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Hoy se cumple el segundo aniversario del atentado que sufrió en el norte de Bogotá Fernando Londoño Hoyos, a manos de las Farc. El ex ministro y periodista fue gravemente herido. Rosemberg Burbano y Ricardo Rodríguez, sus dos leales guarda-espaldas, perecieron. Cerca de 40 personas quedaron heridas por el estallido de la bomba magnética. Horas antes, un carro repleto de explosivos, que terroristas habían preparado para causar gran número de muertos, había sido desactivado por la Policía en el sur de la capital.
La coyuntura era letal y cargada de malos presagios. Alentadas por la política de negociación del presidente Santos, las Farc estaban dispuestas a marcar con sangre la nueva etapa que el poder les había abierto con ayuda de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Para eso planearon deshacerse de uno de sus más formidables críticos, el exministro Fernando Londoño, y ensangrentar la capital para “recuperar su influencia”, como reveló en esas horas aciagas el comandante de la Policía de Bogotá.
Pocos días después, las Farc intentaron segar también la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien iba a tomar la palabra ante 500 personas en el teatro Gran Rex de Buenos Aires. La víspera del acto, los servicios argentinos encontraron y desactivaron dos bombas que habrían podido causar una tragedia: una era en pólvora negra y otra, aún más letal, en trotyl. Como el exjefe de Estado colombiano no se dejó intimidar y pronunció su conferencia, tres grupos de agitadores se apostaron cerca del edificio para insultarlo. Entre esa gente hubo agitadores de la “marcha patriótica”, banda comunista que dirigen Piedad Córdoba e Iván Cepeda, y algunos miembros de las “Madres de la Plaza de Mayo”. La bomba que contenía trotyl fue robada horas después por desconocidos y el juez Oyarbide, investigador del atentado, protestó públicamente por eso. (Columna: Justicia correcta)
En Bogotá, el mismo 15 de mayo, mientras Fernando Londoño se debatía entre la vida y la muerte en una clínica, los parlamentarios santistas aprobaron a rajatabla el llamado “marco jurídico para la paz”, adefesio combatido por Londoño y por el uribismo pues había sido diseñado para concederle impunidad a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los jefes de las Farc y abrirles la puerta de la participación en política.
Lo más siniestro fue que tras el cruel atentado, el mandatario JM Santos, a pesar de los indicios que le había presentado la Policía, descartó que eso hubiera podido ser la obra de las Farc y sugirió que la bomba venía de un grupo de “extrema derecha” que él calificó de “tiburones”. Dos semanas atrás, Santos se había ridiculizado al tratar de disculpar a las Farc al sostener que el periodista Romeo Langlois estaba “perdido en la selva de Caquetá”, cuando los militares colombianos, y hasta el Gobierno francés, sabían ya que había sido herido y secuestrado por las Farc.
Ese desvarío, que consiste en calumniar a sus adversarios con el remoquete de “extrema derecha” y atribuirles todo tipo de acciones ilegales, se acentuó desde entonces. El violento y absurdo episodio sufrido hace unos días por el twittero Andrés Sepúlveda Ardila y su familia, muestra que esa tendencia se agrava en la fase final de la campaña electoral.
La complicada investigación del atentado del 15 de mayo que emprendieron la Dijín y el Gaula de la Policía, fue relativamente exitosa pues logró descubrir el papel que jugaron en ese asunto cinco personas. Empero, la justicia no ha logrado saber de dónde salieron los mil millones de pesos utilizados en ese crimen y dice no conocer los nombres de quienes lo ordenaron.
El 30 de abril de 2014, Ulises Castellanos Beltrán, alias Apu, fue condenado a 30 años de prisión. Según el expediente, el había recibido la bomba fabricada por una central de sicarios de Cali, participado en los seguimientos del vehículo del ex ministro durante dos semanas, e ingeniado la instalación de la bomba. El 14 de marzo de 2013, otro juez de Bogotá había condenado a sólo siete años de detención al menor que instaló la bomba en la camioneta de Londoño. Según la prensa, ese individuo, miembro de la banda, se disfrazó con una peluca y una bata blanca para cometer su crimen y escapar. El 26 de febrero de 2013, la Fiscalía anunció que otro miembro de la banda en cuestión, Nelson Eduardo Aguirre, preso en La Picota, pagará diez años y medio de prisión por “concierto para delinquir y uso de menores de edad para cometer crímenes”, pero no por los delitos de homicidio y terrorismo.
El sospechoso mayor de ese tinglado, el cerebro quizás del plan asesino, era un tal Diego Fernando Tabares Marín, alias Lucho, alias Andrés. Ese hombre, posible eslabón clave de la trama, que podía testimoniar sobre los vínculos entre alias Timochenko y el secretariado de las Farc con el crimen del 15 de mayo de 2012, fue abatido en combate por la Fuerza Pública a mediados de diciembre de 2014, en el Cauca. Durante meses el fue mostrado por los medios como un delincuente común y prófugo de la justicia desde 2009. Empero, Tabares era un elemento clave del sexto frente de las Farc: el había construido una banda que secuestraba civiles y policías y hacía aparecer eso como actos de delincuentes comunes sin orientación política. Quizás por ello fue encargado de darle una apariencia de grupo sicarial al atentado contra el exministro Fernando Londoño, para desviar la investigación hacia un agujero negro.
Desde el comienzo, los investigadores, entre ellos la nueva Agencia de Inteligencia (exDas), se inclinaron por la tesis de que el “bloque oriental” de las Farc había organizado el atentado. Dos frentes, el 21 y el 27 produjeron llamadas donde el asunto fue mencionado. La prensa recordó que “el paisa”, jefe de la “Teófilo Forero”, había “formulado al menos diez amenazas directas contra Londoño”, dijo El Tiempo. Ese diario recordó que las Farc habían utilizado el sistema de la bomba adhesiva en el pasado, que en Nariño así habían destrozado un blindado. (Lea: Hace un año atentaron contra la vida de Fernando Londoño Hoyos)
Otros elementos de la investigación se perdieron en la bruma. ¿Qué produjo la cooperación de los Estados Unidos, Israel y España? Nunca se supo nada. ¿Por qué Radio Súper, donde Fernando Londoño dirige el programa La Hora de la Verdad, estaba sin protección policial el día del atentado? El periodista William Calderón informó el 17 de mayo de 2012 que Juan Carlos Pava Camelo, gerente de la emisora, había solicitado al ministro del Interior y de Vivienda, Germán Vargas Lleras, la debida protección” sin obtenerla.