Las regiones más afectadas son Meta, Tolima, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, La Mojana, bajo Sinú, Casanare, Arauca y Huila. El plato del almuerzo y la comida de los colombianos se verían seriamente afectados si el sector arrocero quiebra. Y es que de cada 10 comensales 8 siempre piden arroz en su plato. Para algunos un almuerzo sin arroz, no es almuerzo. (Lea: Situación de los arroceros del Meta sigue crítica) Según Roberto Botero, representante de los Distritos de Riego del Tolima y Dignidad Arrocera en el Consejo Nacional del Arroz, diagnosticar la problemática del sector arrocero es relativamente sencilla y fácil. Lo difícil y complicado hoy en día es encontrar las soluciones, cuando sus principales eslabones caminan en direcciones que no se encuentran. El dirigente asegura que a la industria parece no importarle el proveedor de la materia prima, el agricultor; el Ministerio de Agricultura y la Industria aprueban importaciones de arroz y el productor se encuentra supeditado a las determinaciones de ambos, las cuales en su mayoría son lesivas a sus intereses. A juicio de Botero, las importaciones son una pésima señal para la producción primaria y junto al contrabando, se pueden convertir en una de las peores amenazas para la sostenibilidad del sector. Piensa que el colombiano va a terminar consumiendo arroz extranjero y por lo tanto lo tendrá que pagar más caro si no se le pone freno a las importaciones. (Lea: 5 problemas que tienen en dificultades a los arroceros de Casanare) Recuerda que a partir del año 2022 puede entrar arroz sin límites desde Perú, después del 2026 desde Ecuador y posterior al 2029 de EE.UU., lo que se traduce en que vamos a reemplazar la producción de nuestros agricultores por arroz importado, vamos a acabar con el empleo rural en los 217 municipios productores del grano y eso no es justo ni se puede aceptar. Pone como ejemplo que este año terminaría ingresando a nuestro país 235 mil toneladas de arroz blanco por cuenta de los tratados internacionales con EE.UU. y la CAN, que corresponde a la producción interna de 80 mil hectáreas o a un mes y medio de consumo nacional. Botero solicita al gobierno del presidente Duque políticas claras y estables en materia de comercialización y control al precio de las cosechas, no solo de arroz sino de todos los productos agropecuarios. Temas coyunturales como el del precio, que a unos pocos no les gusta que se hable de ello, no se pueden ignorar al momento de efectuar un análisis de la competitividad porque es la esencia de nuestro trabajo. Comenta que la carencia de unas políticas claras de comercialización del arroz paddy verde obtenido por el agricultor, es uno de los grandes escollos a superar en el corto plazo, ya que no se puede seguir perdiendo dinero por culpa de unos pésimos precios que está pagando la industria a sus productores, los cuales generan ingresos muy por debajo de los costos de producción, pues de lo contrario estos irán desapareciendo cosecha tras cosecha ya que su actividad deja de ser rentable. (Lea: Nuevos recursos para arroceros del Huila) Según Dignidad Arrocera, hoy en día el negocio del agricultor arrocero es muy incierto en su rentabilidad, puesto que desconoce a cómo le van a comprar su producto, su forma de pago y cuál va a ser su productividad, de lo que sí está seguro es que sembró y la gran mayoría saben a quién le tienen que entregar (más no vender) su cosecha. Asevera que más o menos desde el año 1994, la industria nacional arrocera suplió a la banca y empezó a financiar al productor, adueñándose anticipadamente de su producto, lo cual generó un total sometimiento con los procesadores del cereal y un nulo poder de negociación. Plantea que el sector primario requiere con urgencia de un paquete de medidas alcanzables a mediano y largo plazo, mediante el diseño de un plan de acción que haga de este importante sector de la economía agrícola plana de Colombia, un sector próspero y competitivo en el tiempo y que recupere la confianza del productor que es un asunto bien importante. (Lea: Productores de arroz también están en crisis por altas importaciones) Finalmente dice que, para medir la competitividad de un productor agropecuario, se requiere de una buena productividad, unos bajos costos de producción y unos precios de venta de su producto justos, remunerativos y que compensen el esfuerzo del agricultor.