inversión está dirigida a la generación de bienes públicos sectoriales, con sujeción al marco legal vigente. Es decir, que es el sector quien determina, según sean sus necesidades y realidades, la utilización de los mismos y por tanto se desnaturaliza la finalidad de los recursos. (Lea: Gobierno utilizaría fondos parafiscales para dar asistencia técnica)   Es importante aclarar que hoy en día el sector palmero colombiano asigna 72 % de los recursos del Fondo de Fomento Palmero al desarrollo de ciencia y tecnología, de los cuales 21 puntos porcentuales están destinados a la asistencia técnica y a extensión, conforme lo ha aprobado el Comité Directivo de dicho Fondo que actualmente preside el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el cual, a su vez, está representado el sector palmero colombiano con miembros elegidos democráticamente en el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.   Por tanto, para el sector palmero resulta inconsistente y contrario a  la ley, que se pretendan controlar los recursos parafiscales desde los municipios y financiar con ellos el servicio público de extensión, cuando estos tienen una destinación específica desde su creación.   De acuerdo con Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma, “un agro más competitivo requiere mayor inversión en ciencia y tecnología, hoy en día apenas 0,6 % del PIB agrícola tiene esa destinación, por lo cual lo que se requiere son mayores recursos del Estado, que complementen los ya existentes a través de la parafiscalidad, si verdaderamente queremos que el agro colombiano desarrolle su potencial y genere crecimiento económico y desarrollo rural”.      Es importante resaltar que los beneficios de la parafiscalidad agropecuaria se han visto reflejados, no solo en el mejoramiento de la sostenibilidad y productividad de los diferentes sectores, sino que ha sido un instrumento que genera equilibrio social y económico en las comunidades relacionadas, contribuyendo a la construcción de paz. (Lea: Alarma por cifras en rojo del crecimiento del sector agropecuario)   Asimismo, al gremio le inquieta el artículo 25 del proyecto de ley, en el cual se habla del cobro de la Tasa de Servicio Público de Extensión Agropecuaria, que se causaría por la prestación del servicio público de extensión, pues su redacción daría a entender que el sector palmero colombiano quedaría sujeto a un doble tributo, "ya que no queda claro cómo sería la exención del pago para las actividades que hoy en día cuentan con contribuciones parafiscales y que están pagando por adelantado este servicio", expresaron.   De igual forma, hay otros aspectos que preocupan al sector palmicultor con relación a este proyecto de Ley, tales como el desigual desarrollo normativo de los componentes del nuevo Sistema Nacional de Innovación Agropecuari, SNIA, la falta de articulación entre la planeación regional y la realidad subsectorial y la poca claridad del régimen sancionatorio, entre otros, todos ellos puestos en conocimiento del Gobierno Nacional para su evaluación.     El dirigente gremial agregó que “en conclusión, creemos que este proyecto de ley, sin duda, necesita una nueva mirada que no desconozca el funcionamiento actual de actividades productivas que ya cuentan con asistencia técnica y con un sistema de extensión especializado, que hoy brinda capacitación a los cultivadores y productores según sus énfasis, pero que además tenga en cuenta que el agro requiere mayores recursos de inversión, que no solo complementen las acciones que algunos sectores vienen adelantando con la parafiscalidad, sino que amplíen la cobertura a otros ramos de la producción agrícola que carecen actualmente de este servicio”. (Lea: Uso de facultades especiales para paz debe ser justificado: Corte)