/?w=256&q=100)
Los primeros en gesticular y rasgarse hipócritamente las vestiduras fueron el santismo y El Espectador. Ese sector estima que el voto afirmativo dado hace 2 días por senadores del Centro Democrático, incluido el expresidente Álvaro Uribe, al proyecto de ley que permite crear “zonas de concentración” para los guerrilleros de las Farc es “sorprendente” y puede ser aprovechado para dividir al mayor partido de oposición, precisamente en momentos en que Santos y las Farc se ven obligados a aplazar la firma de sus pactos secretos ante el caos que ellos han creado en el país.
Es pues evidente una cosa: la falsa y pérfida tormenta en un vaso de agua que Santos trata de desatar terminará por volverse contra él.
Algunas voces del CD, cosa increíble, criticaron ese voto. Es lo que quería el Gobierno, el cual hizo la doble maniobra de saludar la actitud de la bancada parlamentaria del CD mientras instigaba a las plañideras profesionales para ver cómo confundían más a la opinión. Empero, en ese voto no hay nada incorrecto. No hay traición a ningún principio, ni a un programa, ni a ninguna línea política. Ese voto no fue un aval al proceso de paz de Santos. Ni total ni parcial. No es un respaldo a la idea loca del “cese al fuego bilateral”. No es un apoyo a los dispositivos de propaganda armada que Santos les autoriza ahora a las Farc en ciertos puntos del territorio nacional. Por el contrario, todo lo que contribuya a darle sostén legal a la concentración y vigilancia estrecha de las huestes armadas de las Farc, para que éstas, como dijo Álvaro Uribe, “no delincan más”, es bueno para Colombia. Ese tema de la necesaria concentración geográfica en puntos precisos del país de las bandas narcoterroristas en condiciones estrictas hace parte de la línea política habitual del CD. Salvo para los que no leyeron el “decálogo para la paz” del CD, documento firmado el 6 de mayo de 2013. Este texto dice que “El cese del terrorismo (…) deberá ser garantizado por la concentración de los grupos terroristas en zonas previamente delimitadas, con mecanismos que permitan hacer verificable la cesación de sus actividades criminales”. E insiste en que “La fuerza pública debe seguir operando en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”. ¿Por qué los que ven en ese voto una manera de “hacerle el juego a Santos” no se opusieron hace 3 años al decálogo?
No se puede olvidar que las Farc rechazan esa idea de las zonas de “localización” como dicen algunos. Si Santos, ante las dificultades que tiene ante la opinión pública, que ve en sus operaciones secretas en La Habana un motivo de exasperación, se ve forzado a impulsar una ley que permita la creación de esas zonas especiales, ¿por qué el CD tendría que ayudarle a las Farc bloqueando todo avance legislativo en ese sentido?
No se puede entender el error que comete el procurador Alejandro Ordoñez al sugerir que esa ley “pone en manos de responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra a las víctimas, los campesinos, trabajadores, indígenas, afrodescendientes y en general a las personas que viven en dichas regiones”. Asombroso dislate de un funcionario conocido por el carácter escrupuloso en sus razonamientos jurídicos. Esa frase suya es, sin embargo, una apreciación equivocada de la ley aprobada, la cual no autoriza, ni en forma explícita, ni en forma tácita, en esas zonas de concentración, la entrega y/o abandono de la población nacional a los bandoleros de las Farc. A menos de que una cláusula de esa ley pueda haber creado esa posibilidad. ¿Pero dónde está esa cláusula?
Las zonas de concentración votadas no son, ni de lejos, las “zonas de reserva campesina” que piden las Farc. No son ni hay que dejar que lo sean. Otro interrogante que circula: ¿aprobar esa ley es aprobar las negociaciones de La Habana? Yo diría no. La parte no es el todo y hay partes que contradicen el todo. Las Farc buscan, con su operación en La Habana, salir sin castigo de 50 años de violencia y salvajadas contra Colombia. Quieren salir de esos diálogos con las armas en la mano o a su disposición en alguna parte. Quieren salir a hacer política, con recursos, prensa, televisión y locales pagados con los impuestos, y salir a hacer de Colombia un inmenso teatro de sus actos de “pedagogía” totalitaria. Quieren subvertir las instituciones antes y durante su astuta toma del poder. Quieren imponerle desde ya un “control obrero y campesino” a toda la industria y a toda la producción nacional, pública y privada. Quieren ver a los comunistas “organizando a la población para tomarse el poder”, como dicen en una carta del 5 de marzo pasado en donde critican a Santos por haberlos llamado “mamertos”, y amenazan: “Ya veremos quién gana”. Esas son las ambiciones de las Farc. Concentrar a esos fanáticos, cuyo logiciel mental es el estalinismo de los años 50, en zonas delimitadas, con vigilancia nacional e internacional, con censos estrictos de los guerrilleros, de sus armas, de sus recursos, va contra esos planes.
La ley aprobada tendrá que ser reglamentada. Allí deberán quedar plasmados los mecanismos centrales que evitarán que esas zonas sean convertidas por las Farc en “territorios de paz” es decir en bastiones para proyectar sus ofensivas. Eso será el resultado del debate parlamentario. ¿Por qué algunos quieren que el CD se margine de esta temática? ¿Para que en el momento decisivo de la reglamentación sus puntos de vista no puedan ser formulados?