El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) expidió la resolución que amplía sus facultades de inspección y sanción sobre gremios agropecuarios. Para expertos y políticos, es una extralimitación de funciones que amenaza la libertad de asociación e iría en contravía de los principios de la Constitución.

La Resolución 000052 de 2025 del Minagricultura otorga al Gobierno mayores facultades para realizar inspección, vigilancia y control sobre asociaciones campesinas y gremios agropecuarios nacionales.

La medida ha causado polémica en el sector, pues varios líderes gremiales y políticos advierten que podría vulnerar la independencia de estas organizaciones. (Lea en CONtexto ganadero: Los reclamos de los gremios agropecuarios al gobierno en Expomalocas 2025)

La resolución permite al Ministerio solicitar documentación financiera, realizar auditorías, desplegar acciones de prevención y hasta imponer sanciones que incluyen la remoción de administradores y la suspensión de la personería jurídica de las asociaciones por hasta seis meses. En casos extremos, el Gobierno podría designar a un administrador temporal e incluso cancelar la personería jurídica de la entidad afectada.

Reacciones del gremio

El anuncio ha generado una fuerte oposición entre distintos actores del sector agropecuario y político. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, calificó la resolución como una amenaza directa a la independencia de los gremios y cuestionó la intención del Gobierno al otorgarse tales facultades.

Según la congresista, la normativa constituye un intento de amedrantamiento hacia las organizaciones que no comparten la línea política oficialista, aludiendo a posibles retaliaciones tras la derrota del candidato presidencial del Gobierno en la Federación Nacional de Cafeteros.

“MinAgricultura podrá imponer multas diarias a los gremios de casi $1 millón y sancionar a sus representantes legales con la remoción del cargo y multas de hasta 300 salarios mínimos”, afirmó la senadora. “El Gobierno pretende silenciar a los gremios. Quien se oponga a la agenda del Gobierno podrá ser removido y multado hasta quebrarlo”, agregó la senadora.

Vea su publicación en este enlace.

¿El Gobierno pretende amedrentar a los gremios del agro?

1.MinAgricultura publicó la Resolución 52 de 2025 reglamentando las funciones inspección, vigilancia y control de los gremios del sector agropecuario.

MinAgricultura podrá requerir todos los documentos financieros de los… pic.twitter.com/4fjfBaJowj

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 27, 2025

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) se sumó a las críticas y advirtió que la resolución desborda las competencias del Ejecutivo, transgrediendo el principio de separación de poderes establecido en el artículo 113 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con la SAC, el Ministerio está invadiendo terrenos que solo pueden ser legislados por el Congreso, lo que podría derivar en un conflicto de competencias y vulnerar la seguridad jurídica de los gremios.

Por su parte, el exministro de Agricultura y expresidente de Fenavi, Andrés Valencia, manifestó su preocupación al señalar que la medida busca centralizar el control de los recursos parafiscales, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de los gremios.

Valencia expresó que “el Gobierno está dando un paso peligroso hacia la intervención directa de las organizaciones agropecuarias, lo que podría significar un atentado contra su autonomía”.

El Consejo Gremial se suma al rechazo

El Consejo Gremial Nacional y sus 33 gremios afiliados también se pronunciaron en contra de la Resolución 52 de 2025, calificándola como una “grave extralimitación de funciones” que amenaza directamente la libertad de asociación y la autonomía gremial, principios fundamentales en un Estado democrático.

En su pronunciamiento, el Consejo Gremial Nacional expuso: “La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 38 y 29, consagra el derechos de los ciudadanos a asociarse libremente sin injerencias debidas del Estado. Esta norma desconoce dicho mandato y abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre entidades privadas, otorgando al Gobierno la facultad de controlar y solicitar información financiera de gremios independientes, remover administradores y representantes legales de las asociaciones, interpretar los estatutos gremiales según su conveniencia e intervenir en las asambleas sin justificación alguna”.

El Consejo considera que esta resolución hace parte de un patrón preocupante de hostigamiento y restricciones hacia la labor gremial, y hace un llamado al respeto por la institucionalidad, la libre empresa y el derecho a representar los intereses del sector productivo sin presiones ni interferencias.

Además, exigió al Gobierno reconsiderar estas medidas y garantizar el respeto a la libertad de asociación como piedra angular de la democracia y el desarrollo económico del país.

El Gobierno Nacional no puede vulnerar la libertad de asociación ni la autonomía gremial @MinAgricultura pic.twitter.com/DAbTOXOmjF

— Consejo Gremial (@ConsejoGremial) March 27, 2025

El papel del Estado

Aunque la inspección y vigilancia son herramientas legales para garantizar la transparencia en las organizaciones gremiales, los expertos coinciden que el alcance de la nueva resolución es excesivo y podría abrir la puerta a abusos de poder.

Para muchos productores, la preocupación radica en que esta medida afecta la autonomía organizacional y conduzca a un manejo político de los gremios. La posibilidad de intervenciones administrativas y sanciones económicas genera el temor de que se imponga una agenda gubernamental en detrimento de la libre asociación y representación de los intereses del sector agropecuario. (Lea en CONtexto ganadero: Fuertes cuestionamientos hacen los ganaderos a las políticas de tierra y paz del gobierno)

Finalmente, la senadora Valencia anunció que interpondrá una demanda contra la resolución, argumentando que constituye una declaratoria de guerra contra los gremios agrícolas.