A la fecha Colombia tiene una Frontera Agrícola de 39.239.481 hectáreas que corresponden al 34,4 % del área del territorio nacional continental que comprende 114 millones de hectáreas, según lo expuesto por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra).

La frontera agrícola es el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley.

Así mismo, Colombia posee más de 60 millones de hectáreas de bosques naturales lo que corresponde al 53 % del territorio nacional continental. (Lea: Promueven alianza para la Cero Deforestación de bosques tropicales en Colombia) 

Ante el Comité de Implementación de la Sentencia de Amazonia, el director de la Upra, Felipe Fonseca Fino, presentó la definición de la Frontera Agrícola Nacional, como parte del proceso de difusión que responde a las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC4360, que dicta que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la UPRA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, implementar un Plan de Difusión de la Resolución 0261 de 2018 que define la Frontera Agrícola Nacional, con especial prioridad en las regiones más afectadas por la deforestación.

Manifestó que “la Frontera Agrícola es base de planificación del ordenamiento territorial agropecuario y el uso eficiente del suelo rural productivo, además contribuye a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental, como la Amazonía”.

El funcionario señaló las exclusiones legales para actividades agrícolas, pecuarias y forestales entre las que están los páramos, parques nacionales naturales, parques regionales, parques arqueológicos, reservas forestales protectoras y zonas tipo A de las zonas de reserva forestal de Ley 2 de 1959, zonas de preservación y exclusiones locales entre otras.

La frontera agrícola nacional en los departamentos que conforman la Amazonía colombiana tiene un área de 2.869.000 hectáreas que corresponden al 7 % de la región y unas exclusiones legales de 14,9 millones de hectáreas que son el 37 % de la Amazonía.

Al revisar la frontera agrícola de los departamentos que conforman la Amazonía se observa que Amazonas tiene 126.592 hectáreas aptas para el desarrollo de proyectos productivos, mientras que en bosques naturales y áreas no agropecuarias tiene 7.961.758 hectáreas que representan el 73 % del territorio del departamento. (Lea: Ganaderos se comprometen con la meta nacional de cero deforestación de bosques naturales)

Para el Caquetá la frontera agrícola corresponde a 1.481.010 hectáreas, es decir, el 16,5 %; los bosques naturales y áreas no agropecuarias suman 1.812.894 hectáreas, y las exclusiones legales 5.713.919 hectáreas que corresponden al 63,4 % del territorio.

En Guainía los bosques naturales y áreas no agropecuarias contabilizan 5.192.244 hectáreas que equivalen al 72,7 %, mientras que la frontera agrícola son 382.989 hectáreas.

En Putumayo la mayor extensión corresponde a bosques naturales y áreas no agropecuarias con el 60,1 %, equivalentes a 1.552.323 hectáreas.

Vaupés, entre tanto, tiene en bosques naturales y áreas no agropecuarias 4.111.734 hectáreas que representan el 77 % del departamento, mientras que en exclusiones legales tiene 1.166.046 hectáreas y de frontera agrícola sólo 65.398 hectáreas.

Con estas cifras se quiere mostrar la importancia que tienen los bosques naturales, áreas no agropecuarias y las zonas de exclusión legal en estos departamentos. (Lea: Así avanza el proyecto ‘Corazón de la Amazonía’)

Así mismo, Fonseca Fino, indicó que dentro de los objetivos de la definición de la frontera agrícola están el de contribuir a la formulación y focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural; promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias; y, contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental.