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La extensión del IVA a los productos de la canasta familiar mejora la equidad en la redistribución del ingreso. Es técnicamente lo apropiado para corregir una distorsión importante de nuestra estructura tributaria. Es, además, una medida que ayuda a solventar un grave problema fiscal heredado de la anterior administración, que se caracterizó por un enorme derroche. Pero incluir el IVA para los bienes básicos es una pesadilla política. A pesar del esfuerzo del gobierno por explicar que los estratos más bajos recibirán una devolución del tributo pagado, la oposición a la idea crece como espuma. Tampoco ha tenido efecto anunciar que la devolución será otorgada por anticipado para evitar que los de menores ingresos tengan que asumir primero el costo de impuesto. No ha sido útil recordar que la exención del IVA beneficia a los más ricos, pues ellos, que tienen mayor capacidad de gasto, terminan comprando los productos sin impuesto cuando deberían estar pagando el tributo.
En el fondo, lo que sucede es que la mentalidad del subsidio ha calado hondo en nuestra sociedad. La gente prefiere las cosas gratis, pero, además, las quiere sin costo. Nadie acepta pagar por el servicio de salud porque la ‘salud es un derecho’. También queremos educación pública gratuita, al igual que la vivienda, servicios públicos subsidiados, carreteras sin peaje y gasolina sin impuestos. Exigimos que los créditos de Icetex sean a tasa cero y que los insumos para el sector agropecuario tengan precios preferenciales. A fuerza de validar, desde la derecha, los discursos populistas, la ciudadanía ha terminado por creer que los bienes y servicios que provee el Estado pueden ser de balde.
Es inútil explicar a la opinión pública que el Sisbén, las tarifas subsidiadas de los servicios públicos, la escolaridad gratuita, la seguridad, el servicio de justicia, y tantos otros beneficios, deben ser financiados con impuestos, entre los cuales el IVA es muy importante. El ciudadano siente que recibe muy poco del Estado y, por lo tanto, no está dispuesto a pagar ni un peso más. Como el Estado es en la realidad tan ineficiente y corrupto, la salida fácil es la de invocar ‘que paguen los ricos’ o ‘’que persigan a los evasores’. Pues, resulta que en Colombia los ricos son los únicos que pagan impuestos. Se dice que 12.000 ricos han devuelto sus pasaportes en los últimos años, aburridos de pagar impuestos cada vez más elevados. Irónicamente, el desmonte de la exención del IVA es para que los ricos paguen más, pero la izquierda se opone a que se implemente esta medida.
La otra salida consiste en desmontar el tamaño del Estado, ya que no tenemos, y no queremos, financiar su costo. Habrá siempre alguien que recuerde que el Estado colombiano es comparativamente pequeño y que solo con un mayor nivel de gasto público tendremos paz y justicia social. Bajar el gasto implica privatizar activos y servicios públicos, algo que no queremos visionar porque implica favorecer a los ricos. Tampoco queremos introducir indicadores de gestión en el sector público para incrementar su eficiencia y transparencia.
Hay que recuperar el discurso económico. Basta ver las protestas estudiantiles para entender que los colombianos, los de ayer, hoy y mañana, creen, de forma ingenua, que las cosas pueden ser gratis y, además, sin costo. Portafolio, 13 de noviembre de 2018