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De cualquier forma, los unos y los otros buscan lo mismo: subvertir la institucionalidad y castrar la democracia, porque la izquierda radical añora el caos, como vehículo para llegar al poder y nunca soltarlo.
Para lo único que realmente sirvió el falso proceso de paz del tartufo fue para “sacar del clóset” a todos los mamertos soterrados que desprecian el orden constitucional y legal, y que, además, extrañan con nostalgia un modelo político, social y económico fracasado en todo el mundo.
Afortunadamente, ya sabemos quiénes son los enemigos de la República, entre los que se encuentran políticos, periodistas, supuestos líderes sociales, opinadores, operadores judiciales y tantos otros apátridas de abyecta condición. No en vano les han resultado tantos “defensores de oficio” a la guerrilla y a aquellos que, desde una civilidad de mentiras, realizan actos deleznables e ingentes esfuerzos para que el país se desmadre y se vaya al abismo.
Los recientes actos terroristas, protagonizados por “universitarios” en la ciudad de Bogotá, son sencillamente inaceptables y demandan toda la contundencia de la Fuerza Pública, de la Fiscalía General y de los jueces competentes. Hay que imponer la autoridad en su máxima expresión y, de ser necesario, acceder a las propias universalidades a poner orden como es debido. En un Estado de Derecho, no puede haber lugares vedados para la ley ni para las autoridades de la República; en consecuencia, hay que perseguir a estos criminales hasta sus propias madrigueras, que, en muchos casos, son los mismos salones de clase en los que se mimetizan, como si de ciudadanos de bien se tratara.
La candidez es la prima hermana de la estupidez: pensar que esa bola de malhechores que destrozan todo lo que a su paso encuentran están ejerciendo el “derecho a la protesta social” es una imbecilidad del tamaño de un castillo medieval. Me resulta repugnante que un sector de la prensa parta de esa premisa falsa, para justificar lo que a todas luces es indefensable.
¡No, señores, no es ninguna protesta social; se trata de terrorismo urbano, auspiciado y promovido por las Farc y el ELN! ¡Ni tampoco son monjas de la caridad; son militantes adoctrinados! Eso se llama, por si no lo sabían, combinación de todas las formas de lucha, mecanismo en el que la izquierda radical tiene sobrada experiencia.
Basta leer un trino de Gustavo Petro, para entender a qué juega esta plaga de la mamertera: “No rechazo el vandalismo de los estudiantes por una razón: el vandalismo es de quienes se robaron el dinero de la universidad y segundo de miembros de la fuerza pública que infiltran para que usted piense que el vandalismo es de los estudiantes”.
La anterior afirmación no solo retrata a Petro en su perfecta dimensión, sino que también es la prueba fehaciente de que la izquierda radical promueve, impulsa, justifica y estimula el odio y la violencia porque sabe muy bien que, si divide y polariza, acortará el camino que los conduce a sus oscuras ambiciones.
Desde esta tribuna le envío mi voz de aliento a los miembros del ESMAD, funcionarios ejemplares y comprometidos con la Patria. Si algo está claro en esta vida, es que un guerrero de la República será vilipendiado por aquellos que buscan acabarla. Sigan firmes haciendo su trabajo; somos muchos los que valoramos eso.
Marchas pacíficas SÍ; ataques terroristas NO.
La ñapa I: La antítesis de la coherencia son los “zurdos”: atacar al ICETEX resulta cuando menos exótico. Se me acaba de ocurrir esto: ¿no será que el presunto ataque al ICETEX tiene que ver con un presunto interés por eliminar los créditos vigentes?
La ñapa II: Vuelvo con la coherencia: la izquierda defiende a los vándalos terroristas, pero lincha mediáticamente al representante Álvaro Hernán Prada, por proponer una reforma constitucional: ¡háganme el favor! Por lo visto, esas ternuras tampoco conocen la consecuencia.
La ñapa III: A propósito de la propuesta de Prada: sería maravilloso que, por la vía del referendo, se pudieran tumbar las “sentencias” de la Corte Constitucional, por dos razones: la primera, el constituyente primario es el pueblo; la segunda, la Corte Constitucional hace rato dejo de ser un tribunal de justicia, para convertirse en un directorio político de izquierda, y, por ello, carece de legitimidad para impartir justicia.
Abelardo De La Espriella: Es Abogado, Doctor Honoris Causa en Derecho, Máster en Derecho, Especialista en Derecho Penal y Especialista en Derecho Administrativo. En 2002 fundó la firma, DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados, de la que es su Director General. Es árbitro de la lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido apoderado de los procesos jurídicos más importante de la última década. [email protected]